Fátima Hidalgo / Estudiante UVG
Las mujeres en Guatemala no mueren de amor, son asesinadas, violentadas y silenciadas. Las estadísticas nos dan una perspectiva fragmentada pero lo suficientemente tangible para entender que nuestra integridad pende de un hilo. “La violencia contra las mujeres es una constante”, señala Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo. “Hasta hace unos años, una agresión era una falta, no una acción grave. La violencia física no se definía, mucho menos la sexual”, concluye.
Recién estamos construyendo una legislación que nos proteja de las violencias que nos rodean, sin embargo, aún hay mucho por hacer para conseguir justicia.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020, 19 mujeres fueron violadas cada día; la población más propensa: mujeres jóvenes. El año pasado se registraron 453 femicidios. ¿No es suficiente para probar que es una crisis monumental? Las violencias nos rodean, atraviesan y hacen estragos. Siguiendo esta línea, ¿recibimos la justicia que buscamos?
“La transición de víctima a sobreviviente, para posteriormente ser sujeta de derecho, es un proceso importante para una mujer que sufrió violencias”, explica Paula Barrios. La justicia no se resume a una sentencia, sino que abarca la sanación y reestructuración del proyecto de vida de las mujeres. Se vuelve un camino cuesta arriba cuando los casos no avanzan, ya sea por la burocracia del Estado o distintos factores, como la discriminación o la falta de recursos. “El sistema prefiere que nos quedemos en el papel de víctimas. No tolera la resiliencia o la recuperación”, añade Barrios.
El camino de la justicia
El 65 por ciento de los casos de violencia sexual contra las mujeres ni siquiera llega a un tribunal. “Es fácil eludir la justicia”, agrega la entrevistada. “Para que un proceso avance se requiere ligar a proceso al denunciado. Sin embargo, ¿dónde está? ¿Quién es?”.
El Ministerio Público (MP) tiene una deuda social con las mujeres, ya que los protocolos para las capturas y procesos son deficientes. ¿Cómo hace una mujer para restablecer su proyecto de vida si tiene que atender audiencias y procesos legales tan largos? Cuando los casos se alargan hasta diez años, como en el caso de las mujeres Achí, es imposible recuperar el tiempo invertido cuando este debió ser usado para sanar.
En un sistema racista y patriarcal, que no cree en la violencia sexual, las 36 mujeres Achí que denunciaron a seis ex patrulleros, llevan una década a la espera de la condena de sus agresores. Estas denuncias por violencia sexual fueron cuestionadas por la Defensa Penal Pública -organismo que presta servicios de defensa legal para quienes no pueden costearlo- aun cuando debe tener una postura objetiva. “Dijeron que estaban buscando una reparación, que no tenían metas en la vida y esperaban que las cosas se les dieran. Ese lenguaje tiene mucho simbolismo en el fondo, lo que tratan de dar a entender es que las mujeres no son capaces de reclamar el cumplimiento de sus derechos”, afirma Haydeé Valey, abogada de Impunity Watch.
Las mujeres de pueblos originarios tienen que enfrentarse a cuestas más empinadas a la hora de buscar justicia. La discriminación se cuela en los juzgados, haciendo de los procesos, un interrogatorio directo a las víctimas. “Ese racismo trata de quitarle poder a las mujeres, cuestiona el rol de sujetas políticas que tienen las mujeres indígenas”, añade Valey.
En 2018, la jueza Claudette Domínguez del juzgado de Mayor Riesgo A, liberó a los seis acusados de delitos contra la humanidad después de un proceso en donde las mujeres fueron cuestionadas y señaladas por la misma jueza.
Tal como sucede en otros juicios de violencia sexual contra mujeres indígenas, se desestimaron los testimonios, creando un ambiente poco empático para que ellas contaran sus historias. “No se respetó la integridad de las denunciantes y se antepuso un discurso discriminatorio en un espacio que debería estar sensibilizado para escuchar”, cuenta Valey, haciendo referencia a que los procesos de esta naturaleza no tienen una perspectiva de género, ni personal capacitado en materia, dificultando el proceso para las mujeres.
La violencia afecta a todas
Según ONU Mujeres, el 59.3 por ciento de las mujeres vive en pobreza, una gran parte de ellas habita en los departamentos. “Sustentarse durante tanto tiempo a 200 kilómetros de su hogar resulta imposible», explica Valey. La justicia aún está centralizada en el departamento de Guatemala y hay pocas personas traductoras disponibles para estos largos procesos. La carencia de personal capacitado hace que los casos se tarden más en avanzar.
Es así que los cuerpos y salud mental de las sobrevivientes están en constante pugna con el sistema de justicia. “Es muy difícil para las mujeres denunciar. Para algunas, llega a ser muy tarde, pues las matan sus agresores”, dice Claudia Hernández de Fundación Sobrevivientes.
Otro ejemplo claro de todo esto, y de que la violencia afecta a las mujeres sin importar estrato social, nivel de escolaridad o lugar de origen, es el caso de Cristina Siekavizza, en el que su esposo, Roberto Barreda, a pesar de su muerte, continúa siendo el principal sospechoso de su asesinato y desaparición el 6 de julio del 2011. “El femicidio de Siekavizza visualizó que la violencia afecta a todas las mujeres, no importa su estrato, aunque hay diferencias”, argumenta Hernández. Diez años después aún se busca el cuerpo de Cristina.
Ninguno de estos dos casos ha sido resuelto; los cuerpos vulnerados no vieron de cerca una sentencia ni resarcimiento digno. Para las mujeres en Guatemala es difícil el camino de la justicia; se ataca a la sobreviviente, se duda de su testimonio. “La única manera en que nos crean es que nos revictimicemos. Mas la situación de víctima no es permanente”, concluye Barrios.
Todavía hay violencias no tipificadas como el acoso callejero. La justicia no se limita a un período en la cárcel para los culpables, tendría que contemplar además las condiciones necesarias para que las mujeres florezcan de nuevo y puedan recuperarse, en la medida de los posible, de las heridas causadas por las violencias.
Hasta que podamos posicionarnos como sujetas de derecho, habrá una pequeña ventana hacia la justicia en Guatemala.
