laCuerda

Violencia sexual, control planificado

Uno de los 20 peritajes presentados en el caso, fue el de “Género en casos de Violencia Sexual”, realizado por Aura Cumes, doctora en Antropología. La experta explica cómo la violencia sexual perpetrada contra las mujeres Achi de Rabinal durante la guerra contrainsurgente, fue utilizada como método de control sobre la población maya Achi, a la que el ejército -a través de masacres, desapariciones, asesinatos y delitos sexuales- intentó anular desde las lógicas estructurales racistas, clasistas y sexistas, utilizando los cuerpos de las mujeres como armas para destruir los tejidos sociales comunitarios.

“Las mujeres sufrieron el conflicto armado de forma diferente a los hombres, la vio-lencia sexual en su contra se constituyó como eje central de la persecusión y represión directa. No fue un resultado natural [de la guerra], más bien fue un método planificado y deliberado”, detalla Cumes.

La especialista señala que existen evidencias en el “Manual de guerra contrasubversiva” sobre las cadenas de mando que responden a la doctrina del ejército de Guatemala, donde los hombres indígenas ocupaban el último eslabón, o sea eran quienes cumplían órdenes de los altos mandos militares y perpetraban los más atroces crímenes en contra de las mujeres y comunidades, dando valor a la formación militar basada en una “masculinidad despiadada”.

De acuerdo con Cumes, una secuencia de hechos, métodos y patrones intelectuales y materiales demuestran cómo la violencia sexual operaba desde la institución castrense, en coordinación con comisionados y PAC. “Las casas de las mujeres fueron ocupadas, ellas fueron retenidas en los mercados, interceptadas en los caminos y fueron llevadas a cautiverio para ser violadas en sus casas, destacamentos y campamentos militares. En la Aldea Xocop, además de ser violadas día y noche, fueron sometidas a otros tratos crueles, humillantes y degradantes. Se destruyeron sus bienes materiales quemando sus casas y cosechas, robando sus pertenencias y animales; dejaron a las víctimas y sobrevivientes en estado de extrema pobreza”, agrega en su intervención.

Según la perita, “hubo una persecución directa contra las mujeres, quienes repre-sentaban la mitad de la población Achi…sus cuerpos se conviertieron en territorios a través de los cuales se expresó la intención de eliminar al pueblo maya Achi”, concluye.

 

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 1981-1985

Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) cometieron sistemáticamente delitos de violencia sexual contra mujeres Achi de diferentes aldeas y comunidades de Rabinal, Baja Verapaz, en el marco de la guerra contrainsurgente. Tras enfrentar estas agresiones, las mujeres se vieron obligadas a guardar silencio.  

 

1998

En simultáneo siguieron de cerca los procesos jurídicos por las masacres de Río Negro, Plan de Sánchez y Aldea Chichupac. Durante las investigaciones de estos tres casos se identificaron múltiples denuncias por violencia sexual contra las mujeres. El discurso del Ministerio Público y de abogados que acompañan casos de justicia transicional, dejan fuera estas agresiones, argumentando que no existe ningún tipo penal en Guatemala para juzgarlos.  

 2010

Organizaciones de mujeres impulsaron el primer Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual que se convirtió en el punto de partida para hablar con más fuerza y menos estigmas sobre el delito.  

 2011

Año bisagra. El Bufete Jurídico Popular de Rabinal decidió acompañar a las mujeres que denuncian violencia sexual en casos relacionados con la guerra contrainsurgente. Se buscó a quienes deseaban emprender el camino para exigir justicia, agrupando a 36 mujeres Achi; documentaron y sistematizaron sus testimonios. Interpusieron una denuncia en la Fiscalía Municipal de Rabinal, pero luego de que las sobrevivientes fueron revictimizadas y agredidas por fiscales, solicitaron el traslado del caso a la Fiscalía de Derechos Humanos en la ciudad capital.  

 2014-2016

La abogada de Derechos Humanos, Lucía Xiloj presentó los primeros peritajes, revisó declaraciones testimoniales y solicitó diligencias de anticipo de prueba. En este periodo, contaba ya con el acompañamiento y la voz de las abogadas mayas Haydeé Valey y Gloria Reyes. En 2016 siguieron de cerca el veredicto emitido contra dos militares que cometieron el delito de esclavitud sexual en contra de 15 mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco. Esto animó a las mujeres Achi a continuar con su propio proceso.  

2018

Con la documentación suficiente que respalda las denuncias de las mujeres Achi, solicitaron órdenes de captura para los exPAC que cometieron delitos contra los deberes de humanidad y se efectuó la detención de seis de ellos.

