Mariel Aguilar
Ser mujer y desempeñar un cargo en la función pública tiene que ser comprendido, como es lógico, desde las complejidades históricas y contextuales de un país. Ocupé el cargo de Secretaria de Asuntos Agrarios en el período 2004-2007 durante el gobierno del Presidente Oscar Berger Perdomo. Fui invitada por el equipo de apoyo a la Vice Presidencia a partir de mi formación y experiencia laboral, particularmente en diálogos sociales. Acepté la invitación y el reto animada por la convicción de la plena validez y vigencia de los Acuerdos de Paz. Además, por la constatación, desde la Asamblea de la Sociedad Civil, (espacio de diálogo en el cual participé como delegada del Sector de Mujeres) de la confluencia de las demandas de las mujeres indígenas, campesinas y de las feministas con las demandas y reivindicaciones políticas, económicas y sociales de organizaciones campesinas e indígenas.
La Secretaría de Asuntos Agrarios fue creada como parte de la Institucionalidad de la Paz -funcionó hasta 2021, año de su clausura por instrucciones del Sr. Giamattei, actual presidente de la República-. La misión de la Secretaría era dar consistencia institucional al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria, relativos a “dar asesoría y asistencia legal a campesinos y trabajadores agrícolas.” y atender controversias, litigios y denuncias. En el mismo acuerdo se reconoce que es imprescindible la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social y se establecen medidas para diversos ámbitos.
Pude imaginar, como de hecho ocurrió, que el nombramiento de una mujer para ocupar este cargo provocaría malestar e incomodidad en más de alguno. Situación que resultó más incómoda para quienes conocían de mi militancia y compromiso político con el pensamiento y las organizaciones revolucionarias de izquierda y el feminismo. Paradójicamente, triste pero comprensible, afronté la sutileza con la cual muchas veces la subjetividad de quienes han sido tus compañeras o compañeros en el terreno político, se ve afectada por las percepciones que se tienen de quien ocupa un cargo público: se te percibe como alguien que está “del otro lado”.
Gestionar una institución pública en un contexto determinado por estructuras de poder que son expresión de un Estado excluyente, racista, clasista, sexista (que es en sí la estructura de lo que los académicos llaman el Estado-Finca), requería de imaginar y encontrar rutas de acción que permitieran avanzar en los propósitos institucionales. Asumí el cargo convencida que tendría que afrontar el dilema de cómo, desde la certeza de la imposibilidad de disputar poder al “poder hegemónico”, se podía lograr algún avance en la institucionalidad pública en beneficio de la población indígena y campesina. Por otro lado, la claridad y convicción profunda sobre dos principios: no aceptar ninguna solicitud o presión para tráfico de influencias y lograr ejercer autoridad en la conducción de la institución despojada de cualquier práctica de autoritarismo o abuso de poder y de las formas tradicionales que la mayoría de hombres ejercen autoridad o poder.
La existencia de límites jurídicos y/o institucionales que impone la estructura del Estado representan para la gestión de lo público otro de los desafíos a enfrentar. La sentencia que “los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe y el funcionario puede hacer solo lo que la ley le permite”, es el referente de las posibilidades de acción para el/la funcionario. Sin embargo, el funcionamiento institucional a lo interno está regido por la normativa propia, de donde, desde el inicio de mi gestión en la Secretaría se definieron como normas institucionales la equidad de género en la contratación para las diversas posiciones, la política de cero tolerancia a la violencia de género y al acoso sexual y laboral y adoptar medidas de dignificación del trabajo del servidor público.
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Participar en las discusiones del Gabinete de Gobierno fue una experiencia de mucha riqueza para comprender el entramado de las formas en que se da el manejo del poder, sobre todo frente a la presencia de un poder de facto que las organizaciones gremiales del poder económico ejercen sobre el Estado y constatar cómo las mujeres estamos ausentes en esas lógicas de poder.
Una de las mayores satisfacciones personales que alcancé durante mi gestión fue la de haber logrado articular los esfuerzos de profesionales especializados en la materia y la voluntad política de los presidentes de los tres organismos del Estado para la instalación del primer Centro de Arbitraje Agrario que significaba una opción para desjudicializar muchos de los conflictos agrarios.
Contrario a lo anterior, en lo relativo a las conversaciones e intentos de diálogo, a diferentes niveles, para que la institución responsable cumpliera con el compromiso de “reconocer la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. y asegurarle (a la mujer) las mismas posibilidades que al hombre, entre otros, para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos.” Consignado en el acuerdo de referencia, no se logró ningún avance significativo, lo que es una deuda pendiente con las mujeres campesinas.
Las discusiones al interior de las organizaciones y grupos feministas y de mujeres sobre el Estado y el poder provocan muchas reflexiones. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, frustraciones, tristezas, dolores, me sigue motivando la convicción de la validez de asumir cargos de liderazgo en el Estado para contribuir a promover y alcanzar los cambios que se necesitan y merecemos.
