Mélina Nantel / periodista laCuerda
No quisiera que otras mujeres pasen lo mismo que yo pasé, por eso he puesto una demanda al Estado
Beatriz, 2015
El emblemático caso de Beatriz vs. El Salvador ha suscitado un intenso debate a nivel internacional sobre la autonomía de las mujeres y la violación de sus derechos fundamentales. Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, se encontró en una situación desgarradora al serle negado el derecho a interrumpir un embarazo inviable que ponía en grave peligro su vida.
Este caso ha trascendiendo fronteras resaltando la urgente necesidad de garantizar la autonomía y el bienestar de las mujeres en todo el mundo, y desencadenado una feroz batalla legal y moral en un país donde el aborto está completamente prohibido. Representa una encrucijada crucial hacia la igualdad de género y subraya el papel fundamental del feminismo en la lucha por los derechos reproductivos y la justicia social.
“Quiero vivir”
Nacida el 30 de octubre de 1990 en una comunidad rural de Usulután, El Salvador, Beatriz proviene de un trasfondo marcado por la extrema pobreza. A los 19 años, se le diagnosticó lupus eritematoso sistémico, agravado por nefropatía lúpica y artritis reumatoide. El lupus, una enfermedad autoinmune, provoca inflamación y daño en distintas áreas del cuerpo.
En 2011 experimentó su primer embarazo, riesgo considerable para su salud debido a su delicado estado médico. Durante ese período, se sometió a una cesárea de emergencia, y su bebé nació prematuro con síndrome de dificultad respiratoria y enterocolitis necrotizante. En febrero de 2013, durante su siguiente embarazo, Beatriz recibió un diagnóstico de alto riesgo. Fue en marzo de ese mismo año, mientras acudía al hospital para tratar lesiones relacionadas con el lupus, cuando una ecografía desveló una dolorosa verdad: una grave malformación fetal conocida como anencefalia. Esta condición congénita implica la ausencia de una parte significativa del cerebro y el cráneo en el feto. Como resultado, los bebés con anencefalia tienen una esperanza de vida muy limitada y suelen fallecer poco después del nacimiento. Este descubrimiento marcó el inicio de un desafiante camino en su lucha por la vida.
Fotografía cortesía
Ante la trágica certeza de la imposibilidad de supervivencia de su bebé y los graves riesgos para su propia vida al proseguir con el embarazo, tomó la valiente decisión de presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Su solicitud era clara y urgente: la interrupción del embarazo. La legislación salvadoreña prohíbe terminantemente el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de malformaciones fetales graves y peligro de muerte para la madre. Enfrentada a esta ley implacable, Beatriz luchó por su derecho a decidir sobre su propia vida.
“En vista de que no había ninguna posibilidad de revertir la anomalía congénita del feto, sólo nos quedaba proteger la vida de esta mujer”, expresó con convicción el Dr. Guillermo Ortiz, uno de los quince médicos que respaldaron firmemente la necesidad del aborto terapéutico en este caso. Su voz se sumó al coro de profesionales de la salud que abogó por el derecho a recibir la atención médica necesaria para salvaguardar su propia vida en una situación tan delicada y desafiante.
La falta de excepciones en la legislación salvadoreña para casos de malformaciones fetales graves añadió una capa más de complejidad a la situación. A pesar de las recomendaciones médicas y los esfuerzos legales, el Estado de El Salvador se mantuvo firme en su negativa de autorizar el aborto terapéutico.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una orden para que se realizará una cesárea a Beatriz, ya que continuar con el embarazo representaba un grave riesgo para su vida. A regañadientes, el Estado salvadoreño accedió a llevar a cabo la cesárea, un procedimiento mucho más invasivo de lo que inicialmente se requería. Tristemente, el feto falleció aproximadamente cinco horas después. Posteriormente, Beatriz enfrentó complicaciones de salud y, cuatro años más tarde, lamentablemente perdió la vida debido a un accidente de motocicleta menor que desencadenó otros problemas de salud relacionados con su lupus.
