Según estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala es el segundo país de Latinoamérica con más altos costos hospitalarios y de medicamentos. Productos necesarios para tratar enfermedades como el cáncer o la diabetes se venden en el territorio nacional a precios hasta cinco veces más altos que en México o El Salvador. Detrás de esto, existe una colusión de farmacéuticas que controlan el mercado.

Kimberly López/laCuerda

Aunque el derecho a la salud es un derecho fundamental, según lo establece la Constitución Política de la República, en Guatemala, los elevados costos de los medicamentos significan para algunas familias tener que elegir entre comer o comprar sus medicinas.

El alto costo de los medicamentos en el país no es un secreto para las autoridades nacionales ni para entidades internacionales que han estudiado el problema de una forma más profunda.

En un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), en septiembre de 2009, se estimó que en Guatemala el 57% de los gastos de salud recaen en los bolsillos de la población. Es decir, la mayoría de lo que cuesta la salud en el país, se cobra directamente a la ciudadanía. No es el Ministerio de Salud, ni el sistema del seguro social quien pueda garantizar el acceso a medicinas para la población.

La cifra es realmente alta en comparación con países como Costa Rica, cuya cifra apenas alcanza el 22%. Estas cifras, explica el BID, “son un indicador del estrés que experimentan los hogares para acceder a los servicios de salud”. La política farmacéutica es un factor que influye en el alto costo de la salud para los bolsillos de la población.

Según el diputado Samuel Pérez, integrante de la bancada Semilla, las empresas Farmacias de la Comunidad, Meykos, Farmacias Batres, Farmacias Galeno y Cruz Verde forman parte de un pacto en el que coluden para elevar los precios. «Empecé a identificar que el tema de medicamentos era muy recurrente en denuncias, sobre todo cuando empezó la pandemia», asegura.

“Extorsionadas” así se sienten las personas que se comunicaron con el diputado a su correo electrónico para denunciar los precios que pagan por sus medicinas..

«Empezamos a ver que había pactos de precios entre farmacias o cadenas de farmacias grandes. Entonces lo que esto provoca es que los mismos productos costaban hasta 300% más que en otros países. Hay países que cuentan con precios tope o tienen un sistema de seguro social más robusto. Cuando hay pactos, y por el mismo producto cobran precios altos, es porque las empresas se ponen de acuerdo», explica.

El pacto resulta sumamente cruel porque las farmacéuticas se aprovechan de que hay medicinas que no pueden dejar de ser consumidas. Sumado a eso, dice Pérez, en este acuerdo también figura la dependencia del Ministerio de Salud que se encarga de autorizar la distribución de medicinas.

«Esa dirección está cooptada y beneficia a algunos y perjudica a otros de forma arbitraria», enfatiza.

Fotografía: Gobierno de Guatemala

¿Por qué no hay regulación a los altos costos de medicinas?

Según el economista e investigador Erick Coyoy, lo que sucede en el país es que hay grandes empresas que controlan la importación de medicamentos y, por ende, los precios. “El Ministerio de Salud se dedica a conceder registros sanitarios. Mientras más restringido es lograr un registro sanitario, más barreras se crean para evitar el ingreso de más empresas de medicamentos”, explica.

Por eso, agrega, se elevó de una forma exponencial el precio de algunos medicamentos útiles para tratar Covid19. “Hubo un abuso total por parte del importador de ciertos medicamentos y eso provocó un aumento en el precio”, añade.

A diferencia de Guatemala, El Salvador cuenta con una autoridad de competencia que trabaja con todos los mercados, productos y servicios para evitar que se formen barreras que limiten la entrada de competencia al mercado. Esto evita que algunas empresas abusen de su posición y fijen precios arbitrarios.

Sin embargo, acá solamente existe la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), cuyo marco legal resulta muy limitado para detener el abuso en los precios.

Defraudación en antecedentes de farmacéuticas

El fraude al que se refiere el diputado Pérez no parece sorprendente cuando las grandes empresas farmacéuticas del país han estado involucradas en casos de defraudación y han incurrido en ilegalidades para elevar sus ganancias.

En 2016, Farmacias Galeno se vio obligada a pagar Q25 millones 813 mil 212  a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), luego de ser intervenida por la entidad tributaria tras no pagar Q 35 millones 813 mil 212 en impuestos.

Un año después, el Tribunal Décimo de Instancia Penal condenó a tres años de prisión inconmutables al representante legal de Farmacias de la Comunidad, Héctor Escobedo, por defraudación tributaria.

Sumado a eso, junto a Cohen y el operador Gustado Alejos, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) implicó a las farmacias Batres en una mafia de venta de medicamentos para financiar a partidos políticos y obtener condiciones favorables en el mercado farmacéutico.

A pesar de todo eso, las empresas no dejan de operar en el país e incluso grandes farmacéuticas siguen pactando contratos con el Estado, a través del portal de Guatecompras.

Una propuesta de ley busca resolver este problema

Durante la crisis sanitaria a causa de la COVID19, la problemática del difícil acceso a la salud se agudizó para las familias guatemaltecas. En ese contexto, el diputado Samuel Pérez, integrante de la bancada Semilla, citó a distintos sectores involucrados para elaborar una iniciativa.

“Utilizo cinco medicamentos diarios porque si no, no llego a mañana. En el mes gasto 448.33 dólares por mi medicina. Mi médico me dijo que no me estresara, que tenía que vivir tranquila y cuando llega la quincena empieza mi estrés porque no tengo para pagar mi medicina”, relató una de las personas que fue parte del proceso.

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La propuesta básicamente plantea la opción de crear una empresa pública de medicamentos que pueda generar competencia a nivel nacional. Asimismo, se plantea poner en funcionamiento una distribuidora mayorista. De tal forma que el Estado pueda implementar farmacias públicas y, al mismo tiempo, distribuir medicina a empresas privadas.

La idea, explica su ponente, es acabar con la mafia de farmacéuticas que controlan el mercado y cuyos alcances son tales que han llegado a financiar partidos políticos.

El proyecto aún está lejos de ser una realidad, pues debe ser conocido para su discusión y análisis.