Mariel Aguilar / Fuerza Ciudadana – [email protected]

La crisis política, institucional y democrática que estamos viviendo en el país atenta contra los fundamentales principios de respeto a la vida y la dignidad y, como siempre, afecta de manera particular y más violenta a nosotras las mujeres.   

La agudización de esta crisis se debe a la criminal cooptación de este Estado patriarcal, machista y misógino orquestada por  una vergonzosa mayoría de funcionarios y políticos, respaldados por los grupos empresariales más conservadores, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria de mujeres y hombres, de asalariados y  campesinos, grupos económicamente marginados, y amplios segmentos de las capas medias en situación de empobrecimiento acelerado. 

Para la mayoría de mujeres, cada día son más graves las condiciones de precariedad material, la sobrecarga en las tareas de cuidado, la inseguridad cotidiana y la violencia en todas sus manifestaciones, lo que provoca serios impactos en su salud física y emocional.

Las formas criminales como se ha manejado la pandemia han sobrepasado la dimensión de ser una crisis sanitaria para convertirse en crisis económica y política que, además de haber cobrado ya varias vidas humanas, ha profundizado la brecha en las condiciones de desigualdad, inequidad y discriminaciones de todo tipo para las mujeres.

La total indiferencia y cinismo de los funcionarios públicos para encontrar e implementar respuestas por la vía de políticas públicas, provoca en la población un sentimiento de hartazgo y frustración.

Frente a este panorama, un grupo de mujeres se propuso  realizar una acción política, (“la cual ha sido apoyada por más mujeres y hombres que se han sumado a la iniciativa”), para demandar que se apruebe la REVOCATORIA DE MANDATO, cuyo objetivo es que la ciudadanía ejerza el poder que le otorga la Constitución Política de la República para que, por medio de mecanismos legales, se pueda remover del cargo a  las y los funcionarios que fueron electos y que no cumplen con sus funciones o que cometen actos de corrupción.  “Este proceso, que reúne a diversas personas y organizaciones está siendo llevado bajo la identificación de Fuerza Ciudadana”.  

La revocatoria de mandato  

Tiene por función exigir eficacia, eficiencia y honradez en gobernantes y funcionarias/os electos en la presidencia, vicepresidencia, congreso y alcaldías; busca evitar, además, que las personas ineficientes, corruptas o abusivas permanezcan en sus cargos, culpando a la ciudadanía del peso de sus desaciertos que se traducen en abandono de necesidades sociales o uso irresponsable de los dineros públicos.

El derecho de “revocar el mandato”, es un derecho político que tienen las y los ciudadanos en toda sociedad democrática y en un Estado Constitucional de Derecho, desde el momento que en la Constitución se establece que el poder y la soberanía radican en el pueblo. Se basa en el principio de que los funcionarios públicos son simples agentes de la voluntad popular y deben estar sujetos al control de la ciudadanía.

La revocatoria de mandato ya existe en numerosas legislaciones del mundo y en algunas de éstas, desde hace más de un siglo. Por ser un mecanismo de control democrático de la población resulta beneficioso y necesario para depurar, así como para mejorar el desempeño de los funcionarios públicos.

La revocatoria de mandato debe ser regulada en la legislación nacional y para lograr este objetivo se ha considerado la vía de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Tomando en cuenta que esta ley tiene rango constitucional, se ha optado por la recolección de firmas de las y los ciudadanos que estén de acuerdo con este planteamiento. Esta decisión se fundamenta en el Artículo 277 de la Constitución: “Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, (…), el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, con la firma de por lo menos cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos”.

De la misma ley se deberá derivar la definición del reglamento que regule el funcionamiento de esta medida legal. En este reglamento se propone establecer que la solicitud de revocatoria la pueda presentar un número de personas que corresponda al 10 por ciento del número de votos que obtuvo el funcionario electo. Le corresponderá al Tribunal Supremo Electoral organizar y convocar al evento de referéndum, al nivel que corresponda, si se trata de diputados por distrito electoral, de alcaldes por el municipio correspondiente y en el caso de presidente, a nivel nacional. Se considerará que procede la revocatoria de mandato cuando el resultado del referéndum equivalga a la mayoría simple de los votos emitidos.   También se plantea que esta iniciativa se pueda presentar únicamente por una vez durante el período de gestión para el cual fue electa la persona y que pueda hacerse solo en el segundo año de estar en funciones.

Si bien es cierto esta sola medida no resolverá en su totalidad la problemática del país, al menos puede representar una oportunidad para que la ciudadanía ejerza un control más directo sobre las y los servidores públicos y, para contribuir al ejercicio del poder ciudadano.

Perseguimos la recuperación de nuestro país, y nuestra ruta serán todos los caminos que nos lleven a la justicia, la equidad, la libertad y el respeto absoluto a todos nuestros derechos.