Existen falencias que evidencian cómo los Juzgados, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y otras instituciones públicas, siguen fallando a las niñas, niños y adolescentes (NNA) del país. A la fecha, no hay un sistema de protección integral que garantice los derechos y el bienestar de la infancia.
Mariela Castañón / laCuerda
El 15 de junio de este año, una niña de 13 años fue rescatada. Tenía activada una alerta Alba-Keneth y fue localizada en convivencia con un hombre adulto que la violó. La niña fue institucionalizada por orden del juez de Paz de Santo Domingo, Suchitepéquez, Cristian Vega, quien ordenó su traslado al hogar La Alianza, en Mixco.
La orden de traslado de Suchitepéquez a Mixco se requirió de forma escrita, a la delegación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Suchitepéquez, donde se designó a dos policías: Enrique Méndez Gerónimo y Jessica Betsabé Santos.
La niña acababa de ser rescatada luego de sufrir una violación. Necesitaba apoyo emocional y ayuda profesional, pero su seguridad quedó a cargo de dos agentes de la PNC y no de personal de la Procuraduría General de la Nación que sí ha recibido capacitación para atender casos como estos.
Esta decisión judicial sobre quién la trasladó terminó por marcar aún más la vida de la niña.
Fredi Calderón, vocero del Organismo Judicial (OJ), argumentó que la PGN no tiene sedes en todos los municipios solo en las cabeceras departamentales, por eso las y los jueces solicitan apoyo a la PNC.
“El presente caso se origina en un municipio del departamento de Suchitepéquez y no en la cabecera departamental”, refirió Calderón.
Por su parte, Guillermo Mendoza, director de Comunicación Social de la PGN, dijo que están investigando lo que sucedió y que cuando concluyan las pesquisas darán a conocer los resultados que realiza la Inspectoría.
Agredida, revictimizada y tardía respuesta
La falta de cobertura de la PGN dio como resultado que la niña quedara expuesta a un nuevo hecho de violencia. Cuando llegó al refugio de La Alianza, contó al personal que el personal policial le habría ofrecido ingerir alcohol y que en la zona 1 de la ciudad capital la investigadora Santos se bajó del vehículo policial y la dejó a solas con el agente Méndez.
Agregó, que el policía le ofreció dinero para que tuvieran relaciones sexuales, pero ella se negó. El investigador presuntamente la agredió sexualmente.
Casi cuatro meses después de lo ocurrido, fueron capturados Santos y Méndez. Santos quedó ligada a proceso por incumplimiento de deberes, mientras que Méndez por agresión sexual con agravación de la pena, incumplimiento de deberes y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Ambos tienen arresto domiciliario.
Jorge Aguilar, vocero de la PNC, dijo que la Inspectoría General (IG) realiza una investigación para determinar qué sucedió. Hay dos investigaciones, una por parte de los controles internos a través de la IG de la PNC y otra del Juzgado que conoce estos hechos.
Las sanciones a faltas leves dentro de la PNC van de 1 a 5 días sin goce de salario y 2 años de prohibición a ascensos o cursos dentro o fuera del país. Una sanción leve puede ser faltarles el respeto a sus compañeros, a sus jefes, o a otras personas.
Mientras que una falta muy grave recibe una sanción de entre 1 a 30 días sin goce de salario, no poder optar a cursos en Guatemala o en el extranjero, según el tiempo que establezca el Tribunal de la PNC. También implica la imposibilidad de ascender y puede ser motivo de destitución. Todo depende del análisis interno que se realice y el contexto, incluso se puede aplicar tres de estas sanciones juntas cuando la persona es reincidente.
Una sanción grave dentro de la PNC puede ser impuesta porque el personal señalado estaba ausente en su puesto de trabajo, por acudir a trabajar en estado de ebriedad, por la comisión de un crimen o de delitos graves.
Fotografía: Saúl Martínez/Reuters
Debido a que el juez de Paz de Santo Domingo ordenó el traslado sin constatar las condiciones en el que el mismo se realizaría y sin pedir que la niña fuera acompañada por personal de la PGN LaCuerda le preguntó al vocero del OJ, si interpondrían alguna acción o sanción en contra del funcionario. Indicó que no se cuenta con ninguna competencia para realizar tal acción, porque el juez siguió el procedimiento establecido ya que en los municipios el proceso de protección a niñez y adolescencia es una responsabilidad de jueces y juezas quienes se auxilian de la PNC para realizar los traslados. Apuntó, además, que tampoco se ha tenido conocimiento oficial de esta situación.
Calderón explicó a continuación que cuando se tenga conocimiento oficial del hecho, se procederá conforme dicte la ley, y por tratarse de un caso de niñez, la reserva sobre las actuaciones es obligatoria y no puede haber mayores pronunciamientos.
