En un año y 10 meses, la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, ha generado 760 alertas Alba-Keneth de niñas, niños y adolescentes de las residencias de protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). ¿Por qué normalizar los casos? ¿Qué falencias del sistema que acoge a la niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos dejan al descubierto estas alertas?
Mariela Castañón / laCuerda
“¡Corran muchá!”, dijo una adolescente a pocos pasos de la puerta de la residencia Zafiro I. Cuatro jóvenes más corrieron a toda velocidad por la calle. Los transeúntes se detuvieron a observar. Una educadora trató de sostener a una de ellas pero, al ver que cinco corrían al mismo tiempo, desistió y se quedó observando cómo se iban. Era el 6 de octubre de este año, día del cambio de residencia de protección.
Fotografía: Simone Dalmasso/Plaza Pública
Cinco días antes, el 1 de octubre, Día de la Niñez, un grupo de 13 adolescentes mujeres, de entre 14 y 17 años, abandonó el proceso de la misma residencia de protección. Por esa razón, el 2 de octubre, fueron activadas otras 4 alertas de niñas de Zafiro I.
De acuerdo con la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, del 1 de enero de 2020 al 5 de octubre de 2021, ha generado 760 alertas, que representan a 767 niñas, niños y adolescentes que abandonaron las residencias de protección. En una sola Alerta Alba-Keneth puede incluirse más de un niño o niña, esa es la razón por la que, en este caso, el número de alertas es menor en comparación con la cantidad de casos de niñez desaparecida.
Hasta el momento 449 niñas, niños o adolescentes han sido localizados y 318 siguen con alerta activa.
La SBS administra 20 residencias de protección y de diferentes programas (atención a la violencia con enfoque de género, primera infancia y discapacidad, entre otras). Todas están orientadas a brindar a la niñez y adolescencia los servicios básicos necesarios para su desarrollo pleno.
Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento de la SBS, dice que previo a estos incidentes no habían observado señales de lo que podría ocurrir, sin embargo, sí asocian estas situaciones con las audiencias de las adolescentes. De acuerdo con su percepción, una razón posible es que a las niñas y adolescentes les afecta que el sistema de justicia no ordene con celeridad su restitución familiar, o que las audiencias sean suspendidas y deban esperar más tiempo para saber cuál será su futuro.
Otro factor que consideran que pudo afectar a las niñas, fue el diagnóstico de COVID-19 dado a dos de las jóvenes que provocó que las demás quedaran en cuarentena. El funcionario aseveró que desconocen la forma como pudieron enfermarse ya que el único contacto que habían tenido fueron sus educadoras y días antes, el 14 de septiembre, estuvieron de excursión en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, visitaron un museo y el parque. De regreso, en la entrada a la colonia Las Charcas, en la zona 11, encendieron una antorcha para celebrar el Día de la Independencia.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado el 6 de octubre señalando que de las 17 alertas activadas entre el 1 y 2 de octubre, 10 niñas, niños o adolescentes ya habían sido localizados. Cuatro regresaron con sus familias.
Según el Subsecretario Gómez, debido a que no todas las adolescentes regresaron a las residencias de protección, no fue posible conocer a profundidad las causas de esos abandonos de proceso.
Con las jóvenes que se quedaron en la residencia, se reunieron y las escucharon. Según Gómez, 11 dijeron que se sentían bien en la casa de protección y con sus educadoras. Solo una de las chicas dijo que una educadora le había gritado, por ello la SBS verificará esta información y tomaría acciones pertinentes, incluso denunciará ante el MP si fuera verdad, para evitar vulneraciones a los derechos de la niñez. Esta es la versión oficial de la SBS, que regularmente reitera los argumentos sobre las causas de los abandonos de proceso.
El funcionario argumenta que las estadísticas muchas veces corresponden a abandonos múltiples, es decir, han registrado hasta 14 abandonos de proceso de un solo adolescente. Gómez ejemplifica el caso de un joven que se ha ido más de 10 veces de la residencia por problemas psiquiátricos, pero que después regresa o llega a las sedes policiales para pedir que lo lleven a las residencias de la SBS.
El Subsecretario explica que además de Zafiro también tienen bajo verificación la residencia Diamante 5, en Quetzaltenango, que abriga a niños y adolescentes en situación de calle y con problemas de adicción. Indica que “la abstinencia”, les afecta.
Zafiro I
Existen otros antecedentes sobre los abandonos de proceso de Zafiro I. El 17 de febrero de este año un grupo de jóvenes mujeres subió al techo de esa residencia para denunciar que “sufrían maltrato”. Se quejaron de insultos, de la comida “en mal estado”, y de que les daban pastillas para drogarlas y dormirlas.
“Uno se queda doblado en la cama. Ni levantarse puede, ni abrir los ojos”, dijo una de ellas en esa ocasión.
Ese día también mostraron pancartas hechas con cartulina y marcador. “No somos delincuentes”, se leía. Poco después las diez escaparon por una escalera.
Cuando ocurrieron esos hechos se le preguntó al secretario de la SBS, Francisco Molina, quien explicó que esos abandonos de proceso habían ocurrido porque las jóvenes querían estar con sus familias. Agregó que no había indicios de maltrato.
