Lucía Escobar / Periodista
A finales de octubre, cuando había pasado una semana de que el presidente Alejandro Giamattei, por medio del Decreto 13-21, impusiera un Estado de Sitio en El Estor, Izabal, me junté con integrantes de la Asamblea Social y Popular y la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej afuera de la Corte de Constitucionalidad. Este grupo, integrado por activistas y miembros de la sociedad civil, presentaron una acción de inconstitucionalidad por el Estado de Sitio. Desde ahí, los acompañé a Izabal, en una misión de verificación de los derechos humanos de esta población que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el 91.3% de sus 73, 328 habitantes se auto identifican como mayas q’eqchi’.
El Estado de Sitio se dio después de 18 días de protestas y bloqueos de parte de miembros de 98 comunidades que exigían el respeto a la suspensión que la Corte de Constitucionalidad dictaminó para que se detuvieran las operaciones de la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel. El gobierno del doctor Giammattei contestó mandando más de un millar de militares y policías y prohibiendo la circulación de personas de 6 pm a 6 am.
Las tierras en el departamento de Izabal son zona de disputa desde hace más de sesenta años. Masacres, desalojos, despojos e invasiones han sido parte de la vida de las comunidades en esta tierra fértil y rica. El controversial proyecto Minero Fénix es un cáncer para el ecosistema natural de la región, junto con el monocultivo de palma africana, banano y recientemente la ganadería y el narcotráfico. Ante esos monstruos, se enfrentan a diario los habitantes de El Estor y alrededores.
El espíritu del lago
Pasamos la noche en un hotel al lado de la carretera y a pocos metros del puente de Río Dulce. Sufrimos de insomnio que provocan el ruido de los camiones circulando a altas velocidades durante el día y la noche. El ruido de los motores, de las grandes góndolas contoneándose contra el pavimento contrastaba con las bandadas de aves que anunciaban un nuevo día.
Sebastiana Par Álvarez, autoridad ancestral y parte del Consejo del Pueblo Quiché nos invitó a iniciar esta misión con una invocación al espíritu del lago. De madrugada, buscamos un espacio bajo el puente y cerca del río para encender unas candelas y pom, usados por los pueblos originarios para las ceremonias religiosas y para “conectarse con el universo y con la situación”. La ajq’ij dirigió la ceremonia y recordó que estaban ahí para acuerpar a las comunidades q’eqchi’s: “Hay un militarismo que pasa sobre los derechos de las mujeres, los niños y los territorios. Estamos en un estado patriarcal y muy racista. Corren mucho riesgo las mujeres, pero también la niñez porque son más propensas a violaciones sexuales. Ese es el temor que hay actualmente. Estos días hubo allanamientos en casas de defensoras y autoridades ancestrales mujeres”, puntualizó.
Luego nos dirigimos al centro de El Estor para visitar la base militar y dejar una carta “avisando” que estaríamos esos días ahí. Antes de dejar el apostadero naval, fuimos fotografiados por miembros del ejército que insistían en querer saber nuestros nombres, a pesar de que la carta entregada los incluía.
El Estor está sitiado, patrullas de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa van y vienen con las palanganas llenas de antimotines. Grupos de policías deambulan por el pueblo, comen en los puestos de comida, pasean en los hoteles y se toman selfies frente al lago. También allanaron las casas de varios periodistas, de miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales (demandantes contra la mina) y activistas opositores a las empresas extractivas. Estos pocos días de Estado de Sitio han dejado al menos 22 capturas (ni uno solo de los supuestos extorsionistas que cobraban por pasar) y 38 allanamientos, muchos a familiares de activistas o críticos de la minería.
Cerca de la playa pública nos reunimos con productores de cardamomo de la comunidad de Sierra Santa Cruz (una finca que queda más arriba de la minera) y que se ve muy afectada por su presencia. Ellos denunciaron que la prohibición de circular de noche los afecta mucho porque interrumpe el ciclo de compra y venta de varios productos, incluido el cotizado “oro verde” que se da muy bien por esas tierras. “La minera no nos deja trabajar, destruye la montaña, adelgaza los ríos, ensucia el aire, y nuestras cosechas son cada vez más pequeña y están llenas de polvo, los niños tienen más enfermedades respiratorias”, explica Juan Pana, productor del área, quien además asegura que los sueldos de la Compañía Guatemalteca de Níquel son tan bajos que se gana mucho más cortando cardamomo.
