Rosalinda Hernández Alarcón
Asignar como marco de referencia a cualquier política pública dictados religiosos, ya sea de manera implícita o explícita, ha violentado durante siglos los derechos de las mujeres, principalmente para ejercer su libertad, su derecho a decidir y a participar. De ahí la importancia que los compromisos anunciados por el presidente y la vicepresidenta de la República, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, observen este principio como garantía de no discriminación.
Lo anterior cobra relevancia en Guatemala, porque en este país se han vetado o violado convenios internacionales, en especial los referidos a los derechos sexuales y reproductivos con argumentos religiosos. En los procesos históricos de cualquier nación cuando se han impuesto dogmas eclesiásticos, las mujeres han sido subordinadas o silenciadas, aunque esto se niegue con discursos respaldados con el nombre de «dios». Solo un Estado laico puede garantizar la libertad de las mujeres.
La gestión de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei demuestra cuán aberrante puede ser gobernar con preceptos religiosos. Ambos pretendieron coartar el derecho a la educación sexual, determinar qué personas pueden conformar una familia e imponer la oración como acción gubernamental, entre otros absurdos.
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La situación que se vive en Guatemala a partir de enero de 2024 está mostrando que es posible la incorporación de mujeres en puestos de decisión gubernamental y la apertura de espacios entre representantes de las instituciones públicas y organizaciones sociales de mujeres. De tal manera que existen mejores condiciones para perfilar políticas públicas y acciones gubernamentales que promuevan los derechos de las mujeres referidos al cuerpo y la sexualidad, a la vida libre de violencias, a oportunidades de trabajo y organización, etc.
Hay que tener en cuenta que las desigualdades que vive la mayoría de las mujeres se reproducen a través de las instituciones públicas porque casi todo el personal actúa desde enfoques racistas, patriarcales y capitalistas. Sin duda, ésta es otra tarea titánica para quienes ahora gobiernan, ya que en su horizonte tienen que perfilar cómo evitar que cualquier funcionario público trate a las mujeres como ciudadanas de segunda, les inculpe tras sufrir un hecho de violencia, les menosprecie por cualquiera sea su identidad, les imponga salarios más bajos que los hombres, les despoje de su territorio para favorecer alguna transnacional o les coarte su derecho a decidir.
Al igual que el nuevo gobierno enfrenta grandes desafíos para cumplir los compromisos expresados este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres; las directivas que encabezan e impulsan las movilizaciones y protestas tienen otros, entre ellos, los caminos a seguir en los diálogos con la institucionalidad pública, después de estar cerrados tanto tiempo o abiertos, pero sin soluciones concretas. Quizás sea necesario ir más allá de las efemérides conmemorativas mediante el avance organizativo, siempre en movimiento, que ponga en el centro las demandas de las mujeres diversas de este país, sin perder de vista que mantener su pluralidad e independencia son algunas de las garantías para dar continuidad a las luchas emancipadoras.
