Retrocesos legales, desesperanza y lucha. A casi una década de la muerte de Juan Carlos Velásquez, Nahomy Lara y Ángel de León, estudiantes de la Universidad del Valle, sus familias pelean contra la impunidad.
Jody García / laCuerda
“Estamos a poco de cumplir 10 años de su fallecimiento y no hemos podido alcanzar justicia”, dijo Carlos de León, padre de Ángel de León, estudiante que junto a Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez, falleció el 31 de marzo de 2012.
Los tres jóvenes cursaban la carrera de biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y se encontraban en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ubicada en el Estor, Izabal, realizando monitoreos biológicos como parte de sus actividades académicas.
La última noche que Ángel, Nahomy y Juan Carlos, fueron vistos con vida subieron a un pequeño bote para realizar un avistamiento de cocodrilos en un canal que conecta el Lago de Izabal con la CGN. La actividad estuvo a cargo de Lemuel Valle, biólogo y empleado de la mina, quien también abordó la lancha.
Los restos de los tres universitarios fueron encontrados al día siguiente en distintos puntos del lago. Aunque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), dijo que fallecieron por asfixia derivado de sumersión (ahogados), para sus familias todavía no está claro en qué circunstancias ocurrió el hecho, ya que Ángel y Juan Carlos tenían golpes en el cráneo y las declaraciones de Lemuel Valle fueron inconsistentes.
Durante casi una década, las familias de Ángel, Nahomy y Juan Carlos han buscado justicia y respuestas, y todavía no las encuentran.
En junio de 2019 el Tribunal de Puerto Barrios, Izabal, condenó a Lemuel Valle por homicidio culposo (causar la muerte por negligencia, impericia o imprudencia), y declaró a la CGN como civilmente responsable. Lo que las familias consideraron un paso en su búsqueda de justicia, cambió totalmente en octubre de 2019, cuando la Sala de Apelaciones de Puerto Barrios, integrada por Henry Ramón Soberanis Chocooj, Nicolás Cuxil Güitz y Carlos Enrique Casado Max, anuló la sentencia.
Esa resolución marcó una nueva etapa en el proceso, ya que las familias llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de dos casaciones, es decir, recursos para revertir lo dicho por la sala de apelaciones.
Escena de una de las audiencias en que se reconstruyeron los hechos. Foto Nómada, bajo licencia Creative Commons.
¿Qué ha pasado?
El 24 de septiembre de 2021, Diana Palacios, Carlos de León, Brenda Orellana, Mauricio Velásquez y Edna Marroquín, madres y padres de los jóvenes, realizaron una conferencia de prensa para informar que luego de dos años de espera, la CSJ resolvió a su favor. Aunque parecían buenas noticias para ellos, el resultado fue diferente.
La CSJ dijo que “hubo vicios” en la resolución de la Sala de Apelaciones y le ordenó emitir un nuevo fallo.
Según Jair González, abogado de las familias, esta vez los magistrados debían dejar en firme la condena y corregir su error de anularla.
“La Sala de Apelaciones interpretó la prueba y dictó una nueva sentencia contraria a todo lo acreditado en el juicio. Dijo que Lemuel Valle nunca tuvo la intención de causar daño y que fue un accidente y no un homicidio culposo”, explica González.
El abogado señala que los magistrados sólo resolvieron la apelación de Lemuel Valle y rechazaron las apelaciones presentadas por las familias y el Ministerio Público, que además buscaban que la Universidad del Valle fuera declarada civilmente responsable.
Pese a la orden de la Corte, la Sala de Puerto Barrios volvió a emitir el mismo fallo, anular la sentencia. González incluso cuestiona que fueron los mismos magistrados los que conocieron el caso por segunda vez, cuando legalmente debieron excusarse.
“Estamos luchando en contra de las fuerzas que tienen controlado todo Puerto Barrios, nos están bloqueando el acceso a la justicia”, reclama Carlos de León, quien considera que por su gran volumen de operaciones, la mina CGN podría tener influencia en el sistema de justicia de la zona.
Ante este revés, las familias presentaron otras dos nuevas casaciones ante la CSJ. Su búsqueda de justicia se extenderá por tiempo indefinido porque en la primera ocasión a la CSJ le tomó casi dos años entrar a conocer sus peticiones.
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Un nuevo proceso
Al mismo tiempo, las familias esperan que Arnoldo Font-Nájera, quien fue el profesor de la UVG encargado de la actividad donde fallecieron la y los jóvenes, se presente al Juzgado de Zacapa a rendir primera declaración.
De acuerdo con Carlos de León, Font fue declarado en rebeldía por no presentarse ante el juez.
“Este tema no se ha acabado, no nos hemos cruzado de brazos”, enfatizó de León en la conferencia de prensa. Las familias continúan con su proceso entre la desesperanza y la lucha.
