El ejercicio periodístico está bajo acecho del terrorismo judicial. Esta fue la conclusión a la que arribó la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) luego de monitorear en los últimos meses la situación de periodistas y personas comunicadoras sociales. De enero a octubre de 2022 se registraron 105 agresiones y otros actos violentos en su contra, es decir, cada dos o tres días la integridad de un o una periodista fue vulnerada. Sumadas las agresiones de los dos años previos, este gobierno, acumula ya 389 casos registrados.
El escenario complejo actual podría avizorar un futuro más complicado todavía, explicó la misma fuente, ya que la impunidad con la que actúa el funcionariado público con el aval del sistema de justicia, podría desatar un aumento de casos de criminalización, encarcelamientos, periodos más prolongados de prisión e incluso intervención de medios. Si se escarba un poco en los motivos, es posible argumentar que el objetivo de dichos actos es el silenciamiento y disciplinamiento de sus voces, de su trabajo y de las denuncias que pudieran colocar en el debate público.
Esta afirmación por sí sola ya es grave. Sin embargo, la situación es peor aún. “El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”, explica la APG en el informe presentado recientemente.
Lo cual quiere decir que no solo se pretende tener a la prensa silenciada, también a cualquier voz disidente, a la ciudadanía en su totalidad ya que cualquier persona que reclame derechos es inmediatamente señalada como enemiga, como alguien a quien conjurar.
Estamos viviendo la etapa superior de la Doctrina de Seguridad Nacional en la que la figura de enemigo interno se aplica a diestra y siniestra para silenciar y aniquilar a cualquiera que se atreva a disentir con el proyecto de quienes encarnan el Pacto de Corruptos.
Las mujeres desobedientes, las que no queremos callarnos, estamos hace rato en esa lista. Pero las feministas hemos luchado durante más de dos siglos para que nuestra voz sea escuchada. Y no queremos que se nos censure, que se nos vuelva a la invisibilidad y el silencio. Nuestro derecho a la palabra, a existir y comunicarnos, no es negociable.