2019-2020

Entre mayo y junio de 2019 se llevaron a cabo las audiencias de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez. El 21 de junio, la jueza dejó en libertad a los acusados porque, según ella, no fue posible acreditar los hechos a los imputados. A su vez desestimó los testimonios de las sobrevivientes y permitió que en reiteradas ocasiones los abogados defensores emitieran comentarios racistas y sexistas contra las mujeres Achi; también declaró sobreseimiento a favor de Simeón Gómez, Pedro Sánchez y Félix Tum. En septiembre del mismo año, se desarrolló una vista pública ante la jueza Anabella Cardona, presidenta de la Sala de Apelaciones, en la que se solicitó que Domínguez fuera apartada del caso por haber cometido prevaricato y denegación de justicia. La resolución de la Sala dejó fuera del caso a la juzgadora. Las mujeres Achi y sus representantes denunciaron formalmente a Domínguez en diciembre del mismo año. También en 2019, las abogadas interpusieron un recurso de casación por los tres exPAC que quedaron en libertad. La Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar y ahora la Sala Primera de Mayor Riesgo deberá revisar nuevamente el caso para dar una nueva resolución en cuanto a la situación de Gómez, Sánchez y Tum, esto podría significar un nuevo juicio. 

En enero de 2020, el juez Miguel Ángel Gálvez reabrió el caso, declaró que existen suficientes pruebas y capturan a cinco exPAC. Gálvez programó apertura a juicio público para enero 2022.

2022

Desde el 5 hasta el 19 de enero 2022, presentaron peritajes de género, esclavitud doméstica y sexual perpetrados por el ejército, la relación de las PAC y el Estado, Derecho internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, la conexión entre las PAC y el ejército; peritajes lingüísticos, un dictamen médico y evaluaciones sobre la pérdida en la espiritualidad de las mujeres Achi, entre otros. Se escuchó el testimonio de Pedrina López, su hermano Agustín y su tía Feliciana además de las grabaciones de Margarita, Marcela, Inocenta y Estefana Alvarado. Finalmente, el 24 de enero, tras 40 años de digna resistencia, el Tribunal de Mayor Riesgo “A”-integrado por Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, condenó a 30 años de prisión a Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado; una resolución que, aunque solo responde a las demandas de cinco de las 36 mujeres Achi, todas la reciben como un aliento colectivo, un reconocimiento a su memoria, a su voz y como un paso sólido en su búsqueda por justicia. 

MEDIDAS DE REPARACIÓN 

Además de confiar en que pronto la sentencia condenatoria quede en firme, las mujeres Achi esperan que se cumplan las medidas de reparación dictaminadas a su favor, siendo algunas de éstas:

• Una indemnización de Q300 mil a favor de las cinco mujeres que denun-ciaron a los condenados. 

• Planes de salud integral para las sobre-vivientes, que contemplan la atención psicológica, psiquiátrica y ginecológica. Creación y habilitación de puestos de salud en sus comunidades de residen-cia. 

• Capacitaciones a niñas, adolescentes y mujeres adultas sobre derechos hu-manos, participación política, violencia contra las mujeres y mecanismos de denuncia. 

• Cursos dirigidos al ejército y a la poli-cía nacional civil sobre prevención de la violencia sexual. 

• Becas de estudio para familiares de las mujeres sobrevivientes.

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Crimen internacional

Uno de los valiosos aportes en el caso de mujeres Achi, es el peritaje sobre derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, a cargo de la abogada de Derechos Humanos, Adriana Berjumea. En una entrevista con laCuerda, la experta explica que a través de sus valoraciones se fortalecen tres principales puntos dentro de la estrategia jurídica de las abogadas litigantes: 1. el tema probatorio, “es fundamental decirle al Tribunal por qué es importante la credibilidad al testimonio de las víctimas, por qué el dicho de las víctimas de violencia sexual tiene que ser tomado en cuenta”, 2. la aplicación del derecho internacional en la legislación interna y 3. la responsabilidad penal enfocada en la reparación. “Yo pruebo que el Estado de Guatemala está obligado a aplicar el derecho internacional, qué derecho y por qué ese derecho”, remarca. 

De acuerdo con Berjumea, Guatemala ha firmado tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos que proveen de herramientas al sistema de justicia para que juzgue crímenes que lesionaron al mundo, como fue la violencia sexual contra las mujeres Achi en el contexto de la guerra. “Lo que les pasó a ellas es un crímen internacional porque está ligado a crímenes que los mismos Estados decidieron que le importaban a todos. Esos hechos lesionaron a las mujeres del mundo…son lesiones a la humanidad”, detalla. 

La entrevistada puntualiza que para analizar el caso en Guatemala particularmente, fue vital recurrir a los Convenios y Protocolos de Ginebra, conjunto de normas jurídicas que regulan las maneras a través de las que se puede librar conflictos armados y procuran limitar sus consecuencias. Berjumea asegura que en su peritaje también apela al artículo que tipifica los delitos contra los deberes de humanidad que figura en el marco legal interno. “Guatemala todavía no dimensiona esta joya, lo que significa este artículo para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Con éste se han logrado grandes cosas que son ejemplo no solamente para América Latina sino para el mundo”, dice. 

