En agosto de este año, 44 familias sobrevivientes del conflicto armado denunciaron internacionalmente al Estado de Guatemala, no solo por todas las violaciones contra los derechos humanos cometidas en la época de represión en el país, sino porque a 25 años de la Firma de la Paz, las autoridades se niegan a cumplir con los compromisos adquiridos con quienes sobrevivieron a las masacres cometidas.

Kimberly López / laCuerda

Dolores Ventura se identifica como cristiana, reconoce que cree en un dios. A ese dios ella le pide, constantemente, una sola cosa: despertar un día sin ganas de exigir justicia por la vida de su abuelo, su papá, su hermano y sus tíos. Todos, desaparecidos durante el conflicto armado interno.

Hasta la década de los años 80, Dolores vivió en Quiché, en una de las aldeas más alejadas del departamento. Vivía en condiciones humildes, relata, pero con mucha paz. Fue durante el régimen de Efraín Ríos Montt cuando la tranquilidad en la que vivía ella, su familia y cientos de comunidades indígenas fue interrumpida. Se esfumó..

Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, después de 36 años, la guerra en Guatemala dejó un saldo de más de 200 mil víctimas y más de 45 mil personas desaparecidas. Entre ellas, alrededor de 5 mil niñas y niños. Además, 9 de cada 10 muertes y atrocidades fueron ejecutadas por el Ejército.

Entre 1980 y 1983, Dolores y su familia tuvieron que salir de su casa. Dejaron sus pertenencias y los animales que criaban. La vida se convirtió en un constante huir. “Cuando venían los aviones a bombardearnos teníamos que escondernos en otros cantones, por la gracia de Dios nos recibían con comida, después nos teníamos que mover a otro cantón y así vivimos por mucho tiempo”, cuenta Dolores.

El Ejército, dice, no solamente desapareció a la mayoría de hombres de su familia sino que torturó a su mamá, junto a decenas de personas, en la Plaza de Chichicastenango.

“A ella la agarraron, la torturaron por horas, la querían violar pero no lo hicieron porque estaba criando a mi hermanito”, recuerda.

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En el país los registros de víctimas del conflicto evidencian que las mujeres lo fueron en dos vías: estuvieron sometidas a violencia y esclavitud sexual y al dolor de perder a sus padres, esposos e hijos, asesinados y desaparecidos en manos de las fuerzas estatales.

En términos generales, detallan los datos de la Comisión, un 25 % de las personas víctimas de las masacres cometidas fueron mujeres y un 75% hombres. Asimismo, se registró un 12% de mujeres víctimas de desapariciones forzadas frente a un 88% de hombres.

Y en los casos de violaciones sexuales registrados, el 89% de víctimas fueron mujeres pertenecientes a pueblos mayas.

Por ese motivo, 30 de las 44 familias que lideran una denuncia internacional contra Guatemala están lideradas por mujeres.

“Siempre somos las mujeres las que destacamos en estos grupos porque perdimos esposos, padres o hijos”, dice Juana Tipaz, una mujer de 54 años, originaria de Chinique, en el departamento de Quiché.

Juana, por ejemplo, no volvió a saber nada de su primer esposo. Aún espera poder encontrar al menos el lugar en donde el Ejército enterró sus restos.

Tocando puertas internacionales

Juana y Dolores son parte de las 44 familias que el 17 de agosto, junto al Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit, presentaron una denuncia en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra el Estado de Guatemala. La causa de la denuncia son las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas contra 10 comunidades de Quiché y Chimaltenango durante el conflicto armado, así como el incumplimiento de las autoridades para resarcir a las familias sobrevivientes.

Todas las familias que conforman dicha iniciativa, sin excepción, son sobrevivientes de actos de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado y persecución política.

“La demanda no es solo para exigir la reparación, también es por la necesidad de justicia. Es una acción que tomamos por la negativa del Estado de Guatemala a responder ante los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto, también porque en vez de dar cumplimiento a sus acuerdos, el gobierno está destruyendo las entidades e instituciones creadas para hacerlos cumplir”, explica Miguel Itzep, uno de los líderes del Movimiento.

Itzep se refiere a una serie de acciones emprendidas por el gobierno en los últimos años, que van en contra del propósito de garantizar justicia para las familias afectadas por los crímenes del Ejército.

