María Dolores Marroquín / La Cuerda
La Junta Directiva de los 48 Cantones, organización comunitaria de Totonicapán, convocó al pueblo de Guatemala a defender la democracia frente al golpe de Estado impulsado por el Ministerio Público, y apañado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y por supuesto, el presidente de la República, Alejandro Giammattei.
El proceso ciudadano de exigencia de respeto a los mecanismos institucionales que garanticen el traspaso transparente y armonioso de poder al próximo gobierno, ha pasado por distintos momentos: ya se utilizaron los mecanismos legales de petición, amparos, solicitudes con firmas de la ciudadanía; en fin, se han agotado esos procedimientos que pretendían que las autoridades escucharan las peticiones y la voluntad popular.
En los últimos once días hemos vivido y se ha hecho evidente un ejercicio participativo, autoconvocado por la población en distintos territorios del país, donde se está dando contenido a lo que nombramos y soñamos como Democracia, desde diversos enfoques, experiencias y necesidades de la población.
Después de días de silencio, el lunes se escucharon las voces de la Fiscal General y el presidente de la República con el mismo discurso: ignorar el clamor de la población y minimizar el alcance de la organización social. Ambos se dedicaron a desinformar y desvirtuar el carácter que ha tenido el alzamiento de voces y voluntades en los territorios. A los paros en más de 160 lugares los calificaron de delitos; a personas participantes, de vándalos y a las acciones de protesta, como saqueos y amenazas.
Es cierto que las distintas expresiones ciudadanas han tomado las vías, carreteras y caminos, limitando el paso de mercancías y vehículos, no así de personas; por tanto, no se puede hablar de limitación del derecho de locomoción, porque toda persona que quiera trasladarse puede hacerlo, a pie. Cuando se afirma que se limita ese derecho, es porque de alguna manera se ha mercantilizado tanto la identidad humana, que ya los objetos (como vehículos y mercancías) se han vuelto sujetos de ese derecho, lo cual desde una perspectiva más básica se vuelve ridícula.
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Este lunes recién pasado se pudo observar la ejecución de una estrategia gubernamental para justificar el uso de la fuerza pública contra la ciudadanía inconforme, mediante la contratación de cuerpos ilegales de desestabilización y de infiltración en los movimientos sociales, con el objetivo de generar violencia y disolver los encuentros ciudadanos. Pero esa estrategia está siendo detenida porque las personas que están protestando comprenden cómo funcionan las instituciones del Estado cuando funcionarios corruptos y abusivos presienten que les limitarán el ejercicio de sus influencias y arbitrariedades.
Frente a la llegada de una comitiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al panorama de la negociación, lo que nos queda a los pueblos es exigir que se cumpla con la demanda unificada de las protestas: la renuncia inmediata de quienes se constituyen en los operadores políticos del fraude de ley que desató la inconformidad ciudadana: la Fiscal General, el titular de la FECI y otros jueces y fiscales que sirven a sus propósitos.
Hoy nos toca defender la democracia, defender los sueños de un futuro mejor, y en estas asambleas populares o fiestas ciudadanas, definir cómo superar lo inmediato de este momento, tratando de fortalecer los vínculos y articulaciones territoriales.
