La aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia (Iniciativa 5272) quedó en la lista de pendientes del gobierno de Jimmy Morales. Ahora el presidente Alejandro Giammattei decidió desempolvarla en forma de una política pública que, sin sustento, fue aprobada en junio.
laCuerda
La “Política Pública de Protección a la Vida y a la Institucionalidad de la Familia” es la copia de una ley que, en 2017, no logró pasar en el Congreso, la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” (Iniciativa 5272).
El gobierno de Giammattei escogió hacer una política y no una iniciativa de ley porque no requiere de la aprobación del Congreso.
Cuando se trata de una política es el mismo Ejecutivo quien decide con qué sectores discutirla y en qué fecha aprobar. Todo hecho a la medida.
Según expertas, este es solo un paso en el avance de la agenda conservadora en el país.
La Política de la Familia
Como casi nunca sucede en el país, la Política de la Familia fue convocada, discutida y aprobada en el plazo planeado. Ana Silvia Monzón integrante de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad (MENEIS), explica que el proceso de creación de ésta “fue bastante restrictivo y se manejó con secretismo”. Además no admitió gente experta hasta la etapa final, donde no fueron escuchadas.
Como resultado de esto se aprobó una Política “sin pies ni cabeza”, explica la abogada experta en temas parlamentarios, Stephanie Rodríguez. Añade que el documento “tiene una visión antiderechos y una connotación religiosa en la parte técnica”.
La Política de la Familia fue aprobada en junio del 2021 y es un documento de 68 páginas que tiene por objetivo “proteger a la familia como unidad básica de la sociedad”.
En la Política se asegura que se implementarán estrategias, programas y proyectos que buscan el «acceso a la educación de la población como mecanismo para generar las condiciones para su bienestar y protección”, que es básicamente el objetivo del Ministerio de Educación, pero plasmado en una Política de la Familia.
En la justificación enumera todos las falencias que pretenden atender: deserción escolar, mortalidad infantil, embarazo adolescente (que lo vincula a escolaridad), violencia, desnutrición crónica, cobertura escolar, gasto de educación por niño y desempleo. De los 8 problemas enumerados, 5 son resultado de la gestión de los dos ministerios que se establecen como rectores de la Política, los ministerios de Gobernación y Educación.
Presidente Giammattei durante la presentación de la política. Foto: AGN
El documento divide su “accionar” en lo que llama “ejes estratégicos”, que prácticamente son etapas :
1) Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la etapa prenatal y primera infancia.
2)Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la niñez y adolescencia.
3)Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la juventud y adultez.
4) Protección a la vida y la institucionalidad de la familia en la adultez mayor
En cada eje se nombra lo que cada persona necesita en esa etapa, sin embargo en la “estrategia para el cumplimiento del objetivo de la Política” se muestra que no hay soluciones explícitas, pues palabras como “diseñar” o “articular” son persistentes en las soluciones.
Además de esto, Rodríguez observó en la Política algunos errores:
- Utiliza definiciones simplistas y desfasadas, no basadas en evidencia científica, ni en los estudios más complejos e integrales. Un ejemplo de ello es el término “interés superior del no nacido” cuya base en instrumentos legales se desconoce. Lo que establece la Ley Integral de Protección a la Niñez y la Adolescencia es el “interés superior del niño” es decir alguien que ya ha nacido.
- En términos de políticas públicas es deficiente, porque no señala lo relativo a gasto público (no solamente cuánto, sino cómo obtenerlo). Tampoco desglosa el presupuesto por ministerio o programa.
- No contempla formatos de evaluación de resultados. En este sentido, el plan de acción más bien parece una matriz de buenas intenciones.
- Ya existen actualmente programas en diferentes ministerios que pueden garantizar el derecho a la vida, la salud, etc.
Además la Política no toma en cuenta la diversidad de las familias, sino solamente a la tradicional (mamá, papá, hijas e hijos). Deja fuera a 1 de cada 4 madres que enfrentan la maternidad solas, o invisibiliza a 6 de cada 10 familias que reciben remesas gracias a que un integrante de la familia se fue a otro país a trabajar.
También te podría interesar: Caso estudiantes UVG: magistrados de Izabal vuelven a favorecer a la mina CGN y a Lemuel Valle
Tampoco toma en cuenta otros problemas que se dan en el núcleo familiar, como el hecho de que en el 89% de los casos de niñez que ha sufrido abuso sexual el agresor es un familiar cercano.
Sobre el tema, Rodríguez añade que como solución a algunos problemas, la Política encuentra respuestas erradas. Ejemplifica señalando que respecto al embarazo infantil y juvenil, la Política sugiere promover la “abstinencia sexual”, cuando muchos de esos casos son productos de violaciones o por falta de educación sexual.
Quiénes dirigen la Política
Ana Lucía Ramazzini, investigadora del Programa de Estudios de Género, Sexualidades y Feminismos de FLACSO-Guatemala explica que se le ha dado la rectoría de esta Política al Ministerio de Educación y al Ministerio de Gobernación porque “las dos instancias son clave: una para la reproducción de los imaginarios a través de educar a generaciones y la otra para el control”.
Incluso el Ministerio de Gobernación fue el encargado de dirigir las mesas de trabajo de esta política. Luego de la aprobación se le dio la rectoría al Ministerio de Educación.
Estas dos carteras fueron designadas para llevar a cabo la política pública, a pesar de que la vicepresidencia, es decir Guillermo Castillo, debería estar al frente de diversos gabinetes específicos.
Ana Silvia Monzón explica que con este cambio suceden dos cosas alarmantes. La primera es que se deja fuera de la política a cualquier familia que no esté dentro del sistema de educación. La segunda es que cuando comience a implementarse se cerrarán las posibilidades para abordar la educación integral en sexualidad en los centros educativos.
Para Sandra Morán, ex diputada y activista por los derechos de las mujeres y de la población LGTBI, hay “una agenda que va caminando poco a poco y la estrategia es ir legalizando estos pasos y volverlos institucionales”.
Para muestra, un botón. El Congreso ha logrado colar entre la agenda legislativa, de manera discreta, una propuesta de ley titulada «Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género».
Para Sandra Morán quienes impulsan esta agenda son los que “sostienen socialmente a este gobierno: iglesias evangélicas, sus feligreses (que son miles) y el ejército”. También más de 40 organizaciones conservadoras. Para Morán estas acciones “resultan convenientes para el “pacto de corruptos” porque ganan adeptos con iglesias y feligreses”.
