verónica sajbin velásquez/La Cuerda
Los días 17 y 18 de julio se realizó la III Cumbre entre las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tras ocho años de postergar esta cita. La Cumbre permitió un intercambio de ideas y perspectivas entre América Latina y Europa, aunque su Declaración Final evidencie una carencia de acuerdos y proyectos tangibles, además de las diferentes preocupaciones que prevalecen en ambos continentes.
Uno de los intereses de la UE por América Latina y el Caribe son los procesos de transición energética y digital, además del avance de China que significaría para Estados Unidos perder su hegemonía, la guerra en Ucrania, entre otros. Los intereses de América Latina en dichos temas no están dimensionados de la misma manera, según se puede observar en las distintas declaraciones de los presidentes latinoamericanos. Sus preocupaciones van más por la estabilidad institucional, la desigualdad económica y el incremento de la inseguridad ciudadana. Un tema que puede ser común entre ambas regiones son los efectos adversos que el cambio climático provoca y la degradación ambiental provocada por el capitalismo, cuestiones que el feminismo ha puesto sobre la mesa desde la destrucción que genera un sistema de muerte como el que se promueve en la actualidad desde las grandes potencias económicas y medios de comunicación.
En ese sentido, se reconoce que vivimos un tiempo de crisis sistémica y múltiple. El aceleramiento de la destrucción ecológica agudizan los desequilibrios en la relación sociedad-naturaleza, propiciando la emergencia de pandemias, crisis económicas, desastres relacionados con fenómenos naturales y un profundo descontento social.
La precarización del trabajo, el desmantelamiento de sistemas de protección social y la cada vez más amplia difusión de información falsa o engañosa se suman a la crisis, generando un ambiente propicio para ideas antidemocráticas y la llegada al poder de regímenes autoritarios en distintos países del mundo, en especial en Latinoamérica, problemáticas que se agudizan aún más en un país como Guatemala, con una institucionalidad corrompida y una población que vive diariamente en incertidumbre y con miedo por la desigualdad económica y la inseguridad ciudadana.
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La lucha por la la defensa de la tierra y por el respeto a la naturaleza, se encuentra en el corazón de los conflictos en este territorio de poblaciones mayormente mayas que han sido despojadas históricamente de estos bienes. El incremento de la necesidad de contar con “recursos” claves, por países del norte global, ha profundizado el extractivismo, el cual, con la complicidad de gobiernos autoritarios y corruptos, genera incentivos perversos para evadir las normativas establecidas, con impactos negativos, tanto ambientales como sociales. Este modelo ha dejado ya mucha pobreza, destrucción de la naturaleza y violaciones a los derechos humanos de la población afectada. En los tiempos actuales, para eliminar a la oposición y la resistencia al despojo se ha reemplazado el cuartelazo por la persecución jurídica (o lawfare, como se le conoce).
Ante esta situación ¿cómo cumplir las metas ambientales establecidas en Cumbres como la recién pasada, sin traspasarle el costo a las poblaciones más vulneradas? ¿Qué aspectos tienen que confluir a nivel local, nacional y global para poder hablar de una transición justa, feminista, anti racista y desde los pueblos?
Las siguientes acciones estratégicas, entre otras, se han identificado desde organizaciones de la sociedad civil congregadas recientemente en Antigua Guatemala en un Encuentro Regional Latinoamericano sobre Transición Justa para dar respuesta a las preguntas planteadas en el párrafo anterior:
- Se debe demandar la ratificación de los diferentes Convenios de la OIT por parte de los países donde se instalarán los proyectos. En contextos de Estados frágiles o corruptos, es necesario que los países de origen de los capitales garanticen este cumplimiento.
- Se debe reconocer a los pueblos como sujetos y tener en cuenta sus necesidades reales. Existen otras realidades diferentes a los Estados nación, como las formas de organización de los pueblos indígenas. Se debe garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa e informada, según está definida en las constituciones.
- Propiciar la apertura o la profundización de espacios de articulación entre gobierno y sociedad civil para la generación de mecanismos de protección que busquen poner fin a la criminalización de defensores/as de derechos.
- Incorporar el análisis feminista a la transición justa, evaluando los impactos diferenciados entre mujeres y hombres. .
- Incluir de manera activa y permanente a las OSC en los diálogos y discusiones que realicen y en las tomas de decisiones de las agencias de cooperación (UE y otras) y su compromiso con los Gobiernos de AL.
- Es necesario fortalecer los mecanismos internacionales para la demanda de derechos desde los pueblos y poblaciones vulneradas, especialmente por proyectos extractivos y abusos del poder desde los Estados.
Se vienen tiempos difíciles y de mucha lucha por la defensa de nuestros territorios, por lo que se vuelve urgente la formación y la (re)creación de conocimientos. El sistema económico neoliberal nos tiene entretenidos con series, con películas en streaming, con las redes (anti)sociales. Es preciso volver a nuestras lecturas y análisis colectivos para fortalecer el pensamiento crítico y prepararnos para la defensa de la Red de la Vida.
