La potestad para cancelar ONGs que el Ejecutivo considere que alteran el orden público, la forma en la que se calcula el presupuesto de la universidad pública, un sistema electoral que promueva la equidad y una nueva modalidad de contratación para las personas trabajadoras, son temas que están en espera de la palabra final de la próxima Corte de Constitucionalidad.
Kimberly López / laCuerda
La opacidad en la que se desarrolló la elección de magistrados para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) es la mayor evidencia de por qué las organizaciones civiles esperan un escenario desalentador durante los próximos 5 años. Abogados cercanos al presidente Alejandro Giammattei, a sectores conservadores y a la fiscal Consuelo Porras, integran la nueva magistratura y eso ha despertado alertas en la ciudadanía.
José Martínez, representante del colectivo Justicia Ya, asegura que los perfiles de los magistrados seleccionados encajan con una agenda anti derechos humanos y anti fiscalización:
«La agenda de la nueva Corte parece estar orientada a concluir un plan para recuperar espacios y debilitar ciertos procesos de fortalecimiento institucional y de fomento a la democracia”.
Por su parte la abogada Stephanie Rodríguez, plantea un escenario desafiante en el que los magistrados deberán demostrar a quién se deben y a qué intereses responden. De esta cuenta algunos temas claves que aún esperan una resolución final, ayudarán a saber a qué intereses responden.
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Los siguientes son cuatro casos claves:
Criminalización a ONG’s
En 2020, el Congreso aprobó una ley para permitir que se pueda cancelar cualquier ONG que «altere el orden público». Para la sociedad civil es una normativa que podría criminalizar el trabajo de organizaciones como Fundación Myrna Mack, Acción Ciudadana, Mujeres Transformando el Mundo, Fundación Sobrevivientes, entre otras.
Según la ley, las organizaciones que fiscalizan instituciones, que buscan justicia (por ejemplo, en el caso Hogar Virgen de la Asunción) quedarían sujetas a los criterios del Ejecutivo para su continuidad.
“Esta es una ley para criminalizar a la sociedad civil no sólo limitando su trabajo sino teniendo poder absoluto sobre quién puede y quién no puede organizarse en este país. También será una herramienta para censurar a la prensa”, explica José Martínez, de Justicia Ya.
La CC anterior decidió otorgar amparo provisional en contra de esta ley. Sin embargo, está pendiente que la nueva magistratura ratifique el fallo.
Presupuesto de la USAC
Desde el 2018, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) emprendió acciones legales para exigir al Congreso que le asigne el 5 por ciento del presupuesto nacional, que le corresponde constitucionalmente a la Universidad de San Carlos (USAC). Sin embargo, ni el Congreso ni el Ministerio de Finanzas han acatado esa disposición.
En 2019 la AEU presentó un amparo con el que busca cambiar la forma en la que se calcula el presupuesto de la universidad. Si bien la actual CC ya ordenó modificar el método de cálculo, serán las y los nuevos magistrados quienes tendrán que responder a un recurso de aclaración presentado por el Congreso.
En juego está la posibilidad de que el presupuesto de la USAC pueda duplicarse en relación con su asignación actual.
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Más mujeres en la política
En enero de este año, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad parcial contra dos artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos al considerar que no garantizan la participación igualitaria entre mujeres y hombres, sin importar su etnia.
La acción plantea la inconstitucionalidad de dos fragmentos de la ley electoral. El primero es el inciso “E” del Artículo 22 que establece que las organizaciones políticas deben “propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional. Para ello, los partidos políticos podrán impulsar la participación femenina y demás sectores en sus listados de candidatos a cargos de elección popular”. No obstante, no garantiza igual participación de mujeres y hombres.
La segunda tiene que ver con el Artículo 212 de la misma normativa. En ese fragmento la ley se refiere a la postulación e inscripción de candidaturas. Será la nueva CC la que emitirá un fallo ante este reclamo.
Preocupación por las personas trabajadoras
En octubre de 2019 la CC suspendió temporalmente la entrada en vigencia de un acuerdo que en Guatemala facilitaba la contratación laboral en tiempo parcial. Aún está pendiente una resolución definitiva.
De acuerdo con la normativa, el salario para las personas contratadas bajo esta modalidad «no podría ser inferior al salario mínimo fijado por hora». El reglamento contempla que quienes trabajan a tiempo completo, pueden ser trasladadas a la modalidad de tiempo parcial, toda vez «sea voluntario» y quede por escrito su anuencia. Las organizaciones sociales se han posicionado en contra de esta normativa por considerar que vulnera derechos básicos de las y los trabajadores.
