Carmela Jolomná Yat, de 28 años y de origen q’eqchi’, fue víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su esposo Julio Cucul. Denunció en dos ocasiones a su agresor en 2021, sin embargo, fue hasta el 12 de marzo de este año que su caso captó la atención, cuando ella dio muerte a su cónyuge para defender su vida y la del bebé que espera.
Mariela Castañón / laCuerda
Una serie de abusos y violencias fueron relatadas por Carmela en la audiencia de primera declaración, realizada el pasado 21 de marzo, en un juzgado de Alta Verapaz.
Carmela, quien en esa ocasión fue escuchada por darle muerte a su esposo, explicó ante el Juzgado que el día que ocurrieron los hechos, Cucul ingirió alcohol, la violó e intentó matarla con un machete.
Uno de los principales reproches de Julio a Carmela era que no quería otro niño, él deseaba tener una hija para “disfrutar con ella”, es decir su advertencia tenía una connotación sexual. “Él me tocaba el estómago, me apretaba mucho para sacarlo -al bebé-. Cuando llegó la última vez dijo:’hoy no te vas a salvar, lo tengo que sacar’”, expresó Carmela.
Según el relato de Carmela, Julio tenía un machete debajo de su cama y con eso intentó atacarla. Ella quería defenderse; logró quitarle el machete y lo agredió en una ocasión. Julio continuaba en su intento de matarla, pero ella pudo manipular el arma y evitó que la matara. Julio murió.
Fue la misma Carmela quien llamó al presidente y al secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo , para ponerse a disposición de la Policía Nacional Civil; inicialmente se le acusó de parricidio.
Esa fue la última vez que Julio violó y lastimó física y psicológicamente a Carmela. Ella es madre de tres niños: dos menores de edad y el tercero que espera. Su vida estuvo llena de maltrato y así lo explicó en la audiencia.
Julio además de violarla constantemente, le quemó su ropa, la sacaba de la casa junto a sus hijos para que durmieran a la intemperie. También la golpeaba. “Cuando -venía- tomado mis hijos y yo nos -asustábamos- porque sabíamos que nos quería pegar. También mis hijos cuando lo escuchaban empezaban a sacar sus chamarras y a esconderse en el monte”, describió Carmela.
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De acuerdo con la declaración de Carmela, Julio era alcohólico y agresivo, y raras veces aportaba económicamente al hogar.
Según Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, que ha dado acompañamiento a este caso, Carmela estuvo internada en dos ocasiones en un hospital debido a los golpes sufridos por parte de su conviviente. Además, un Juzgado de Paz le había otorgado medidas de seguridad, pero se vencieron a finales de enero de este año.
El Ministerio Público (MP) confirmó dos denuncias interpuestas por Carmela, que estaban bajo investigación de la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz, una fue interpuesta el 30 de julio de 2021 y la otra el 15 de septiembre de 2021.
Falta de mérito por legítima defensa
Tras la declaración de Carmela y de los indicios valorados en el caso, el MP decidió solicitar falta de mérito en contra de Carmela, tomando en cuenta los antecedentes de violencia.
El Departamento de Comunicación del MP, informó que presentó 41 elementos de convicción, en donde establecieron que Carmela actuó en legítima defensa, lo cual fue aceptado por el Juzgado.
De acuerdo con el Colectivo Artesana, en los últimos años han acompañado por lo menos seis casos similares a los de Carmela, donde las mujeres son víctimas de violencia y dan muerte a su esposo; han sido acusadas por parricidio u homicidio en estado de emoción violenta; han recibido condena.
Un caso histórico
El abogado Edgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinación Técnico Profesional del Instituto de Defensa Público Penal (IDPP) explica que esta resolución es histórica para el sistema de justicia porque el Juzgado hizo prevalecer la violencia que sufría Carmela, e incluso al fundamentar la falta de mérito, se notificó a los agentes custodios que Carmela ya no debía ser trasladada al centro hospitalario donde estaba recluida, “aquí prevaleció la presunción de inocencia y todas las convenciones ratificadas por Guatemala en materia de derechos humanos”, resume el jurista.
Del año 2017 a 2021, los abogados del IDPP han asistido a 49 mujeres acusadas por el delito de parricidio.
Aunque Carmela no podrá volver a su comunidad porque fue expulsada de la aldea Rocja Satzac, Cobán, Alta Verapaz, ha empezado una nueva vida junto a sus hijos.
