Rosario Orellana / laCuerda
¿Qué harías si sufrís un ataque con arma blanca, vas a un hospital público y te atienden luego de ocho días de permanecer en emergencias…o te acercás a un centro asistencial con fiebres altas y materia segregada por el cuerpo en rechazo a una mala cirugía reciente y no te reciben excusándose en que “no es emergencia”? ¿Qué pasaría si te llaman una y otra vez de alguna forma con la que no te identificás? ¿Te indignarías, te parecería inaudito? Pues éstas son solamente algunas de las múltiples formas de violencia que atraviesan las personas trans cuando acuden al sistema de salud en Guatemala.
De acuerdo con el estudio Violencias contra la población LGBTIQ+, elaborado y difundido por la organización Visibles en 2020, existe una alarmante ausencia de datos que visibilicen a las personas LGBTIQ+ desde su orientación sexual o identidad de género. “Se puede evidenciar en herramientas estadísticas y de medición, como en el Censo de Población realizado en el 2018…así como el Índice de Pobreza Multidimensional, los cuales tienen como finalidad generar insumos estadísticos para la elaboración de políticas públicas, así como de monitoreo y evaluación de su impacto”, cita el texto. 
Por otra parte, la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, documenta que Guatemala es uno de los países más violentos contra la comunidad. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ reportó hasta el 14 de junio de 2021, trece asesinatos en el año.
Además, Win/Gallup International (2017) posiciona al país como uno de los territorios más religiosos de América Latina (88 por ciento) provocando que las disidencias sexuales enfrenten problemáticas por su orientación sexual e identidad de género, “como consecuencia de los prejuicios relacionados con las tradiciones conservadoras y religiosas” que prevalecen en la sociedad, inclusive en las instituciones del Estado que se niegan a garantizar los derechos humanos sin discriminación.
Una solución sin respuesta
En 2009, la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN) se sumó a un consorcio de cuatro organizaciones, liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para impulsar acciones que promovieran la equidad.
Adriana Astolfy, integrante de OTRANS-RN, lideresa y activista en derechos humanos, detalla que a partir de ahí comenzó un proceso de diálogo y articulación de una mesa técnica capaz de crear la Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las personas Trans en Guatemala, a través de la que se demanda atención especializada “con un enfoque biopsicosocial para dar respuestas a otras necesidades, más allá de las infecciones de transmisión sexual”, asegura. Esta herramienta fue aprobada en noviembre de 2015, pero casi seis años más tarde, no ha tenido seguimiento para su implementación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
De acuerdo con Astolfy, el ministerio y toda la red de salud acentuaba su desconocimiento sobre temas como orientación sexual e identidad de género, universalizando los cuerpos, patologizándolos y generando discusiones desde los estigmas y prejuicios. Esto se vivió durante todo el proceso de creación de la estrategia y aunque ahora se tiene más conocimiento, aún existe falta de empatía e interés por parte de quienes prestan el servicio de salud por temas de identidades trans. “La creación del documento se dividió en tres fases. Había mucha resistencia para poder avanzar con el último borrador y tuvimos que mediar con la Procuraduría de los Derechos Humanos”, señala.
Hasta la fecha se ha trabajado solamente una mínima parte de la estrategia de comunicación para el desarrollo que consiste en capacitar, fortalecer al sistema de salud y a la población trans. La entrevistada explica también que están “en una travesía” porque el Departamento de Desarrollo y Capacitación (DECAP) del MSPAS intenta dejar fuera de los procesos a la niñez y adolescencia trans. “Como OTRANS nos preocupa mucho que les quieran desligar porque son etapas donde nuestras familias nos rechazan y nos orillan a contextos hiper vulnerables. DECAP debe contemplar todas las etapas de la vida, dándole pertinencia a todo el sistema de salud”, argumenta.
En busca de atención integral
En el informe de Monitoreos Ciudadanos a servicios de salud pública para mujeres trans 2020, realizado por OTRANS-RN, en doce centros de salud pública ubicados en Baja Verapaz, Escuintla, Izabal, Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos, para conocer el acceso a los servicios de salud hacia mujeres trans, se detectó que en la mayoría de éstos, el seguimiento que se da a personas trans se limita a la atención del Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), obviando otros servicios como enfermedad común, atención a terapia hormonal, exámenes de mamas o ayuda psicológica. De esta última, el 33 por ciento de centros consultados no brindó información “reflejando debilidad o desinterés con relación al tema”, indica el documento.
Debido a la falta de voluntad política en destinar recursos a la Estrategia de Atención Integral, OTRANS-RN ha puesto a disposición la clínica Transvivirgt, en donde se brinda asistencia médica a mujeres transexuales, transgénero y travestis. “Le hemos apuntado a tener una clínica modelo y que esta experiencia le pueda servir a futuro al Estado para poder implementarla en el sistema de salud nacional… hemos gestionado para implementar un laboratorio donde se pueda hacer exámenes generales porque nosotras reconocemos que el Estado no nos está atendiendo, no tiene la capacidad porque tiene una falta de compromiso para reconocer la interseccionalidad del ser humano”, añade Adriana.
La especialista dice que, en casos de mujeres trans adultas mayores y mujeres trans indígenas, es aún más complejo el panorama. “De los centros monitoreados, seis atienden únicamente a población mestiza, tres reportaron casos de población mestiza y maya (sin disgregar información); de los últimos, uno atiende a población maya, mestiza y garífuna; otro utilizó el término “todas las poblaciones” y el último no brindó detalles al respecto. “Sobre las mujeres de la tercera edad, desde OTRANS hemos tratado de gestionar atención en el MSPAS pero no hemos obtenido respuesta. A través de recursos que tenemos hemos contribuido de manera significativa a resarcir las necesidades de medicamentos y atención especializada”, subraya.
Salud y dignidad
Conforme a las declaraciones de Astolfy, para lograr un avance significativo en materia de derechos humanos y propiamente sobre salud en mujeres trans, se requiere asignación de recursos económicos por parte del Estado; la aprobación, cumplimiento y seguimiento de políticas públicas en favor de la comunidad trans.
“Necesitamos que el movimiento social organizado reconozca las interseccionalidades, a las personas trans y nos acuerpen, como nosotras lo hacemos con sus luchas. Sin empatía ni apoyo, parece que vivimos en nuestro país como si fuéramos migrantes indocumentadas, sin programas sociales ni familia”, concluye la experta, quien frente al contexto hostil, deficiente y desentendido de las necesidades de la población trans, advierte que seguirán resistiendo y luchando por mecanismos que permitan a las mujeres trans vivir con salud y dignidad.