“Beatriz tuvo que pasar 81 días hospitalizada, enfrentando amenazas de la Fiscalía y presentando un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Se encontró con todos los obstáculos que el sistema de salud y el sistema de justicia patriarcal pueden generar para las mujeres”, comentó con indignación Sara García Gross, reconocida activista feminista y defensora de los derechos humanos salvadoreña, quien ocupa el cargo de Coordinadora de Incidencia Política en la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y ha estado profundamente involucrada en el movimiento #JusticiaParaBeatriz.
En la actualidad, el Estado salvadoreño se enfrenta a una demanda ante la CIDH por violación de derechos humanos y tortura en el caso de Beatriz. Durante el proceso judicial, la madre reveló que los médicos le habían informado que no era posible continuar con el embarazo, pero no tenían el derecho de realizar una interrupción. “Para mi hija, tomar la decisión de querer seguir viviendo fue una tortura. Sólo deseo que nadie más tenga que pasar por lo que mi hija vivió. Eso es todo”, expresó su madre en la corte de San José, Costa Rica. Se espera que la CIDH emita su fallo antes de que finalice el año, lo que podría sentar un precedente significativo para los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador.
El aborto en El Salvador: una degradación histórica de derechos
La situación legal del aborto en El Salvador ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de su historia. Antes de 1997, existían opciones y circunstancias que permitían acceder al aborto, como en casos de violencia sexual o malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero, que representaban riesgo para la salud de la mujer.
Sin embargo, tras la guerra civil de 12 años, las reformas al Código Penal tuvieron un impacto negativo en los derechos de las mujeres. En 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz, se realizó una actualización del Código Penal, pero fue en ese momento cuando se penalizó el aborto de manera absoluta. Esta penalización fue impulsada por una alianza conservadora conformada por la jerarquía de la iglesia católica, la extrema derecha y grupos con fuertes vínculos religiosos.
Desde 1993, apenas un año después de los Acuerdos de Paz, ya se presentaban proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que buscaban la total penalización del aborto. A finales de ese mismo año, se aprobó una propuesta de ley que reconocía la vida y establecía el “Día de la Persona por Nacer”, enmarcado en la tradición católica del Día de los Santos Inocentes.
A partir de entonces, esta alianza conservadora impulsó una serie de reformas que llevaron a la completa criminalización del aborto en el país en 1997. El Salvador se ha convertido en uno de los pocos países de la región con una abordaje tan punitivo sobre un tema que afecta directamente nuestros cuerpos y vidas, como comenta Sara García Gross. Posteriormente, en 1999, se llevó a cabo una reforma constitucional en la que se reconoció la vida desde el momento de la concepción. Estos cambios legislativos y constitucionales han tenido profundas consecuencias en la vida y salud de las mujeres salvadoreñas.
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Víctimas de las leyes: mujeres del hospital a la cárcel
La penalización del aborto conlleva consecuencias drásticas para las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. “Una de las trágicas realidades que hemos identificado es la criminalización y persecución de mujeres que pasan del hospital a la cárcel”, explicó Sara.
De acuerdo con las estadísticas reveladas por la investigación “Del hospital a la cárcel: consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo en El Salvador. 1998-2019”, se ha criminalizado a 196 mujeres entre 1998 y 2022 debido a la prohibición total del aborto. Sorprendentemente, el 54 por ciento de las denuncias provienen de hospitales públicos y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, el 37 por ciento de las procesadas han sido condenadas, un 22 por ciento bajo cargos de homicidio agravado, además de que enfrentan sentencias que oscilan entre 12 y 50 años.
Ellas encarnan la cruel realidad de la criminalización y la tortura, a veces sólo por el deseo de vivir. Un ejemplo impactante es el caso de Manuela, una madre salvadoreña de 33 años que falleció a causa de cáncer linfático después de ser condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Fue acusada de haber practicado un aborto ilegal, a pesar de no existir evidencia de la presencia de un feto en su útero. Manuela murió como resultado de una emergencia obstétrica, sin haber recibido los tratamientos adecuados para el cáncer, la verdadera enfermedad que padecía y no el embarazo.
