Rosalinda Hernández Alarcón / La Cuerda
Grandes retos tienen quienes han tomado posesión de sus cargos en el nuevo gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, al considerar los añejos reclamos sociales. Entre ellos, resolver los rezagos alrededor de los servicios públicos: salud, educación, transporte, vivienda, infraestructura vial, seguridad, etc. Tales desafíos, sin duda, se vinculan a la exigencia generalizada de acabar con la corrupción y las maniobras espurias; urge abrir canales de comunicación entre representantes de la sociedad civil y el Estado.
Cabe señalar que las tareas que enfrenta la nueva administración pública van más allá de que existan personas honestas en altos cargos, ya que evitar las prácticas corruptas requiere una gestión que ponga en el centro el cuidado de la vida junto a una ciudadanía activa que respalde los cambios anhelados, agrupaciones y corrientes de opinión críticas que fiscalicen sin descalificaciones a priori, a periodistas y medios de comunicación independientes que reconozcan a las fuentes sociales en su quehacer cotidiano.
Entre las problemáticas nacionales, es importante destacar las desigualdades que afectan a las mujeres, originadas por la violencia patriarcal, el obligado trabajo de cuidados, la falta de oportunidades para el acceso a empleos dignos y permanentes… Con esto quiero señalar que atender estas demandas pasa por redireccionar toda la estructura de gobierno mediante enfoques que tomen en cuenta a las niñas, las jóvenes, las adultas y las ancianas. En Guatemala existen importantes experiencias organizativas de mujeres indígenas y mestizas que cuentan con propuestas de solución valiosas.
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Aunque es cierto que requiere mucho esfuerzo y tiempo la atención a tantos rezagos sociales, cabe reflexionar qué nuevos planes ejecutarán las entidades indígenas (autoridades ancestrales, coordinadoras indígenas y/o campesinas), las organizaciones del movimiento social (entre ellas, sindicalistas, universitarias, de mujeres y feministas) los cuales logren atraer a la acción política a la ciudadanía no organizada. Todo ello, teniendo en cuenta que el sistema de justicia sigue sirviendo al Pacto de Corruptos, que las fuerzas retrógradas reaccionarán furibundas al ver disminuidos sus espacios de poder y maniobra.
Hay experiencias que merecen ser tomadas en cuenta, por ejemplo, la gestión socialdemócrata de Lula da Silva en Brasil y López Obrador en México. En ambas, la corrupción persistió e incluso contagió a algunos de los nuevos funcionarios (aunque llegaron a cargos públicos siendo honestos); el apoyo incondicional inhibió la presión social o bien la articulación de fuerzas, en el entendido que tales mandatarios en sí representaban los cambios anhelados. De ahí la importancia de considerar que la corrupción es una lacra del sistema capitalista neoliberal y que alcanzar transformaciones sociales requiere fuerzas sociales activas con pensamiento crítico, no contingentes de personas aduladoras o simpatizantes que se limitan a hacer bulla.
«Estamos en una encrucijada histórica en la que tenemos la oportunidad de construir una Iximulew donde la vida digna no sea una utopía. Andar por ese camino requiere del esfuerzo de las mayorías, basado en el respeto y la reciprocidad.»#laCuerdita✨https://t.co/eoUneSAAuz
— laCuerda (@laCuerda2) January 18, 2024