La perita apunta que el derecho internacional ha avanzado significativamente en casos de violencia sexual, considerando “que no siempre lo que sucedió con las mujeres fue delito, no siempre la violencia sexual se juzgó y ahora esta justicia no puede quedar pendiente”. Berjumea habla además de las medidas de reparación, reconociendo que en el derecho internacional una sentencia es un acto de reparación para garantizar la no repetición. “Ante un daño hay una obligación de reparar y el derecho pasa también por lo económico porque esto puede llevar a una lógica de transformación en la vida de la víctima”. Añade que en las teorías de reparación se debe contemplar la satisfacción individual y colectiva para lograr un verdadero proceso de justicia. 

Concluyendo, la entrevistada valora los esfuerzos de las abogadas indígenas que han dado seguimiento al caso. “No siempre se presentan peritajes de derecho internacional, pero ellas tuvieron la inteligencia y proyección para saber qué necesitaban, por qué y ubicar peritajes que podrían ser interesantes”, puntualiza.

Enfrentarse a un sistema de justicia racista y misógino

Una de las particularidades en el caso de las mujeres Achi fue que las tres abogadas representantes de las víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales en el marco la guerra contrainsurgente se identifican como mujeres indígenas. Lucía Xiloj, maya k’iche’, Haydeé Valey y Gloria Reyes, mayas Achi, han tenido que derribar muchos estereotipos en este largo camino de búsqueda de justicia, frente a un sistema que reproduce la lógica estructural racista y misógina.

Xiloj, por ejemplo, recuerda que en varias ocasiones los guardias de seguridad en los recintos judiciales le han solicitado que se acredite como abogada al verla con su indumentaria, situación que no se replica con sus compañeras abogadas que no utilizan traje indígena. “Pasa mucho también con las autoridades indígenas que se presentan con su vara, porque quienes se encargan de la seguridad aducen que podría ser utilizada como arma durante una audiencia, sin tomar en cuenta su verdadero significado. Son situaciones que parecen sutiles, pero también hay otras más hostiles”, afirma. 

Valey, por su lado, comenta que “en el trabajo de litigio persiste la idea de que son los hombres los que van a Tribunales…la imagen de un hombre fuerte y que intimida con su presencia”. Reconoce además que a las abogadas con frecuencia no se les llama por su título académico como sucede con los hombres, sino con expresiones como ‘seño’. “Y si se trata de una mujer indígena todavía hay más estereotipos alrededor y es algo contra lo que se tiene que luchar”, subraya. 

Reyes menciona que, según su experiencia, esto también repercute en quienes buscan justicia y detalla que las mujeres y comunidades rurales son con frecuencia excluidas en el sistema judicial, “primero porque no hablan los diferentes idiomas y segundo, porque el personal no tiene empatía; se revictimiza a las personas y se violentan sus derechos fundamentales”, dice. En consecuencia, Xiloj afirma que los procesos se ven empañados porque existen intereses del sector económico y político que desvirtúan los casos, priorizando otros en beneficio de las minorías. “Hace falta mucho para aplicar perspectivas de género y de pueblos indígenas”, lamenta Valey, quien asevera que las mujeres Achi encararon múltiples actos de discriminación desde el momento en el que colocaron las primeras denuncias. 

Frente a todo esto, uno de los factores más complejos del caso es el delito por el que se buscaban condenas: la violencia sexual. “Para ellas ha sido muy duro enfrentarla en sus entornos familiares y comunitarios, pero era importante hablar y evidenciar la situación de manera clara”, manifiesta Xiloj. Al no existir una sentencia relacionada con delitos sexuales cometidos en el contexto de la guerra, existían muchas dudas y culpas por parte de las demandantes, por lo que llevar este proceso también supuso para ellas una sanación individual y colectiva. “Por eso la sentencia fue satisfactoria para las mujeres, se sienten bien de haber sido escuchadas y que se haya dado valor a sus declaraciones”, asiente Reyes.  “Las señoras se sienten dignificadas con la condena”, concluye Valey.

El equipo de abogadas representantes de las mujeres Achi asegura que continuará la lucha por garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación y justicia para las 36 mujeres que denunciaron, con la misma convicción y el compromiso con los que han desarrollado el proceso hasta hoy. “He aprendido mucho de la fuerza de las mujeres Achi”, sostiene Reyes, coincidiendo con Xiloj cuando asegura que “hay una solidari-dad muy fuerte entre todas… [las mujeres Achi] y tienen energía para seguir buscando y exigiendo justicia”. Mientras tanto, Valey afirma que este proceso le ha significado devolver a las mujeres Achi, la oportunidad que ella tuvo de estudiar, poniendo su profesión al servicio de las mujeres en el camino a través del cuál hilaron memoria, verdad y justicia.