En Palín, Escuintla, el cuidado de los bienes naturales es una de las principales preocupaciones para las comunidades indígenas. Y es que son la principal fuente de bienes vitales, como el agua. Por eso, las mujeres y hombres poqomam del municipio se han unido para oponerse a un proyecto de urbanización que no cuenta con permisos legales; y que podría poner en riesgo a miles de familias.
Kimberly López /laCuerda
El nombre de Francisco Peña Arévalo ya es muy conocido entre las familias poqomam que viven en Barranca Honda, una zona agrícola que destaca por su riqueza en bienes naturales. Peña Arévalo es empresario y dueño de la lotificadora Monte Bello y se ha convertido en la preocupación de las familias indígenas del lugar y de la misma municipalidad.
En el portal de contrataciones, Peña Arévalo figura como representante legal de la empresa Real State Inc. FPA, Sociedad Anónima, cuya sede está ubicada en Villa Nueva.
Alida Arana Vicente, de la alcaldía indígena de Palín, relata que desde hace varios meses Peña Arévalo comenzó un proyecto de urbanización en la zona. La construcción, en principio, despertó sorpresa en las familias indígenas que viven en los alrededores del lugar porque nunca fueron consultados respecto a la conveniencia de construir una lotificación residencial en un área que se destaca por los cultivos y nacimientos de agua de los cuales dependen varias comunidades.
“En toda el área hay campesinos, agricultores indígenas que trabajan la bendita tierra y de ahí sacan sus cosechas de cada año”, explica Vicente.
Desde hace tiempo, el empresario comenzó a comprar terrenos que antes pertenecían a campesinos y así logró acumular una extensión grande de tierra. Entonces inició a talar todos los árboles del lugar y a utilizar maquinaria para la construcción de drenajes y postes de energía eléctrica.
De la sorpresa, la población pasó a la preocupación y a la acción para exigir que el proyecto se detenga.
Las personas emprendieron una investigación para profundizar en el proyecto. A partir de eso, confirmaron que la lotificación no cuenta con licencia de construcción, permiso municipal ni estudio de impacto ambiental. Además, no se realizó una consulta al pueblo indígena de Palín, que saldría afectado por la construcción de una colonia de esta magnitud y por la pérdida de fuentes de los bienes naturales.
La riqueza de Palín
Según la Asociación de Forestería Comunitaria en Guatemala Utz Che’, en Palín viven más de 1536 familias del pueblo poqoman. Debido a que cuentan con una organización comunitaria sólida, han llevado a cabo la tarea de defender la riqueza natural de la zona.
La población poqoman, en Palín, tiene a su cargo el cuidado de un bosque comunal conocido como El Chilar, que está conformado por 3 mil 735 hectáreas de las cuales el 70% es bosque natural y el restante es el área utilizada para cultivos.
Ilustración: Diego Orellana
Uno de los grandes aportes de Palín es que existen alrededor de 50 nacimientos de agua, que además, que proveen a la cabecera departamental de Escuintla.
Eso explica que la pérdida de árboles y la instalación de maquinaria en la zona haya despertado las alertas para las mujeres y hombres campesinos que han vivido gracias a los beneficios de la tierra.
Municipalidad: No estamos a favor de este proyecto
La comunidad puso en alerta también a las autoridades locales, quienes no estaban enteradas de que el proyecto estaba operando sin ningún permiso y que estaba poniendo en riesgo los nacimientos de agua y zonas de cultivo.
Las familias temen que los nacimientos de agua sean los principales afectados debido a que los drenajes de aguas negras generalmente desembocan en ríos.
La municipalidad coincide con esa preocupación. “Este proyecto podría generar contaminación y dañar el ecosistema y las fuentes naturales, los nacimientos de agua del pueblo”, indicó José Ernesto Makepeace, secretario municipal.
Según el secretario, el proyecto ha avanzado de forma ilegal pues en los registros municipales no existe constancia de que hayan obtenido autorización. En respuesta, explicó Makepeace, el dueño de la lotificadora argumentó que cuenta con una certificación desde 2000. Sin embargo, el documento es falso.
El 20 de septiembre de este año, la municipalidad envió al domicilio de la empresa a cargo de Peña una notificación en la cual advierte que el proyecto no puede seguir. Según la comuna, la urbanización se está realizando en un área rural de actividad agropecuaria con manejo integrado de bienes naturales, por lo tanto no puede ser utilizada para otra causa que no sea agrícola.
En la zona, la mayor parte son personas campesinas que se dedican al cultivo de milpa, frijol, café, yuca, limón , mandarina, jocote, entre otros. Los ingresos que obtienen son los justos para alimentar a sus familias.
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Por orden de un juzgado, en un plazo de diez días hábiles la empresa lotificadora deberá realizar la demolición de lo construido hasta ahora, por carecer de permisos. Es decir, retirar el adoquín de todas las calles, sellar los pozos hídricos instalados, retirar los postes de energía eléctrica que se encuentran en el sector y retirar el tendido eléctrico y tuberías.
De lo contrario, será la municipalidad la que proceda a realizar esta demolición.
Según las autoridades, el empresario está enterado de la resolución emitida por el Juzgado de Asuntos Municipales.
Exigen derecho de consulta
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que es un derecho de los pueblos originarios ser consultados por el Estado, sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Es así que corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.
Con ese marco legal, las comunidades consideran que antes de que se desarrolle cualquier proyecto en la zona agrícola deben ser consultados. Sin embargo, esta urbanización no cumplió con ese requisito porque ni siquiera cuenta con autorización de autoridades municipales para llevarse a cabo.
La comunidad está decidida a no permitir que el proyecto avance. En las últimas semanas se han realizado caminatas y pronunciamientos para detenerlo. “La consigna es defender las benditas tierras que fueron de nuestros abuelos y soñamos que algún día sean de nuestros nietos”, aseguran.