Manuela, analfabeta de escasos recursos económicos, vivía en una zona rural y falleció en 2010. Durante los dos últimos años de su vida, sufrió violaciones a sus derechos de manera continua. Por primera vez en la historia, la CIDH responsabilizó internacionalmente al Estado de El Salvador por violar diversos derechos fundamentales, incluyendo el derecho de Manuela a acceder a servicios de salud reproductiva.
La CIDH se pronunció sobre este caso, destacando que debido a la total penalización del aborto, muchas mujeres han sufrido y han sido condenadas por homicidio agravado, enfrentando con demasiada frecuencia penas de entre 30 y 50 años de prisión. Además, la CIDH denunció la violencia ejercida por el Estado salvadoreño, señalando que estas mujeres a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. “La mayoría de las mujeres procesadas en estos casos tienen ingresos económicos escasos o nulos, provienen de zonas rurales o áreas urbanas marginadas y tienen niveles educativos bajos”, declaró la CIDH. Como explicó Sara García:
«El caso de Manuela se ha logrado gracias a esta fuerza colectiva y al movimiento de las que estamos luchando por la justicia reproductiva. Se logró que el Estado salvadoreño fuera condenado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió Manuela, quien enfrentó las consecuencias máximas de vivir en un país tan restrictivo y punitivo, Manuela pasó sus dos últimos años de vida en el pabellón de reos del Hospital Rosales, lejos de sus dos hijos, lejos de su familia, lejos de su comunidad.»
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La militante explica que esta criminalización total del aborto tiene consecuencias para la salud de las mujeres, ya que los hospitales se convierten en lugares donde se busca impartir justicia en lugar de brindar la atención médica que las mujeres necesitan. “Si una mujer llega a un hospital público con un sangrado, se le anula y se le arrebata la presunción de inocencia, se le impone la presunción de culpabilidad. A partir de esto, comienza esa antesala del juicio dentro del hospital donde debería proporcionarse la atención integral que necesitan, donde deberían escucharte”, explica.
Los profesionales de la salud que deseen recomendar o practicar un aborto se enfrentan a penas de hasta doce años de prisión. Como resultado, muchos de ellos prefieren denunciar a las pacientes sospechosas para evitar su propia condena.
Es importante destacar el caso de Manuela, que llegó hasta la CIDH, al igual que el caso actual de Beatriz, cuya sentencia aún está pendiente. El caso de Beatriz, al igual que el de Manuela, ejemplifica la crueldad de las leyes antiaborto y el enorme sufrimiento que enfrentan las mujeres que se ven afectadas por ellas, incluso poniendo en peligro sus propias vidas. Su caso se ha convertido en un poderoso símbolo en toda América Latina, ya que una sentencia favorable podría abrir las puertas para garantizar el derecho al aborto en el país, especialmente en situaciones en las que la vida de la mujer esté en riesgo. Beatriz no es la única que ha vivido esta historia, sino que refleja la realidad de muchas otras mujeres en América Latina y el Caribe.
Desde la implementación de la prohibición del aborto en El Salvador en 1998, más de 600 mujeres han sido acusadas y enviadas a prisión por buscar un aborto. En la mayoría de los casos, han experimentado abortos espontáneos, enfrentando no sólo el dolor y el sufrimiento emocional de perder a un hijo, sino también el encarcelamiento por un “crimen” que no cometieron. Es importante destacar que más de un tercio de los embarazos en El Salvador son de madres adolescentes, una realidad que se vincula parcialmente con las violaciones que ocurren especialmente en la región cercana a la capital, San Salvador.
La lucha por los derechos reproductivos en América Latina
La lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres continúa siendo una batalla fundamental. En muchos países de la región, las mujeres se enfrentan a severas restricciones y obstáculos para ejercer su autonomía y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Hasta el año 2020, el 97 por ciento de las mujeres latinoamericanas vivían en naciones donde el acceso al aborto estaba fuertemente restringido.
Felizmente ha habido avances significativos en algunos países. Argentina, en un acto de valentía y progreso, logró legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación en 2020. Este hito histórico ha inspirado a otros estados como México y Colombia, los cuales han iniciado procesos para legalizar ciertos aspectos relacionados con el acceso al aborto. A pesar de estos avances, aún existen naciones donde se prohíbe completamente la interrupción del embarazo, sin excepciones, tales como El Salvador, Nicaragua y Honduras.