Para que no los agarre la prohibición de circulación en el camino, algunos campesinos tienen que dormir en un hotel y eso afecta su economía. En su comunidad están molestos porque piensan que “el dinero que usan para movilizar policía y militares lo hubieran invertido en la carretera”. Están orgullosos porque en esa comunidad hicieron su propio camino de 13 kilómetros para sacar sus productos, ya que ni el gobierno ni la minera aportaron nada.
Corazón de níquel
Nos dirigimos en caravana a la sede de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Un gran puesto de registro se encuentra a pocos metros de la mina y procesadora. Varias patrullas, militares y antimotines inspeccionan y detienen motos, vehículos grandes, pero nunca un camión de la minera.
El paisaje cambia radicalmente del verde intenso de las montañas y del intenso azul del cielo alrededor del Lago de Izabal, a un paisaje desértico y post apocalíptico. Torres de alta tensión, enormes chimeneas expulsando humo, y camiones tipo góndola entrando y saliendo. La tierra es color ocre, como la enorme fábrica que parece un gran monstruo torpe, ruidoso y sucio. Nos detuvimos a tomar fotos, y a los pocos minutos de estar ahí, ya había un dron sobrevolándonos y filmándonos. El ruido es ensordecedor y el polvo cae sobre los equipos fotográficos y la ropa. Cuesta respirar con mascarilla, en el calor intenso y con las nubes de tierra roja que levantan los camiones. Damos una vuelta cerca de la entrada y regresamos. Nos para un puesto de registro, nos pide los papeles y nos dejan ir. Nos preguntan si somos periodistas.
De ahí nos dirigimos a la comunidad de Zapotillo donde nos reciben en el salón comunitario; un rancho con piso de tierra y abierto. Nos sentamos en cajas vacías de gaseosas. Los campesinos aclaran que la manifestación pacífica no estaba tapando la calle, ni prohibiendo el paso de la gente. Era otro grupo, contratado por la minera quienes cobraran por pasar y así justificar el Estado de Sitio: “Todo lo que dice Canal 3 y Canal 7 no es cierto. Ellos no viven en nuestro pueblo, no saben que nos estamos quedando sin agua y no hemos llegado a verano. Nos están intimidando, sobre todo a los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas. Estoy de acuerdo que agarren narcotraficantes, ladrones, crimen organizado, pero que no agarran gente inocente, trabajadoras, pescadores, gente que va a trabajar a la montaña. Nadie vino cuando pasó el Covid-19, ni Eta y Iota. Estamos abandonados por el gobierno, pero si nos mandan Estado de Sitio. Para defender a la minera aquí están con todos sus recursos. Mucha gente se está yendo y ha abandonado su casa” dicen las mujeres de esa aldea.
En la noche, al llegar al hotel, nos comunicamos vía telefónica con la lideresa María Choc, quién tuvo que salir de su comunidad, y refugiarse en otro lado porque tanto ella como su familia están siendo perseguidas. Denunció que miembros de los consejos ancestrales elegidos por asamblea general fueron desligados y separados de las reuniones para llegar a la Consulta y que la minera designó nuevas “autoridades indígenas” aprobadas por la municipalidad.
Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sentencia de la CC, la minera debe realizar una consulta para determinar si los pueblos originarios que viven en el Lago de Izabal quieren o no quieren, una minera en su territorio.
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El Ministerio de Energía y Minas en contubernio con la minera, comenzó una pre-consulta, donde “casualmente” han quedado afuera los críticos y opositores. “En realidad, lo que se quiere con nosotras, defensoras, líderes y lideresas, es que tengamos miedo, que callemos definitivamente”. Esta persecución se agudizó cuando la comunidad logró poner tres demandas en una Corte de Canadá a la empresa Hudbay Minerals por el asesinato de Adolfo Ich Chamán; por la paraplejía del joven Germán Chub (durante unos desalojos violentos); y las violaciones sexuales de las 11 de mujeres de la comunidad Lote 8.
“A la empresa no le gusto y ahí empezó la difamación, el divisionismo y la manipulación en el pueblo. La empresa nunca está dormida, siempre está despierta viendo cómo puede destruir la lucha. Mi barrio ha sido rodeado por los antimotines en tres ocasiones. En la vida de una persona criminalizada sufren los hijos, son los que pagan las consecuencias. Yo me he sentido sola, derrotada, es como una película de terror. Ésta es la resistencia que nosotros tenemos que levantar. Para mi todo es bastante doloroso porque no quería dejar mi casa, mi hogar. Ahora queremos salir del territorio, buscar asilo y que mis hijos estén bien”, explica Choc.
