La falta de controles necesarios por parte de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), el permiso tácito de funcionamiento a una empresa que incumplía con los parámetros de control y  un guardia que padecía una condición psiquiátrica, le arrebataron la vida a nuestra compañera Patricia Samayoa Méndez. Luego, el sistema de justicia tuvo la oportunidad de hacer que las empresas de seguridad privada cumplieran la normativa nacional y de hacer que se implemente una serie de medidas para que nunca más un ser humano pierda la vida en manos de un agente de seguridad privada, pero eligió no hacerlo. Por omisión, por falta de comprensión o por falta de voluntad política, lo cierto es que la búsqueda de justicia y de una reparación digna en el sistema judicial guatemalteco ha fracasado. 

El caso recorrió todos los órganos jurisdiccionales, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia, y ninguna reconoció a cabalidad el derecho a la reparación integral, que es mucho más que una indemnización económica, según lo que han señalado en varias oportunidades los estándares internacionales. No se trata de que las víctimas le tengan que poner precio a la vida arrebatada o que tengan que “demostrarle al sistema cuánto gastó” porque no existe precio que pueda pagar ese dolor. Pero así han decidido entenderlo. 

Tampoco han querido entrarle de raíz a la responsabilidad de las empresas en la defensa de derechos humanos. El rol del Estado en este aspecto es supervisar que las mismas se ajusten a protocolos de cumplimiento en cuanto a derechos humanos y que cumplan las regulaciones nacionales –que a su vez debe seguir los estándares internacionales-.

Debido a ello se presentó la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la reparación digna. Un concepto de reparación que trascienda miradas obtusas y ponga en el centro la vida. El camino aún es largo, pueden pasar años hasta que el sistema internacional se pronuncie y produzca recomendaciones, o incluso una condena al Estado guatemalteco, en caso de que se eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, vale la pena la espera, si con eso se logra transformar el sistema de justicia y, además, reformular el sistema de seguridad, así como los controles y supervisión del Estado sobre las empresas de seguridad privada.