Rosario Orellana / laCuerda
“Me cuesta enlistarte las agresiones que he enfrentado durante toda mi vida porque son demasiadas, aunque todas están atravesadas por los prejuicios sobre mi orientación sexual. Según mi mamá, mis experiencias son un castigo de dios por atreverme a decir que soy lesbiana y peor aún, tener una pareja con la que criamos juntas a nuestro hijo porque lo considera una aberración”, así comenzó la entrevista con Maricarmen*, una abogada de 34 años quien ha enfrentado múltiples agresiones en el ámbito familiar, privado, público y profesional “por romper las reglas” impuestas por la heteronormatividad.
Doble desafío
Para comprender el contexto se debe recuperar el concepto de violencia. El sociólogo noruego, Johan Galtung 1 , la define como “todo aquello que influencia a los seres humanos resultando en que su desarrollo físico y mental esté por debajo de su potencial”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que se trata de un fenómeno social que puede ser dirigido a grupos específicos, requiere de complicidad social y tiene un impacto simbólico; todo ello fundamentado en estructuras de poder patriarcales que validan la heterosexualidad como la única orientación sexual correcta, naturalizándola al grado de infiltrarla en los sistemas sociales, culturales y de justicia.
De acuerdo con el informe “Violencia contra personas LGBTI en América” de la CIDH, quienes se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer o de alguna orientación sexual o identidad de género disidente del binario mujer/hombre, también se enfrentan a la violencia por prejuicio, entendiéndola como los agravios motivados por estereotipos en torno a la sexualidad de las otras personas, intentando castigarles por disentir de los roles de género tradicionales.
De su lado, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género (ODHVOSIG), la define como “aquella que se ejerce en contra de todas las personas que trascienden el binarismo cisgénero de mujer y hombre heterosexual, por ser lo que son”.
Pese a que existen múltiples esfuerzos por prevenir y atender las violencias contra la comunidad LGBTIQ+, aún escuchamos y vemos infinidad de testimonios evidenciando cómo el Estado guatemalteco hace muy poco por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de toda la población, como en el Congreso de la República, donde se insiste en aprobar iniciativas de ley regresivas que vulneran la posibilidad de una genuina igualdad.
Aumento de casos
“Mi mamá me corrió de la casa cuando supo que soy lesbiana y mientras viví en la calle, muchos hombres me acosaron sexualmente y llegaron a tocarme los senos y la vulva… yo era menor de edad. A los 21 años mi familia me obligó a asistir a terapias de conversión; mis hermanos me pegaban con el palo de una escoba cuando veían que los grupos religiosos no tenían los resultados que esperaban; gracias a mi actual pareja pude estudiar en la universidad, pero varios licenciados me ofrecían puntos en sus clases a cambio de acostarme con ellos para ‘quitarme lo marimacha’ y demostrarme ‘qué era un hombre de verdad’; me corrieron de un trabajo cuando supieron que soy lesbiana, excusándose en una reducción de personal, cuando en realidad fui la única despedida”, relata Maricarmen.
Su historia es un perfecto espejo de los hallazgos que el ODHVOSIG denunció en su informe “Hasta que la igualdad sea costumbre”, en el que reporta un total de 468 asesorías legales a población LGBTIQ+ por múltiples manifestaciones de violencia entre enero y diciembre 2021. De estas, 154 por casos de violencia cotidiana como amenazas y extorsión, discriminación, agresiones físicas, violación al derecho a la salud2 y violencia sexual, entre otras.
El documento evidencia que, de las personas agraviadas, los hombres gays fueron quienes solicitaron más asesorías legales, seguidos por personas trans y mujeres lesbianas; 23 por ciento de los casos ocurrieron en junio y esto se atribuye a las celebraciones del mes del orgullo LGBTIQ+ “por ser un mes de lucha y resistencia, la violencia por prejuicio tiene más oportunidad y espacios para perpetuarse”, cita el texto. Conforme a los datos recolectados por el Observatorio, en el mismo periodo se registraron 33 asesinatos en contra de dicha población: 19 de hombres gays, 9 mujeres trans, 3 mujeres lesbianas y 2 de hombres bisexuales; en el departamento de Guatemala se rastreó la mayor cantidad, con 11.
“Yo escucho hablar sobre la discriminación a la comunidad LGBTIQ+, veo que hay espacios virtuales en los que denuncian los ataques, conozco casos por mi profesión, y siempre le digo a mis clientes que deben denunciar, pero en realidad estructuralmente Guatemala no ha avanzado significativamente en materia de derechos. Es muy raro encontrar una persona que no haya pasado por una situación en la que violan sus derechos, y tiene la capacidad de dimensionar las implicaciones de actos homo, lesbo o transfóbicos. Nuestras vidas corren peligro en todo momento y nadie nos defiende, nadie vela por nosotres. Cuando sos muy joven o una persona mayor, es aún más crítica la situación”, subraya la entrevistada.
En esa misma línea, se identificó que del total de asesinatos reportados en 2021, al menos 17 jóvenes fueron víctimas de hechos violentos; dos de ellos menores de 20 años. Otro dato revelado por el informe es que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. En el caso de las mujeres trans, se puede analizar también otro tipo de violencia internalizada, como la violencia contra las mujeres. Al menos 4 de 9 asesinatos fueron perpetuados a través de la fuerza corporal, o sea al ser golpeadas o vapuleadas.
Digna resistencia
En 2021 el equipo del Observatorio realizó una serie de capacitaciones con personal de la Inspectoría General del Trabajo, la Defensa Pública Penal, Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el propósito de proveerles de herramientas y aptitudes que garanticen una atención digna a la comunidad LGBTIQ+.
Además, frente a la ausencia de datos específicos de población LGBTIQ+, el observatorio ha creado mecanismos de recopilación de información y asesoría legales que puedan favorecer procesos para la creación de políticas públicas que comprometan al Estado a asegurar el pleno goce de los derechos para todas las personas.
“Todavía hay mucho camino por recorrer, pero tengo esperanza. Mi hijo está creciendo en un hogar inclusivo, no en una familia tradicional como la que el gobierno nos quiere imponer, y esto ha representado un proceso profundo de reflexión y aprendizajes para nosotras como pareja, como mamás, pero también para quienes rodean a mi hijo en su colegio, sus amistades y sus familias…sus maestras. Eso me da aliento para seguir adelante y estoy segura que, frente a las opresiones con las que nos quieran frenar el paso, vamos a poder gritar con más fuerza y convicción”, concluye Maricarmen.
*Entrevistada solicitó resguardar su identidad, por lo que su nombre ha sido modificado.
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1. Violencias contra la población LGBTIQ+, Visibles 2020.
2. Mujeres trans: desafíos frente al sistema de salud. laCuerda 2021
3. Hasta que la igualdad sea costumbre. Observatorio Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, 2021.