Han pasado más de 10 años desde que entró en vigencia la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, pero todavía existen desafíos para regular a las empresas que se dedican a dicha labor.
Mariela Castañón / laCuerda
El pasado 13 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Antony López, de 21 años, en Sanarate, El Progreso, quien laboraba como guardia de seguridad privada.
López, supuestamente estaba ebrio y habría disparado en contra de una mujer de 61 años, con quien había discutido. La afectada fue trasladada a un hospital de la localidad por la herida causada con un revólver, mientras que el guardia fue puesto a disposición de un juzgado.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público (MP), del 23 de marzo de 2011 al 29 de julio de 2021, fueron presentadas 1,434 denuncias contra guardias por los delitos de violencia contra la mujer, violación y violación agravada, asesinato, femicidio, plagio o secuestro y prestación ilegal de servicio de seguridad privada.
Estos hechos ocurren a pesar de que existe una ley y un reglamento, que también dieron vida a la creación de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) adscrita al Ministerio de Gobernación (Mingob) y que tiene a su cargo verificar que la normativa se cumpla.
El marco legal existente tampoco ha logrado que todos los prestadores de seguridad pública cumplan con los requisitos solicitados para operar, tampoco existe evidencia de que hayan controles rigurosos para este sector.
Adecuación de empresas, acreditación de guardias, armas y supervisiones
Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), opina que existe permisividad por parte de DIGESSP, porque estas empresas siguen funcionando sin adecuarse a la ley. Esto también evidencia que un grupo de empresas se ha negado sistemáticamente a cumplir con la normativa.
Hay un registro de 43,874 guardias de seguridad, de los cuales 31,190 estaban acreditados en la DIGESSP, pero 12,684 debían cumplir con el requisito que demanda la disposición.
De León dice que es necesario mantener el control sobre las armas en poder de guardias de seguridad privada que, según datos oficiales, se estiman en 96,369. Señala que es allí, precisamente, donde se ha identificado el “mal uso” y esto se refleja en los incidentes de violencia ocurridos. Además, dentro de las estadísticas de seguridad, el robo de armas es muy recurrente, esto se complica más por la ausencia de controles.
“Llama la atención que haya casi el doble de armas registradas por parte de las empresas de seguridad que guardias declarados, porque se conoce que no siempre se reporta la totalidad de los guardias que operan”, explica.
Son tan pocos los controles que la DIGESSP que solo realiza un promedio de 82 supervisiones anuales a prestadores de seguridad privada.
laCuerda intentó contar con los aportes de la Cámara de Seguridad de Guatemala y de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, pero no se obtuvo respuesta.
Fotografía: La Hora
Demandan controles
Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), explica que el control de las empresas de seguridad siempre ha sido complejo porque hay atrasos por parte de los prestadores de seguridad para la adecuación, acreditación de guardias y otros temas.
Godoy también argumenta que la capacitación de los guardias es mínima, lo cual pone en riesgo a las personas que deben proteger, a la propiedad privada y a ellos mismos.
La directora de la IMASP enfatiza en la necesidad de ejercer controles sobre las empresas de seguridad, aunque el tema es complejo, es elemental que se cumpla la Ley en todos los aspectos.
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La profesional destaca que las empresas, el Mingob y las personas usuarias de estos servicios deben reunirse para hablar del cumplimiento de la ley, pero también de los desafíos que enfrentan.
Verónica Godoy y Carmen Rosa de León, coinciden en la necesidad de aplicar las leyes y buscar mecanismos para retomar los procesos que demanda la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, así como las normas y derechos laborales.
En el 2019, el Ministerio de Trabajo determinó que los prestadores de seguridad privada eran los que principalmente incumplían con las prestaciones laborales de los trabajadores, así como de pago de salarios y además cambiaban constantemente las condiciones de trabajo.
