El Estor, Izabal, se ha convertido en el escenario de una lucha entre la población q’eqchi’ y la empresa minera de capital ruso, llamada Solway Investment Group. Ante este conflicto, el gobierno ha optado por proteger los bienes de la empresa y responder con represión a las comunidades indígenas. En esta entrevista, Rosalina Tuyuc, activista maya kaqchikel y defensora de derechos humanos, explica qué hay detrás de la defensa del territorio y lo que está en juego para las comunidades afectadas.
Kimberly López / laCuerda
Los últimos 25 días no han sido fáciles para las mujeres y hombres q’eqchi’ de El Estor. Durante ese lapso han permanecido en resistencia para evitar que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) continúe operando pues no cumple con un requisito fundamental para hacerlo: realizar una consulta a las comunidades cercanas.
El 23 de octubre, las personas en resistencia se enfrentaron a decenas de patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) que intentaron desalojarlas para permitir el paso de camiones de la empresa minera. La jornada culminó con una decisión radical de parte del gobierno. El presidente Alejandro Giammattei y sus ministros impusieron un Estado de Sitio en el municipio.
Para las comunidades afectadas, la actitud de Giammattei tiene que ver con el dinero que supuestamente recibió, oculto en una alfombra, según información revelada por el New York Times. Y a pesar de que el panorama es desalentador, la coyuntura de los últimos días ha evidenciado que los pueblos indígenas están dispuestos a defender la tierra.
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En este sentido, conversamos con Rosalina Tuyuc, activista maya kaqchikel y defensora de derechos humanos, para analizar desde su experiencia, el impacto y los riesgos que representa la crisis en El Estor.
laCuerda: Este 25 de octubre, distintas organizaciones y representantes de pueblos indígenas marcharon por la ciudad de Guatemala en respaldo a la resistencia de la población q’eqchi’ en Izabal. ¿Cuál fue el mensaje?
Rosalina Tuyuc: Hay una gran necesidad de que nos encontremos para no permitir que se sigan violentando los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, el territorio y los bienes naturales. Necesitamos que se cumpla lo que establece la Constitución, que es el derecho a la organización, a la resistencia y a defender lo que pertenece a los pueblos. Siempre hemos defendido a la madre tierra, el agua, los bosques. Son recursos para la vida y no para el comercio y las empresas. Sin embargo, siempre hay gobiernos que ven esto como un foco para agenciarse de más riqueza pasando por encima de los pueblos indígenas.
La marcha de distintos sectores y pueblos tuvo como objetivo expresar nuestra solidaridad, animar a los hermanos q’eqchi’, pero también condenar esa actitud del gobierno a través de la presencia militar y policial para reprimir a las comunidades. En El Estor ha habido una lucha profunda para seguir salvaguardando los bienes de la madre tierra que también son bienes para la vida.
laCuerda: Tanto en Izabal como en otros departamentos ha habido una lucha por los bienes, que ha durado años…
Rosalina Tuyuc: Lo que pasa es que desde hace décadas el gobierno abrió las puertas para que empresas extranjeras llegaran al país y trajeran inversión, supuestamente para lograr el desarrollo de los pueblos. Pero hemos visto varios casos en los que lejos de traer inversión y desarrollo, se siembra la confrontación en la comunidad, se rompe el tejido social comunitario y también se contaminan los nacimientos de agua y se generan enfermedades por la utilización de químicos.
Hemos visto que en casi todos los lugares donde ha pasado la minería, hay una destrucción devastadora para la madre tierra, que no se recupera. Por eso es que cuando los pueblos decimos que no estamos de acuerdo es porque estamos seguros que esa destrucción es irreparable. No es posible seguir con esos proyectos, no podemos seguir violentando el convenio 169 de la OIT.
laCuerda: ¿Cree que existe interés en escuchar las peticiones de los pueblos indígenas?
Rosalina Tuyuc: En Guatemala no hay voluntad política para escuchar las demandas de los pueblos pero los pueblos están en pie de lucha defendiendo lo que les pertenece, porque al defender un río o un bosque, prácticamente se defiende la vida de toda la humanidad.
laCuerda: Representantes y liderazgos indígenas piden al Ministerio Público, al Congreso y a la Corte de Constitucionalidad (CC) que respeten el derecho de consulta y que actúen conforme la ley. ¿Hay confianza en estas instituciones?
Rosalina Tuyuc: A pesar del fortalecimiento del “pacto de corruptos” entre gobierno y empresarios, aún así los pueblos seguimos defendiendo nuestros derechos. Seguimos tocando esas puertas para que se respete el debido proceso y que se respeten las leyes. Aunque sabemos que los pueblos no estamos solos, es muy importante que la población no se quede con los brazos cruzados. Es muy necesario el cumplimiento de las leyes sobre todo en el caso de la CC, que ha dictaminado a favor de las comunidades q’eqchi’ con respecto al derecho de consulta libre e informada. Lo que estamos haciendo es simplemente recordando a la CC que debe exigir que se respete la voz de las comunidades. Sabemos que el ejército y la policía van a defender a las empresas. Vemos policías resguardando un camión pero no resguardan la seguridad en las calles y comunidades.
laCuerda: ¿Qué papel juegan las mujeres en todo esto?
Rosalina Tuyuc: La vida de la madre tierra tiene una relación profunda con la vida de las mujeres. Las mujeres somos las protectoras, las defensoras de la vida y por ello cuando hay presencia de mujeres es muy importante porque eso demuestra que hay un compromiso con la vida. La presencia de las mujeres es un acto de profundo compromiso colectivo porque no es un problema del pueblo q’eqchi’ sino de todos los pueblos y personas.
laCuerda: Tras los sucesos de los últimos días y la respuesta del gobierno de implementar un Estado de sitio, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas?
Rosalina Tuyuc: No hay mucha esperanza de que el gobierno retroceda. Lamentablemente desde la alfombra entregada al presidente Giammattei, se pactó el compromiso del gobierno con la empresa minera. Él prefiere darle su lugar a la empresa y no a la vida de los guatemaltecos. Esta es la transición a los nuevos colonialismos que sufrimos los pueblos indígenas y por eso debemos unirnos, ser solidarios, estar atentos a lo que pueda ocurrir en El Estor. Es una enorme responsabilidad no callar, seguir insistiendo, es una lucha de todos los habitantes.
La situación es difícil para la lucha por los derechos humanos pero también para derechos como la libertad de expresión, de organización, de tener una opinión distinta a la del gobierno.
Tampoco debemos permitir otra vez el cierre de espacios porque lo que quiere este gobierno es cerrar los espacios de la sociedad civil, de las comunidades y también de los medios de comunicación social. Entonces debemos de estar alertas y seguir defendiendo estos espacios que si bien es cierto hoy hay libre expresión, libre locomoción y otros derechos, no hay que olvidar que esto ha costado la vida de más de 250 mil personas durante el conflicto armado.
Foto: Pia Flores /Quorum
En horas de la tarde, el 25 de octubre, 85 diputados en el Congreso ratificaron la decisión de imponer un Estado de sitio en Izabal y restringir los derechos del pueblo q’eqchi’. Todo esto, pese a las peticiones de las autoridades y liderazgos indígenas. Tras este escenario, las movilizaciones continuarán en los próximos días y la tensión seguirá vigente en El Estor, en donde la empresa minera continúa operando.