El segundo día nos dirigimos a la Comunidad Agraria El Esfuerzo Túnico. Una de las fincas con una larga historia de lucha judicial por las tierras y quienes ya sufrieron un intento de desalojo en el año 2,016 cuando el gobierno de turno envió 2 helicópteros, una avioneta y 2,500 antimotines para sacarlos. “Nos acusan de invasores, pero tenemos una larga historia de vivir en este territorio de El Estor, Izabal. Somos casi 80 ex trabajadores de la finca El Murciélago, y estamos aquí porque no nos pagaron nuestra liquidación. Estamos aquí recuperando nuestro sudor. Tenemos que luchar porque no tenemos estudio, ni dinero. Aquí vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, desde 1982, la comunidad el Túnico la desaparecieron y ellos tuvieron que exiliarse. Pero como nieto estoy aquí para recuperarlo. Día a día estamos rodeados de los militares que se mantienen en el cruce. No podemos trabajar, estamos con miedo a que entren” comenta Gabriel, quién a sus 29 años ya vivió la impotencia de los desalojos.
Por medio de un traductor, vamos escuchando los testimonios de ex trabajadores de esa empresa, quienes ganaron un juicio en el Ministerio de Trabajo, pero aún no han visto en claro, la reposición de sus derechos, Ellos comentan que la vida cotidiana de todos se ha modificado con el Estado de Sitio. Mientras nos preparan unas ricas mojarras fritas para desayunar/cenar, algunos nos vamos a refrescar a un pequeño riachuelo cercano. Algunas señoras nos acompañan y nos cuentan que ha bajado mucho el nivel del agua, y que cada vez cuesta más encontrar peces. Ellas también están preocupadas por la situación de sus esposos, tienen miedo de que cuando salgan a comprar o trabajar, los busquen en esas lista que llevan (los policías) y los detengan. “No tenemos cómo sacarlos de la cárcel” dicen angustiadas. Dos niños juegan con ondas peleando con enemigos imaginarios. Me recuerdan a los gemelos cerbataneros del Popol Vuh, Hunajpú e Ixbalanque, luchando contra la codicia de Vucub Caquix.
Una oposición criminalizada
Activistas, líderes sociales y campesinos, pero también periodistas regionales han sido criminalizados durante el Estado de Sitio en El Estor. Hasta el 30 de octubre, al menos una docena de opositores a la minera han tenido que dejar sus hogares. El allanamiento en la Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y en las casas de los periodistas de Prensa Comunitaria: Carlos Choc y Juan Bautista Xol (a quién le decomisaron el celular injustificadamente) se suman los casos de intimidación que está viviendo la población q’eqchí’ de El Estor.
Después de los testimonios de la comunidad, nos encontramos con el pescador Cristóbal Pop, quien además es el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales. Se encontraba visiblemente afectado por lo que ha vivido estos días. Catearon su casa y la de algunos familiares. Pero su mayor miedo es volver a estar preso. En el 2017, cuando apareció una mancha roja en medio del lago de Izabal, Pop y la gremial, iniciaron acciones legales contra la licencia otorgada al proyecto Fénix, logrando que en el 2020 la Corte de Constitucionalidad dictara sentencia a favor de los pueblos indígenas, ordenando suspendieran algunas de las operaciones mineras.
Días después de la denuncia ambiental, la CGN demandó a opositores, y a Pop, acusándolo de amenaza y coacción. Estuvo 90 días preso, una semana en una bartonila, pagó Q. 40 mil de fianza y tiene arresto domiciliario. Ese mismo viernes debe ir al Ministerio Público a firmar. Teme que ante la falta de garantías constitucionales que provoca un Estado de Sitio lo detengan ilegalmente. “Si no voy me declaran en rebeldía, pero si voy pueden aprovechar y volverme a meter a la bartolina”.
El pescador aclara que hubo dos manifestaciones; una pacífica y otra cerca de la minera (con gente de la mina) que cobraba hasta Q200 por hacerse pasar ellos. Esta información la volvemos a escuchar después en otra comunidad.
“Nuestra manifestación no quería afectar la economía solo parar las góndolas que siguen trabajando y pasando en contra de la resolución del CC que obligaba al Proyecto Fénix a parar operaciones”. Cristobal está convencido que una sóla empresa no puede tener una concesión para operar dentro de 248 kms. “Toda aquella persona que esté en resistencia está en peligro”, concluye Pop.
