Rosalinda Hernández Alarcón / La Cuerda
La exigencia de libertad para la abogada Claudia González Orellana tiene una trascendencia especial que es necesario rescatar, ya que en el proceso judicial en su contra se están violentando ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Si bien, destacan las ilegalidades cometidas por parte del juez Jimi Bremer, el procedimiento se está llevando a cabo con el beneplácito de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, y magistrados del Organismo Judicial.
Junto al reclamo de libertad, se ha denunciado cada una de las violaciones al debido proceso y se ha fundamentado que la detención de la abogada González es una persecución política que se suma a otros casos. Hay que tener presente que ella fue mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y, en la actualidad, es defensora de 24 casos de persecución ilegal de operadores de justicia y periodistas, para lo cual estaba al frente de varios equipos legales.
Mantener en prisión a Claudia González significa descalificar su trabajo en la Cicig, con el que lograron descubrir algunos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala (cuyos presuntos implicados eran agentes del crimen organizado y funcionarios públicos de alto rango). Así mismo, dejar en la indefensión a perseguidos políticos como, por ejemplo, a la también abogada Virginia Laparra, el periodista Rubén Zamora, el ex fiscal Francisco Sandoval, por mencionar algunos nombres.
Se ha preguntado por qué la prepotencia con que actúa el Ministerio Público y el juez Bremer no tiene límites, por qué están tan envalentonados que ignoran los pronunciamientos de funcionarios públicos de Estados Unidos, al igual que de entidades internacionales como Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Washington Office on Latin America (WOLA), la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) Lawyers for Lawyers (fundación holandesa), así como múltiples organizaciones de mujeres y humanitarias de Guatemala.
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Quizás ambos están protegidos por agentes de esos aparatos clandestinos de seguridad, quienes se sintieron amenazados de perder su inmunidad para delinquir. No es extraño que personas sin escrúpulos actúen con mucha serenidad y firmeza en tanto están convencidas que su fuerza protectora también es ilimitada.
Otro elemento por considerar: por qué la saña en criminalizar a la excelente abogada Claudia González Orellana, acusada de cometer el supuesto delito de abuso de autoridad (según el Código Penal, tiene una sanción de cuatro años), ya que, al ligarla a proceso, le negaron su prerrogativa de arresto domiciliario y ordenaron que siga privada de su libertad, afectando así su vida profesional, laboral, personal y familiar.
Muchas irregularidades se han cometido en tanto violentan los procedimientos jurídicos y de derechos humanos flagrantemente, todo ello para concretar una venganza contra una excelente defensora de personas criminalizadas, algunas de ellas, en prisión o exiliadas. Lo cierto es que las fuerzas que apañan a Consuelo Porras, a jueces y fiscales deshonestos tienen el propósito de deteriorar un sistema de justicia con procesos viciados, mediante el control de un organismo del Estado, que a su vez está coludido con funcionarios de alto nivel del Congreso y de la Presidencia de la República.
