El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Guatemala este grupo representa el 10.38% de la población y vive entre la discriminación y falta de oportunidades.
Jody García/laCuerda
El 3 de diciembre de 2021, Emily Rojas, una mujer de 29 años con discapacidad visual, viajó junto a su hija de 9 años desde el departamento de El Progreso para participar en una marcha y plantón para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Guatemala.
Emily recorrió la Sexta Avenida de la zona 1 junto a alrededor de 30 personas más, integrantes de la Red de Personas con Discapacidad. Uno de los puntos claves en el camino fue el Congreso de la República, donde esperaban ser atendidos por el diputado Luis Fernando Orellana, presidente de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad. Tocaron la puerta del edificio pero nadie les atendió.
“Este es un reflejo del trato que recibimos. El Congreso ni siquiera tiene una rampa para que podamos acceder”, dijo Joaquín Monterroso, quien dirigía la marcha desde su silla de ruedas.
«Hemos sido el grupo más olvidado de toda la historia de Guatemala», dice una persona en condición de discapacidad.
Frente al Congreso de la República, exige a diputadas y diputados que legislen a favor de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/zFypqZb1ZN
— laCuerda (@laCuerda2) December 3, 2021
Emily, madre soltera de dos niñas y un adolescente, perdió la visión y el sentido del olfato hace 13 años, cuando una bala perdida la alcanzó. Desde entonces trabaja como vendedora ambulante de papalinas y realiza arreglos de globos para todo tipo de eventos.
“Aquí lo que verás lo trabajo con las manos porque la vista no la tengo”, dice la entrada de su página de Facebook: Talent Fashion, donde comparte fotografías de sus creaciones. Emily es capaz de hacer este trabajo porque recuerda los colores y porque ha tomado todo tipo de capacitaciones para encontrar un oficio. Ella busca ser independiente y sostener a su familia, aunque eso implique enfrentarse a la violencia y la discriminación que sufre el 10.38% de la población del país que, según el Censo de 2018, vive con algún tipo de discapacidad.
“No queremos derechos especiales, queremos las mismas oportunidades. Todos merecemos una vida digna. Conozco personas de otros departamentos y municipios en los cuales no cuenta su voz. Hasta el momento el gobierno lo único que ha hecho es tomarse fotos con nosotros. No queremos un abrazo, queremos derechos”, dijo Emily a través de un altavoz frente al Congreso.
“La exclusión de las personas con discapacidad no sólo es injusta, es insostenible”, se leía en una de las mantas con las que participaron quienes recorrieron las principales calles de la ciudad.
Dentro de las actividades para conmemorar el 3 de diciembre se realizó el conversatorio interuniversitario “Acciones y experiencias de educación inclusiva en la educación superior”, que buscó reflexionar sobre los retos y desafíos para que las personas con discapacidad accedan a la educación superior, un sueño que también comparte Emily, quien en 2022 ingresará a la Universidad San Carlos de Guatemala a estudiar derecho.
El colectivo también reclamó la aprobación de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, que cuenta con dictámen favorable y fue conocida en el pleno del Congreso en agosto de 2016. Sin embargo, permanece engavetada desde entonces. Con dicho marco legal se crearía la Secretaría Presidencial sobre asuntos de Discapacidad y obligaría a las municipalidades a emitir reglamentos con especificaciones técnicas mínimas para que en el entorno urbano público y privado se permita y facilite el tránsito de las personas con discapacidad, así como manda a las empresas de transporte público a acondicionar sus unidades.
También obliga a las entidades públicas y privadas con oficinas de atención al público, a que cuenten con un intérprete y que brinden información en formatos accesibles.
En términos de acceso a trabajo, la iniciativa contempla que la política nacional de empleo incluya a personas con discapacidad, que el Ministerio de Economía promueva la producción y comercialización de bienes y servicios producidos por personas con discapacidad y que el 5% de las plazas disponibles en el sector público sean ocupadas por esta población.
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Cuando terminó la marcha del 3 de diciembre, Emily sacó de una caja dos bolsas grandes de papalinas para vender en la Plaza Central, tenía que aprovechar el viaje desde El Progreso a la Ciudad de Guatemala. Esto lo hacía al mismo tiempo que daba entrevistas a medios de comunicación para exigir el acceso a sus derechos, y mientras sus compañeras y compañeros realizaban actividades artísticas e invitaban a los presentes a unirse a la campaña Yo Me Sumo, que busca visibilizar las condiciones en las que viven las personas con discapacidad en el país.
Una de las principales exigencias de Emily y el grupo que salió a manifestar, es que los espacios de toma de decisiones a favor de esta población sean ocupados por personas con discapacidad.
“Hay gente preparada que tiene la empatía para desenvolverse en esos lugares porque nada de nosotros sin nosotros. No pueden hablar de discapacidad si no la conocen, ni la comparten ni la viven”, reclamó.