Por ejemplo, el cierre de la Secretaría de la Paz (Sepaz), anunciado durante la gestión de Alejandro Giammattei. Esta institución es la que tenía a su cargo la ejecución del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado con el fin de reparar e indemnizar a las miles de personas afectadas por la guerra interna.

El proceso de debilitamiento del PNR comenzó con una reducción paulatina del presupuesto y posteriormente, tras el cierre de la Sepaz, todos los expedientes fueron trasladados al Ministerio de Desarrollo (Mides).

“El traslado del PNR a una institución meramente de desarrollo, un ministerio ordinario que no tiene nada que ver con el tema de reparación, es un retroceso en el avance hacia la justicia. El tema de reparación o derechos de las víctimas es por violaciones a derechos humanos, no por una situación de pobreza o pobreza extrema. Esa es la base fundamental de la denuncia porque el gobierno está cerrando las posibilidades en tema de justicia y reparación a las víctimas”, amplía Itzep.

Es decir, el Estado de Guatemala lejos de avanzar en el cumplimiento de sus compromisos ha retrocedido. Y esa es la preocupación de las familias que emprenden esta denuncia.

Por supuesto, no son solamente esas 44 familias las afectadas por el incumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo, emprender un proceso legal de este tipo requiere un proceso de documentación que hace necesario agrupar los casos en grupos más pequeños.

“Estamos claros que cuando una corte internacional ha dictaminado una sentencia contra el Estado, éstas no son cumplidas por el gobierno. No es un camino fácil ni corto, pero es necesario seguir sosteniendo la demanda de la verdad, justicia y reparación para la no repetición del pasado. Eso es lo que estamos planteando”, concluye Itzep.

El resarcimiento y la justicia para lograr paz

Para Dolores no es fácil contar de nuevo la historia de su familia. De cómo poco a poco los hombres fueron desapareciendo ante la tristeza de las mujeres. En plena guerra, Dolores tomó la decisión de huir de Quiché y viajar a Guatemala. Se asentó en uno de los municipios fronterizos del departamento central.

Tan duros fueron los años de conflicto que inicialmente el plan de Dolores, su esposo y sus hijos era comenzar una vida desde cero, sin pensar en las cosas horribles que tuvieron que ver o escuchar. Pero resultó imposible borrar lo sucedido.

Dolores se propuso aprender el idioma español, reemplazar su indumentaria maya por pantalones para que las personas no la llamaran “guerrillera”. Quiso comenzar de nuevo pero pudo más la necesidad de justicia y resarcimiento.

“Según nosotros era mejor dejarlo en el pasado pero ese dolor no se borra de la mente y del corazón. Mi mamá murió de enfermedad, pero hoy vamos a ver su tumba para llorarla.  En cambio no sabemos dónde están mi padre y mi hermano, todavía hay una esperanza de que tal vez lograremos saber en dónde los mataron, en dónde los tiraron”, relata.

Durante la gestión del expresidente Álvaro Colom, el gobierno quiso resarcir a las familias sobrevivientes con la entrega de lotes ubicados en Ciudad Quetzal. Sin embargo, estos terrenos no contaban con las condiciones mínimas ni servicios básicos para que pudieran instalarse.

“Uno de los compromisos que el Estado nos debe cumplir es garantizar una vivienda digna para nosotros. Pero quisieron solamente entregarnos unos lotes que no cumplen con las condiciones mínimas”, reclama Dolores.

El descontento con esa medida fue colectivo. Para quienes han reclamado durante tantos años, el resarcimiento y la justicia van más allá de eso.

Se trata, dice Dolores, de que el Estado reconozca el daño que ocasionó a las personas que tuvieron que dejar sus viviendas y huir para salvar sus vidas. Es decir, asumir acciones que puedan reparar, de cierta forma, las pérdidas materiales.

Tampoco se trata de buscar venganza, agrega Juana. “Algunos dicen que buscamos venganza pero no, solo queremos justicia y paz, queremos sentir la tranquilidad de que los responsables no estén libres, que podamos recuperar parte de todo lo que perdimos y que se reconozca lo que vivimos”, aclara.

Mientras el Estado no cumpla con lo pactado, ni Juana, ni Dolores, ni las otras 42 familias renunciarán a la lucha que les ha tomado ya más de dos décadas y que, al parecer, se extenderá por mucho tiempo más.