En el caso particular de Guatemala, el más reciente Día de la Mujer marcó un triste retroceso en los derechos de las mujeres. Anteriormente, el país contemplaba penas de 1 a 3 años de prisión para aquellas mujeres que decidían interrumpir su embarazo. La nueva ley aprobada el 8 de marzo de este año impone condenas de 5 a 25 años de cárcel, sin importar las circunstancias del aborto. Esta legislación regresiva no sólo es una afrenta a los derechos humanos, sino que también perpetúa la injusticia hacia las mujeres al criminalizar sus decisiones y poner en peligro su salud y bienestar.
Es importante resaltar que estas restricciones draconianas no sólo afectan a las adultas, sino también a las niñas. Durante el año 2021 se registraron más de 70 mil embarazos en niñas en Guatemala. El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) en Guatemala reveló datos alarmantes, informando que 2 mil 41 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, mientras que 70 mil 36 adolescentes de entre 15 y 19 años también vivieron la maternidad en condiciones precarias.
La Organización Mundial de la Salud, en su sabiduría y experiencia, no sólo rechaza la promulgación de leyes restrictivas basadas en supuestos, sino que también aboga por un acceso seguro y legal al aborto a solicitud de mujeres, niñas y personas embarazadas.
Las consecuencias de la prohibición total del aborto
El aborto, como derecho humano fundamental, implica una serie de consecuencias que debemos considerar. Entre ellas encontramos los impactos de la prohibición en niñas y mujeres jóvenes, así como las desigualdades sociales que se profundizan bajo esta circunstancia. La prohibición del aborto conlleva clandestinidad y lucro, y afecta a quienes no tienen acceso a información, viajes o clínicas privadas. Estas personas se enfrentan a la criminalización y corren el riesgo de que su vida les sea arrebatada. Esta problemática se ve agravada en comunidades de escasos recursos y en zonas rurales donde la persecución judicial sobre los cuerpos de mujeres jóvenes en situación de pobreza se ensaña.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto de El Salvador e integrante de la Colectiva Feminista para el desarrollo local, al explicar las consecuencias de esta prohibición, destaca las graves implicaciones que tiene para las mujeres que viven en situación de pobreza, especialmente las jóvenes. Limita la posibilidad de llevar a cabo un proceso que, en muchas ocasiones, está relacionado con razones de salud. Las mujeres en general se ven limitadas, pero aquellas con recursos pueden encontrar soluciones alternativas. Por otro lado, existe un estigma que dificulta el reconocimiento de las posibilidades y se habla de manera silenciosa y discreta. Otra barrera social es la falta de acceso a una educación integral en sexualidad, lo que resulta en la falta de información. Muchas veces, los abusos no son interpretados como tales en un primer momento, y cuando se dan cuenta, ya están embarazadas.
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El aborto como un derecho humano fundamental implica una serie de consecuencias que debemos considerar. Podemos hablar de las otras repercusiones relacionadas con los embarazos impuestos en niñas, así como con todo lo que conlleva sostener una prohibición. Además de la clandestinidad y el lucro que se genera bajo esta total prohibición, se profundizan también las desigualdades sociales.
La prohibición del aborto no sólo afecta a la autonomía y la integridad corporal de las mujeres, sino que también tiene consecuencias en su salud y bienestar. Las leyes restrictivas sobre el aborto impactan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas vulnerables, ya que a menudo carecen de acceso a procedimientos seguros y legales. Esto puede llevar a abortos riesgosos que conllevan graves complicaciones de salud, lesiones e incluso la muerte.
Según la Organización Mundial de la Salud en 2011, “el 11 por ciento de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país perdieron la vida como consecuencia de ello”.
En ese sentido, la legalización y regulación del aborto se convierte en una medida crucial para garantizar la salud y el bienestar de las mujeres y niñas. Al proporcionar acceso a procedimientos médicos seguros, se reduce significativamente el riesgo para su salud y bienestar.