Estos eventos recuerdan lo que ocurrió el 7 de marzo de 2017, un día antes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y 15 resultaron heridas. En esa ocasión, las adolescentes denunciaron maltrato, violencia física, sexual y psicológica.
Niñas y adolescentes del hogar Zafiro I, de @somossbs, subieron al techo por la mañana para denunciar malos tratos. Ahora, por la tarde, han abandonado las instalaciones. Mirá este hilo de @pialaperiodista. https://t.co/SHmo4IByW9 pic.twitter.com/4Ojuhtpgpo
— laCuerda (@laCuerda2) February 17, 2021
Los hallazgos y la normalización de algo que no lo es
Para María Caba, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque se denomine abandonos de proceso, realmente no se trata de eso, pues las adolescentes están bajo la protección de la SBS por orden judicial. Es decir, existe responsabilidad estatal en el cuidado de la niñez y adolescencia.
Caba explica que en Zafiro I, encontraron problemas de hacinamiento, mezcla de perfiles (jovencitas con problemas en el consumo de drogas, afiliación con pandillas y en situación de calle).
Las jóvenes le dijeron a la PDH que las audiencias demoran hasta 6 meses y cuando llegaba la fecha eran suspendidas por falta de informes sociales o psicológicos que debía realizar la PGN, en otras oportunidades porque los juzgados no estaban de turno por el COVID-19, o por cuarentenas, porque los jueces se enfermaban y eso retrasaba su restitución familiar.
Guillermo Mendoza, director de Comunicación de la PGN, aún no responde por la denuncia recogida por la PDH en Zafiro I, en relación con la suspensión de las audiencias de las adolescentes por falta de informes sociales o psicológicos.
La defensora de la Niñez también indicó que las adolescentes se quejan de la alimentación “procesada” y que no contribuye con su nutrición. La PDH también estableció que en Zafiro II, otra residencia a cargo de la SBS, las adolescentes dormían en el suelo.
El Subsecretario de Protección de la PGN niega que las jóvenes duerman en el suelo y enfatiza que desconoce porque la PDH refiere esto. En todo caso, argumenta, son las educadoras las que en ocasiones bajan una colchoneta y se turnan para descansar unos minutos.
Caba agrega que la SBS, la PGN y el Organismo Judicial también deben coordinar interinstitucionalmente para restituir los derechos de las adolescentes.
A criterio de la entrevistada los abandonos de proceso se han normalizado y por eso es necesario entender que existe una responsabilidad familiar, social y del Estado para proteger a la niñez y adolescencia. En algunos casos de rebeldía en la o el adolescente, la familia prefiere institucionalización, en lugar de hacerse cargo de esos jóvenes.
“No es justo decir que las niñas y los niños son rebeldes. Esto tiene una raíz social, política y económica. Lo que corresponde es exigir que las entidades encargadas de la protección de la niñez cumplan con su mandato legal y constitucional. Su mandato es claro”, explica Caba.
También te invitamos a leer: Viaje a El Estor en tiempos de Estado de Sitio
Verificación de hogares
La Unidad de Autorización y Control de Hogares de Protección es la responsable de verificar la situación de los hogares a través de visitas y llamadas semanales y realizó en 2020, 452 supervisiones y 22,318 monitoreos telefónicos a hogares de protección públicos y privados.
Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, ha reiterado que las verificaciones realizadas por el CNA deberían ser más rigurosas para identificar si existen irregularidades o indicios de maltrato en los hogares que abrigan a la niñez y adolescencia.
“Entrar al sistema de protección es fácil, pero salir no”
Mayra Lima, trabajadora social independiente que ha laborado en instituciones públicas como la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y CNA, ve con preocupación la institucionalización de la niñez y adolescencia, porque esto debería ser el último recurso.
Lima agrega que es necesario verificar el contexto y las razones de la institucionalización. Ella ha conocido casos de denuncias de mamás solteras que eran denunciadas por vecinos en la PGN, por “abandono, o trato negligente a sus hijos”, sin embargo, esas madres dejaban solos a sus hijos porque salían a trabajar para asegurarles la alimentación.
En el caso de la PGN, Lima considera que debe ubicar el recurso familiar idóneo, deben hacerlo con objetividad y enfocarse en la realidad de las familias guatemaltecas; apoyarse de las redes de derivación que son las personas vecinas así como las y los líderes comunitarios.
Fotografía: Simone Dalmasso/Plaza Pública
Mientras tanto, la SBS debería tomar en cuenta las recomendaciones que realiza el CNA cuando realizan las verificaciones, porque dejan la responsabilidad en el personal de mediano o bajo rango, que trabaja con los recursos que tiene y con lo que puede.
Las falencias del sistema continúan y en este reportaje se ha documentado que algunas de estas, son la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de una búsqueda exhaustiva para localizar familia ampliada o recurso familiar idóneo, la demora en los procesos judiciales y la inexistencia de un ente rector para atender los problemas de las instituciones que integran el sistema que atiende a la niñez y adolescencia institucionalizada.