Flor Gálvez, abogada de La Alianza, presentó el pasado 12 de octubre, en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Femicidio, un recurso de apelación en contra del arresto domiciliario del investigador Enrique Gerónimo.
Un sistema que sigue fallando
El caso de la niña agredida sexualmente vuelve a evidenciar las falencias del sistema de protección que se explicitaron el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y 15 resultaron heridas en un incendio.
Aunque este evento evidenció la inexistencia de un sistema de protección que garantice la seguridad y bienestar de la niñez, todo parece indicar que aún no se han aprendido las lecciones para el resguardo de la niñez y la adolescencia.
Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, menciona que no es la primera vez que la niñez en resguardo del Estado es trasladada en un vehículo policial. En otras ocasiones han sabido que las niñas y niños deben esperar a que llegue una patrulla policial a recogerlos o tienen que dormir en comisarías. Pidió a los jueces “que tienen gran potestad”, que busquen los mecanismos para que el Estado garantice la protección de la niñez y la adolescencia.
Por su parte, Nancy Álvarez, coordinadora del Centro de Atención Psicosocial de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil (Conacmi), opina que en el caso de la niña de 13 años, necesitaba protección y resguardo y lo ideal habría sido que una trabajadora social o una psicóloga, la acompañara en el trayecto del Juzgado de Suchitepéquez al hogar donde sería institucionalizada.
“Siempre hemos pensado que lo peor que le puede pasar a un niño es caer en el sistema de justicia, porque constantemente se les entrevista, se les cuestiona, no se sienten tranquilos. Hay mucho que hacer y no se ha encontrado la forma adecuada para abordar el tema”, dice Álvarez.
Traslados, presupuesto
Dubón, concluye que es necesario que la Corte Suprema de Justicia instruya a jueces y juezas para que no ordenen el traslado de las niñas y los niños, bajo la única responsabilidad de la PGN.
El segundo punto, según Dubón es pedirle al Congreso la asignación suficiente para contar con delegaciones fuertes de PGN que cuenten con personal y vehículos para el traslado de la niñez, porque las delegaciones no tienen suficientes equipos, incluso el mismo abogado que ve litigio y otras acciones, tiene que ir a audiencias de niñez.
Una iniciativa que no avanza desde 2017
Tras el incendio del 8 de marzo de 2017, donde murieron 41 niñas y 15 resultaron heridas en el Hogar Virgen de la Asunción, surgió la iniciativa 5285 Ley Integral del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, que crearía un Instituto y coordinaría las acciones para crear un sistema de protección integral para la niñez y adolescencia. Esta iniciativa está pendiente de tercera lectura en el Congreso de la República
Edgar Batres, diputado de Winaq y presidente de la Comisión del Menor de la Familia, dijo que no han logrado agendar la iniciativa 5285, porque la mayoría de diputados y diputadas, especialmente los que tienen influencia en la Instancia de jefes de Bloque (que es donde se define la agenda legislativa), no le dan prioridad a las iniciativas de ley que tienden a proteger a la niñez y adolescencia guatemalteca.
“El oficialismo tiene otra agenda y otros intereses en los que no cabe la niñez y la adolescencia guatemalteca”, reiteró.
Según Batres, aunque apoyan la iniciativa 5285, no hay votos para que avance, por eso la Comisión del Menor y la Familia instaló una mesa técnica para trabajar una iniciativa de ley más específica.
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El presidente de la Comisión del Menor y la Familia explicó que identificaron que la iniciativa 5285 es muy compleja, desde el punto de vista administrativo y de la gestión pública porque abarca tanto la protección social, es decir, el reconocimiento de derechos humanos como la salud, la educación, así como la protección especial, es decir las acciones urgentes que se deben implementar cuando la niñez y la adolescencia es víctima o se le ha vulnerado sus derechos.
Por eso, desde la Comisión, han considerado la creación de un Instituto de Protección Especial a la Niñez y a la Adolescencia, como un ente autónomo e independiente que unifique los esfuerzos para proteger de manera eficaz y eficiente a la niñez y adolescencia amenazada en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Por su parte, Guillermo Mendoza, director de Comunicación Social de la PGN, explicó que están investigando lo que sucedió y que cuando concluyan las pesquisas darán a conocer los resultados que realiza la Inspectoría.
A Mendoza también se le cuestionó sobre la ausencia de sedes de la PGN en los municipios y de cómo garantizan la seguridad de la niñez que es trasladada en vehículos de la PNC y no de la PGN, aunado a otras denuncias de El Refugio de la Niñez, relacionadas con la demora de los vehículos policiales para el traslado de la niñez en protección, o que han dormido en sedes policiales, cuando la responsabilidad de traslado es de la PGN. Sin embargo, no respondió estos puntos ni sobre medidas específicas para evitar que la vida de otra niña corra peligro cuando debía ser protegida por el Estado.
