Rosalinda Hernández Alarcón / La Cuerda
Las acciones en defensa de los resultados electorales de agosto pasado en Guatemala continúan y ratifican su rechazo al uso malicioso de la ley con el que funcionarios -de alto nivel- buscan detener cualquier avance democrático. Por ello, cabe reflexionar cómo es posible que el Plantón frente al Ministerio Público (MP) se haya mantenido durante más de siete semanas y -probablemente- siga muchos días más; y hasta qué punto su importancia.
Sostener una actividad de ese tipo, de 24 horas, no es nada fácil ya que son indispensables los elementos logísticos: alimentación, transporte, cobijo, energía para distintos aparatos, artículos de limpieza, etcétera; junto con la disposición de muchas personas a permanecer en la calle. Eso significa que las convicciones políticas y la capacidad organizativa de quienes respaldan el movimiento (expresiones organizadas y ciudadanía no organizada) están articuladas en la defensa de una serie de demandas sociales. Eso sin duda, le ha otorgado un rasgo propio.
Exigir la renuncia de Consuelo Porras, titular del MP, y de sus subalternos (Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso) lleva consigo el repudio a los poderes conservadores que avalan la corrupción y la impunidad como una forma válida de gestión pública, que utilizan la criminalización como medida represiva para retroceder en la vigencia de derechos, que niegan la justicia transicional (genocidio, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales) en casos cuyas víctimas fueron principalmente personas indígenas, a partir del racismo feroz que impide reconocerlas como sujetos políticos. Este movimiento inició con la defensa del voto, y hoy cuestiona a casi todas las instituciones del Estado, otro rasgo importante.
Lo anterior es evidente porque al demandar la salida de funcionarios del MP, junto con la renuncia del juez Fredy Orellana, se ha sumado el repudio hacia el presidente de la República, la junta directiva del Congreso y la mayoría de magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad. En estas semanas de plantón, se va hilvanando una convergencia que supera la defensa del triunfo de Bernardo Arévalo, en tanto representa un camino para desterrar la corrupción porque esa forma de gobierno impide el acceso a una vida digna para las mayorías.
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Esta protesta está dejando experiencias, las que a su vez dejan lecciones para constituir un movimiento fuerte que tenga en perspectiva transformaciones sociales. De ahí la importancia de avanzar en espacios organizativos, más allá del plantón, los cuales mantengan su autonomía, sostengan una comunicación en condiciones de igualdad entre personas que viven realidades muy distintas, defiendan la importancia del diálogo con las nuevas autoridades sin renunciar a las acciones de presión social.
Los liderazgos democráticos en cualquier país de Latinoamérica que enarbolan el bien común son importantes, pero más allá de las figuras sobresalientes, hay que considerar la importancia de la organización social. Cabe recordar cómo en México afectó la respuesta que dio Cuauhtémoc Cárdenas a quienes salieron a las calles a defender su triunfo electoral: “regresen a sus casas, nosotros vamos a seguir por la vía legal”. Sin duda eso significó un duro golpe al movimiento ciudadano.
La continua presencia de representaciones comunitarias y sociales en el plantón frente al MP, los múltiples apoyos para sostener esta acción política, las diversas formas de expresión que rebelan el hartazgo a la corrupción, así como las manifestaciones serenas y entusiastas para defender derechos; todo ello conforma un mosaico valioso para avanzar en la organización social en Guatemala.
