Mélina Nantel / laCuerda
Norma Sancir es una periodista comunitaria que cree firmemente en la práctica de la libertad de prensa desde el corazón de su comunidad. Para ella, el periodismo es una herramienta para defender valores trascendentales como los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. En una entrevista con Radio Canadá Internacional, declaró: «La libertad de información existirá cuando nos permitan decir la verdad».
El caso de la periodista Norma Sancir sigue suscitando preocupación y atención en el sistema judicial de Guatemala. Durante la audiencia celebrada el miércoles 17 de mayo, en el marco del proceso por su detención ilegal, se produjo un contratiempo significativo: la ausencia de una de las acusadas, Marcelina Lopez Pérez. Como consecuencia, la audiencia tuvo que ser pospuesta y reprogramada para el 28 de junio.
Para comprender plenamente el contexto de esta situación, es crucial recordar los eventos que tuvieron lugar en 2014, cuando las comunidades indígenas Maya Chorti se movilizaron en el puente Jupilingo, ubicado en Chiquimula, para denunciar los abusos y violaciones de los derechos humanos. La periodista Sancir, de origen indígena, decidió cubrir dicha protesta en aras de informar a la sociedad.
Sin embargo, la labor periodística de Norma se vio interrumpida abruptamente cuando fue arrestada y recluida en la prisión de Los Jocotes, en Zacapa. A pesar de no haber recibido una sentencia dictada por un juez, se le privó de su libertad durante cinco días. Finalmente, el 22 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Chiquimula determinó que no existían fundamentos legales para justificar su encarcelamiento. A partir de ese momento, se inició un proceso judicial contra los agentes responsables de su arresto, entre los que se encontraban Olga Leticia Segura, Mirna Marleni Augustin Alvarez y Marcelina López Pérez, así como el comisario Ceferino Salquil Solval.
El largo camino hacia la justicia
En los últimos dos años, el proceso ha sido pospuesto en nueve ocasiones por diversos motivos. Lamentablemente, el 17 de mayo, fecha en la que se esperaba que se llevara a cabo la audiencia, nuevamente fue cancelada debido a la inexplicada ausencia de López, una de las acusadas. Se le ha otorgado un plazo de 48 horas para proporcionar una justificación válida para su ausencia.
En medio de esta situación, el abogado de los demandantes en el caso, Héctor Reyes, perteneciente al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), expresó su preocupación por las actitudes obstruccionistas y malintencionadas que han surgido. “Con estas actitudes maliciosas de seguir entorpeciendo, consideramos que no tienen el deseo de someterse a la justicia. El rol de ellos es comprobar su inocencia y consideran que va a existir una pena condenatoria, por esa razón están usando estos argumentos de no presentarse”, declaró el abogado Reyes.
La libertad de prensa en peligro
Además del caso de Norma Sancir, esta lamentable situación pone de manifiesto el difícil panorama que enfrentan las y los periodistas en Guatemala. Desde el año 2018 hasta el 2023, al menos 30 personas involucradas en el sistema judicial guatemalteco, entre ellas fiscales, activistas y periodistas, se han visto obligadas a exiliarse para denunciar las persecuciones políticas en su contra.
Uno de los casos más recientes es el del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien el pasado 2 de mayo fue llevado a juicio tras haber estado en prisión durante casi 10 meses. Zamora Marroquín había lanzado acusaciones de corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, lo que resultó en su arresto y posterior encarcelamiento.
Estos no son casos aislados. Carlos Choc y Robinson Ortega han sido criminalizados, Anastasia Mejía ha sido víctima de un encarcelamiento arbitrario y Sonny Figueroa ha sufrido agresiones. Ante el temor de represalias, muchos periodistas optan por no firmar sus crónicas o reportajes y se convierten en blancos de amenazas y presiones para revelar sus fuentes de información. Incluso algunos han sido incluidos en listas de acusados cuando cubren casos criminales emblemáticos.
La gravedad de la situación ha llevado a que alrededor de una veintena de periodistas haya abandonado el país tras recibir amenazas o ser acusados injustamente. Otros se encuentran bajo vigilancia constante o han sido objeto de amenazas de muerte. Estos hechos refuerzan la preocupante realidad que documenta Artículo 19 en su informe «Guatemala: Sin libertad de prensa no hay democracia«. Aunque el país cuenta con un fiscal especializado en delitos contra periodistas, la gran mayoría de los casos de intimidación y agresión hacia la prensa no son debidamente investigados y quedan impunes. Un ejemplo trágico de ello es el asesinato del periodista Mario Ortega en 2020.
La situación de Norma Sancir y de otros periodistas en Guatemala destaca la urgencia de proteger la libertad de prensa y garantizar la seguridad de quienes ejercen esta noble labor. El periodismo desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de las injusticias. Sin un entorno propicio y seguro para los periodistas, se pone en peligro la democracia y la posibilidad de construir una sociedad justa e igualitaria. Es imperativo que las autoridades guatemaltecas tomen medidas efectivas para investigar y castigar los actos de violencia y persecución contra los periodistas, así como para garantizar la plena libertad de expresión en el país.