La comisión de verificación de la situación de los derechos humanos en El Estor, activistas, miembros de la sociedad civil y algunos periodistas, acompañamos a Cristóbal Pop a la sede del Ministerio Público a firmar. El trámite fue rápido y el pescador pudo irse lejos de su comunidad, con el miedo latente.
Mientras la resistencia pacífica de El Estor se repliega, se esconde, huye, se exilia, el monstruo de la minera no pierde el tiempo, cada 15 o 20 minutos salen y entran de la Compañía Guatemalteca de Níquel camiones que mueven contenedores a Ucrania y que nadie sabe a ciencia cierta qué materiales llevan y a qué precios se venden en el mercado internacional. También llega el carbón colombiano, indispensable para mantener funcionando día y noche a la empresa minera que poco a poco ha ido modificando el paisaje de Río Dulce y en el que cada vez cuesta más pescar mojarras, bagres y sábalos, que durante años alimentaron a los lugareños.
Esta actividad industrial la sienten y la viven incluso los que trabajan en la industria turística de Río Dulce. Ecologistas y ambientalistas temen que el refugio del manatí, en peligro de extinción, se vea afectado, ya que el Proyecto Fénix tiene licencia para explotar 248 kilómetros y limita con 2 reservas naturales; al noroeste con la Sierra Santa Cruz y al sur-oeste con el refugio de vida silvestre Bocas de Polochic.
El funcionamiento de esta mina afecta la calidad del aire, la vida de la fauna, el suelo, la calidad del agua y la cobertura vegetal. Y aunque las autoridades de la mina aseguran que la explotación de níquel se detuvo (como dicta la sentencia de la CC) la planta procesadora de tierra, no ha parado de trabajar puesto que son dos empresas diferentes que operan en el mismo espacio.
La siguiente comunidad en visitar es la aldea Santa Rosa, un caserío pobre que se encuentra muy cerca de la carretera. Para ir a comprar a la tienda o al nixtamal, las mujeres y los niños tienen que atravesar la carretera en la que además desde el Estado de Sitio se mantiene un puesto de registro y por donde pasan a cada pocos minutos, camiones y góndolas a alta velocidad que levantan polvo y hacen un fuerte ruido que se escucha en toda la aldea y hace temblar el lugar. Para ellos no hay restricción de horario, ni toque de queda.
Ahora, al miedo a ser atropelladas por un camión de la minera, se suma el mal recuerdo de dos intentos de desalojo que ya vivieron en esa comunidad: “Jamás lo podremos olvidar; nos quemaron nuestra ropa y la de los niños. Se quedaron solo con lo que tenían puesto. Nos robaron nuestra comida”, comenta una joven madre. Las mujeres tienen traumas y están dañadas psicológicamente. Cuando ven a los policías, tienen temor de que vuelva a pasar lo mismo que ya sucedió. “Los niños están afectados, no quieren ir al pozo solos a traer agua. Tampoco pueden irse a bañar al río en la tarde por el toque de queda. Y los precios de los productos han subido. Vivimos con ese miedo de no poder salir, sin poder realizar nuestras labores con seguridad, porque ellos (los policías) no nos dan seguridad” comenta.
La mayoría de las comunidades de El Estor no tienen certeza jurídica en sus tierras, este es un problema que viene desde hace muchos años, y que cada vez se agudiza más en lugar de irse solucionando.
La tensión en El Estor va en aumento cada día en Estado de Sitio. Los daños y las consecuencias de mantener las operaciones de está mina, aún deben analizarse y estudiarse, sin dejar afuera de estas discusiones, a los pueblos que viven día rectamente en ese territorio.
La vida alrededor del Lago de Izabal ha dejado de ser paradisiaca hace mucho tiempo. Me preparo para el regreso a la capital, y dejar atrás el calor y la represión. Me doy una gran ducha. De mi piel y de mi pelo, va cayendo tierra y mucho polvo. Veo como la suciedad se escurre por la alcantarilla. Pienso y agradezco esa ducha de agua caliente, de la que carecen la mayoría de los habitantes de este país tan contrastante.
¿Cuánto vale la dicha de tener agua limpia? ¿Cuánto vale la paz de un pueblo? Me quedé con las palabras del joven Gabriel: “¿Qué quiere decir paz? Significa diálogo, no tanquetas, ni represión. Tenemos que dialogar y recuperar la madre tierra, con esta tierra vivimos y comemos.”
Grandes camiones siguen pasando, haciendo temblar el piso. El ruido y el polvo que dejan, aún me acompañan un tiempo más, como la presencia de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
