El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas en un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción.  Ellas estaban institucionalizadas por orden de juez para garantizar su resguardo y protección, sin embargo, al llegar al Hogar también sufrieron vulneraciones a sus derechos. Cinco años después de este incendio ¿qué ha cambiado para la niñez y la adolescencia guatemalteca?

Mariela Castañón / laCuerda

Esas causas han provocado que, según el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), hasta el mes de enero de este año, 3,599 niños, niñas y adolescentes (NNA) continúen institucionalizados.

A cinco años de este incendio, los datos reflejan que la institucionalización sigue considerándose como una alternativa para la niñez guatemalteca, a pesar de lo que puede afectar en su desarrollo integral.

Según el artículo “Un hogar no reemplaza a la familia”, de Francisco Figueroa, publicado en el sitio web del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2017, la institucionalización prolongada por más de seis meses provoca desvinculación y desapego con la familia.

De acuerdo con este artículo, cuando se decide institucionalizar a un niño, niña o adolescente, debería considerarse el menor tiempo posible e idealmente en espacios cercanos a su comunidad para facilitar el acceso a la familia.

Paralelamente, se deberían fortalecer los programas dirigidos a las familias para que reciban asistencia en casos de pobreza y apoyo en relación con sus hijas e hijos, además de mejorar la comunicación y los diferentes ciclos de vida y de desarrollo para la niñez y adolescencia, indica Figueroa.

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Para Otto Rivera, director de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), persiste la preocupación por la situación de la niñez, porque no ha habido cambios profundos para atender sus necesidades, y tampoco existe un verdadero sistema de protección.

Rivera dice que, aunque se cerró el Hogar Virgen de la Asunción que era una macro institución, la niñez es institucionalizada en las casas de modelo residencial, donde tampoco ha habido una reforma integral, aunado a la estigmatización que enfrentan por parte de vecinos e incluso funcionarios que les llaman “delincuentes”.

Las niñas, mayormente institucionalizadas

Precisamente, el 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer, fueron 41 niñas las que perdieron la vida; en la actualidad son las que mayormente son institucionalizadas y una de las causas identificadas por el CNA es el abuso y comercio sexual.

Los datos del CNA reflejan que, de los 3,599 casos de institucionalización, 2,081 corresponden a niñas y 1,518 niños.

Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), explica que la pandemia de COVID-19 agravó la situación de la violencia sexual contra las niñas y los niños, porque no tuvieron oportunidad de regresar a la escuela y algunos de sus agresores se encontraban en casa.

Montenegro también expone que los medios de denuncia todavía son débiles porque en comunidades lejanas un número de teléfono o un botón de pánico, no está al alcance de las adolescentes que sufren violencia sexual.  Además, durante la pandemia, se han cerrado las consultas externas de algunos hospitales, lo que provoca que las niñas embarazadas no puedan acceder a un control prenatal.

Ilustración: Diego Orellana

En el año 2020, Osar siguió cinco casos de suicidios de adolescentes embarazadas entre 14 y 19 años, que tomaron phostoxín para segar su vida, esto evidencia pocas oportunidades, esperanza y programas que ayuden a las niñas víctimas de violencia sexual, dice Montenegro.  La tendencia continúa, porque solo en el mes de enero de 2022, Osar registra 178 embarazos en niñas de edades comprendidas entre 10 y 14 años.

Una transformación del sistema actual

En el año 2017, tras el incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, surgió la iniciativa 5285 Ley Integral de Protección de Niñez y Adolescencia, que crearía un Instituto y coordinaría las acciones para crear un sistema de protección para la niñez y adolescencia; sin embargo, sigue pendiente de tercera lectura en el Congreso.

María Caba, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, considera que para evitar la institucionalización debería existir mayor protección para las niñas y niños, es decir que tengan acceso a la educación, así como el fortalecimiento a las instituciones que coordinan respuestas para la niñez vulnerada en sus derechos.

Otto Rivera, de Ciprodeni, concluye en que el Estado debe priorizar una agenda a favor de la niñez; en el mediano plazo debería existir un sistema de protección, así como inversión y una legislación apegada a los derechos de las y los menores de edad.