Lucía Inés Xiloj Cuin es una abogada maya k’iche’ reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Habló con laCuerda sobre las últimas decisiones de la fiscal general, María Consuelo Porras y el panorama que enfrentan las mujeres, defensoras y activistas.
Francelia Solano / laCuerda
Fotografía: COPAE Guatemala
La Fiscal General, Consuelo Porras, debe dar ahora el visto bueno a todos los operativos que realice la Policía Nacional Civil (PNC) junto con el Ministerio Público (MP) ¿qué piensa sobre esta orden?
Esa es una decisión lamentable, la fiscal general no puede estar en todos los procesos, hay casos que son bastantes sensibles y es un riesgo que varias personas sepan de un operativo. Esto provoca que la información salga y alerte a las personas, por ejemplo.
Además, no debería ser un requisito para todos los casos. En los que se necesite, por ejemplo, una coordinación o una evaluación de riesgo, sí se puede. Pero hay casos más sencillos que no necesitan esta autorización. Definitivamente es una injerencia en el trabajo fiscal y sobre todo en la investigación y persecución de los delitos.
¿Qué significa para la justicia agregarle un filtro más a las decisiones que tendrían que ser inmediatas?
Sabemos que la característica del sistema de justicia guatemalteco es que hay una mora judicial grande que se agravó con la pandemia y con este filtro será mucho más lento. Esto va a generar y mantener la impunidad. La decisión manda el mensaje de que el sistema de justicia no funciona y que no hay esperanza de que pueda mejorar esta situación.
Pongamos un ejemplo concreto ¿cuál pudo haber sido el escenario si esta decisión se hubiese impuesto antes de las capturas del caso del Diario Militar?
Justamente ahí hubo un problema, entiendo yo, porque la Fiscalía de Derechos Humanos hizo las diligencias de coordinación para esas detenciones y hubo una molestia porque no se le informó a la Fiscal General, Consuelo Porras. Hay una gran cantidad de personas que fueron detenidas y si se le hubiera enviado la información se hubiera retrasado.
Imagínese que la fiscal o el fiscal ya solicitó la autorización judicial para hacer diligencias de allanamiento y estas tienen un plazo, más o menos, de 15 días. Si en ese tiempo no se lleva a cabo hay que hacer otra solicitud ante el juez y para ese punto la información ya se pudo haber filtrado.
¿Cuál es el mensaje que cree que quieren enviar con decisiones como estas?
Hay una percepción de que protegen a las personas que están en el gobierno. Entonces el mensaje es decir “yo tengo que controlar todo” para mostrar que ella tiene el poder y que los fiscales no pueden actuar de manera libre para investigar corrupción que implique a personas influyentes.
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¿Cómo ha sido la gestión de Consuelo Porras para la atención de casos de violencia contra la mujer?
Yo creo que muchas veces ella se ha preocupado por implementar unas herramientas que, por ejemplo, motivan la denuncia de violencia contra la mujer o violencia sexual. Apoya iniciativas colectivas como la creación de la plataforma “Ayuda” y la plataforma del “Observatorio de las Mujeres” que es sencilla, pero útil.
En algunas fiscalías de la mujer han creado ventanillas únicas para brindar apoyo a las mujeres sobre temas de violación a derechos de las mujeres. También, lo último que han aprobado es un protocolo con pertinencia cultural para la mujer indígena.
Así que, por una parte, se están haciendo alianzas y se incentiva la denuncia, pero, por otra parte, lo que falta es evaluar el cumplimiento de estas herramientas, ver si se cumple los lineamientos de parte de las y los fiscales, y si se aplica la perspectiva de género. Es algo que creo que no se ha logrado.
Por lo menos política y públicamente parece que sí hay un interés de combatirlo.
En cuanto a la gestión de Porras respecto a los casos de violaciones a los derechos de las activistas y defensoras, ¿cuál es su percepción?
Al inicio de la gestión se adoptó la política de derechos humanos, se presentó públicamente y de manera política se dice que se analizan (los casos) desde un enfoque de derechos humanos. Hay una política y una instrucción, pero ya en lo concreto la fiscalía es muy débil y no tiene mucho personal. Tampoco tiene una estrategia fuerte de investigación para estos delitos que se cometen contra personas defensoras.
¿Qué debe mejorar el MP al respecto de estos temas?
En el caso de las mujeres, por ejemplo, necesita acercarse más a las comunidades. Lo que sucede es que las sedes municipales no tienen las fiscalías de femicidio o de violencia contra la mujer, así que los expedientes se concentran en las cabeceras departamentales.
También, es importante que la Fiscal General pueda evaluar los protocolos que se han emitido de manera integral a favor de las mujeres. Esto se puede reflejar en la necesidad de hacer una capacitación más fuerte a los fiscales para que haya acceso a una justicia más eficiente.
La privacidad en los temas fiscales es urgente, porque las mujeres van a denunciar y todo el mundo escucha de que se trata, sobre todo en delitos sexuales.
Sobre las y los defensores es importante que las denuncias se entiendan en su contexto para que no se tomen como delitos comunes.
