A casi un mes de que se giró la orden de captura, el Ministerio Público y un juzgado le impiden al exfiscal Juan Francisco Sandoval y a su abogada, ver el expediente y saber de qué lo señalan.
Jody García / laCuerda
Claudia González es la abogada de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Cada semana la defensora acude al Ministerio Público (MP) a buscar información de las denuncias en contra el ex fiscal, a pedir que los casos sin fundamento se cierren y a aportar documentos de descargo.
Sin embargo, desde que su cliente fue destituido las denuncias van en aumento y el acceso a los expedientes es cada vez más limitado.
Para el 23 de julio, cuando la Fiscal General Consuelo Porras anunció el despido de Sandoval, en su contra existían alrededor de 55 denuncias. Para el 28 de septiembre los casos llegaron hasta 65.
“Ahora es mucho más complicado ubicar las denuncias y han aumentado considerablemente. Es difícil que yo pueda saber cuáles son los hechos por los que lo están investigando y todavía más, proponer diligencias de investigación o pruebas de descargo”, dijo González.
La defensa estima que alrededor del 40% de los casos han sido presentados por la Fundación contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha dirigida por Ricardo Méndez Ruíz, que también denunció a la exfiscal general Thelma Aldana y a todo el personal de la FECI, y quien fue incluído en la Lista Engel, un compilado de actores considerados corruptos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
De los últimos casos contra Sandoval hay poca información. Lo único certero es que están en la Fiscalía de Delitos Administrativos y que la abogada defensora tiene bloqueado el acceso.
Esta situación también se repite en el Juzgado Séptimo Penal, que el pasado 3 de septiembre giró orden de captura contra Sandoval por al menos dos delitos. El caso fue declarado en reserva, incluso para el exfiscal y su abogada, quien en cinco ocasiones se ha presentado al juzgado para registrarse como su defensora, pero siempre recibe una respuesta negativa.
“El juez por quinta vez me ha rechazado el memorial de ingreso, dice que hay contradicción en una letra. Voy a seguir insistiendo porque el juez está violentando el derecho de defensa, ya que por formalidades excesivas y rigurosas no permite que yo tenga acceso al expediente cuando eso es un derecho constitucional”, señaló González.
Fredy Orellana es el juez a cargo. Uno de los cuestionamientos públicos más fuertes en su contra, es que posó para una fotografía junto a uno de los abogados defensores de Gustavo Alejos, empresario implicado en seis casos de corrupción que investigó la FECI.
Fotografía: El Faro
Odebrecht
En redes sociales hay una campaña impulsada en mayor medida por la Fundación contra el Terrorismo y secundada por cuentas de netcenter, que señalan a Sandoval de cometer ilegalidades en el procedimiento que llevó a la firma del convenio de colaboración eficaz del MP con la empresa Odebrecht, constructura que según investigaciones de diferentes fiscalías de Latinoamérica, sobornó a los gobiernos para acceder a contratos.
“Hasta la ONU llegará el temblor cuando sea develado el caso Odebrecht. Sandoval y compañía no tendrán salvación”, escribó en Twitter, Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo y uno de los denunciantes en contra del exfiscal.
Pero las advertencias de acciones contra Sandoval llegan a funcionarios más poderosos como el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien mientras insiste en decir que el MP es independiente, anuncia acciones que la Fiscalía tomaría.
“Espérese a ver lo que viene en el caso Odebrecht”, dijo el mandatario en una entrevista en CNN.
En 2018 la Fundación contra el Terrorismo denunció al exjefe de la FECI por los delitos de usurpación de atribuciones, representación ilegal, violación a la Constitución, abuso de autoridad y tráfico de influencias, por la firma del convenio que permitió que el MP recibiera información sobre cómo Odebrecht entregó sobornos en Guatemala.
La denuncia de la fundación no prosperó y fue la misma Fiscalía de Asuntos Internos la que cerró el caso por falta de indicios de un delito. Sin embargo, el caso habría sido reactivado.
“He intentado tener reunión directa con el fiscal del caso, el jefe de la Fiscalía, pero no me atiende”, expresó la abogada de Sandoval.
Aunque el capítulo de la trama de Odebrecht en Guatemala esté siendo utilizada en contra de quien la investigó, cabe recordar que gracias al convenio de colaboración eficaz se estableció que representantes de la compañía detallaron que entregaron coimas por $1,3 millones al ex ministro Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón.
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Esta información fue clave para que cuatro personas fueran condenadas por lavado de dinero y asociación ilícita, que otras cuatro estén procesadas y una más esté pendiente de captura. En los últimos meses la investigación avanzaba y se acercaba al Congreso. Ahora está en manos de Rafael Curruchiche, el nuevo jefe de la FECI.