Otra consecuencia que debemos abordar es la reducción de la mortalidad materna. Los abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo, y América Latina presenta una de las tasas más altas de muertes maternas debido a procedimientos inseguros. Al legalizar el aborto, los gobiernos pueden contribuir a prevenir muertes innecesarias y garantizar la protección de la vida de las mujeres.
Es fundamental considerar el aspecto de la violencia de género. Muchos embarazos son el resultado de violencia sexual, como violaciones e incesto. Negar el acceso al aborto seguro y legal obliga a las víctimas a llevar adelante el embarazo, perpetuando su trauma y comprometiendo su salud mental y física. La legalización del aborto proporciona una opción esencial para que las sobrevivientes puedan recuperarse y retomar el control sobre sus vidas.
Un llamado a la acción por un futuro más igualitario
El caso de Beatriz y su lucha por la justicia marcan un hito en el camino hacia el futuro. Como mencionó Morena Herrera, la movilización social y el apoyo público en favor de Beatriz en 2013 han tenido eco y repercusiones en el presente. Se han realizado transmisiones públicas de las audiencias en varios lugares de El Salvador para garantizar que las personas sin acceso a Internet o computadoras puedan presenciar el proceso. Además, se han llevado a cabo actividades de sensibilización y difusión en apoyo al llamado de justicia para Beatriz.
La movilización ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica durante el juicio también fue destacada. Mujeres de organizaciones de Centroamérica y otros países de América Latina se unieron en un poderoso movimiento en contra. A pesar de los recursos limitados, valientes activistas durmieron en la calle para proteger la sede de la movilización.
En cuanto a los próximos pasos, Morena Herrera enfatiza la importancia de que la Corte reconozca la violación de los derechos de Beatriz, específicamente por la negación del aborto solicitado en la primera semana. Esto implica que el Estado ha violado sus derechos y, en consecuencia, se requerirán medidas de reparación para su familia.
La lucha por justicia para Beatriz no sólo busca reparación para ella y su familia, sino también promover cambios significativos en las políticas y prácticas relacionadas con la interrupción del embarazo. El objetivo es garantizar que las mujeres tengan acceso seguro y legal a estos procedimientos, preservando así sus derechos y su dignidad.
En este momento histórico de la lucha por los derechos reproductivos y la justicia en El Salvador, es fundamental que las mujeres en Guatemala y en toda América Latina se unan y apoyen a sus hermanas salvadoreñas. Juntas podemos hacer frente a las barreras y desafíos, y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todas. En este sentido, Sara García Gross comenta: «La posibilidad de encontrarnos es poderosa. En estos últimos tiempos, hemos presenciado encuentros feministas que nos permiten intercambiar experiencias, crear redes y fortalecernos. También nos permite ver la realidad desde una perspectiva regional, donde compartimos dolores, historias, violencias y resistencia.»
Sara nos invita a estar atentas al proceso legal que se desarrolla en El Salvador, especialmente en relación con la sentencia de Beatriz por parte de la CIDH. Es crucial difundir y crear conciencia sobre la penalización absoluta del aborto, las excepciones y la injusta criminalización que enfrentan las mujeres en El Salvador. A través de notas de prensa, conversatorios y diálogos, podemos visibilizar las violaciones a los derechos reproductivos que ocurren en medio de una sociedad convulsa. Por eso, el próximo XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe que se llevará a cabo en noviembre de este año en El Salvador, es un momento histórico que debemos aprovechar al máximo. A continuación destaca: «Estemos alertas en este momento histórico y difundamos lo que sucede en El Salvador. Invito a las compañeras de Guatemala a apoyar la lucha, a estar pendientes y unirse en el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Construyamos desde la solidaridad y recordemos que estamos aquí para respaldar la lucha centroamericana.»
Morena Herrera también nos brinda un mensaje de esperanza y cambio. Como afirma, hay esperanza de que las cosas cambiarán, pero esto requiere esfuerzo y luchar no sólo por nuestros propios derechos, sino también por los derechos de las demás.
Firma por #JusticiaParaBeatriz
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Fotografías tomadas del sitio Justicia para Beatriz en Facebook.
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