Mélina Nantel / periodista laCuerda
El miércoles 28 de junio, en el Tribunal de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Chiquimula, dio inicio el juicio contra cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por abuso de autoridad hacia la periodista Norma Sancir.
Bajo la presidencia del juez Jorge Douglas Ochoa Loyo, el debate oral y público comenzó, representando un momento crucial en la búsqueda de justicia a casi nueve años desde el incidente. Norma Sancir, quien cubría una manifestación de las comunidades indígenas Maya Ch’orti’ en el puente Jupilingo, fue detenida ilegalmente y encarcelada durante cinco días en septiembre de 2014. Las agentes de la PNC acusadas son Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortíz, Olga Leticia Segura y el comisario jubilado Ceferino Salquil Solval.
Después de casi dos horas desde el inicio de la audiencia, ésta fue suspendida debido a quebrantos de salud de la agente sindicada Ortíz. Como resultado, se aplazó el desarrollo del debate oral y público y se programó su continuación para el miércoles 12 de julio de 2023 a las 11:30 horas.
A pesar de este aplazamiento, para la periodista Norma Sancir el hecho de que la audiencia haya iniciado representa una esperanza y una satisfacción. Ahora espera que se haga justicia, no sólo en su propio caso, sino también porque sentaría un precedente para quienes ejercen la libertad de expresión y de prensa en el país.
Reacción de la periodista Norma Sancir tras la suspensión de la audiencia del Debate Oral y Público en contra de 4 agentes de la PNC que la detuvieron arbitraria e ilegalmente durante una cobertura periodística en 2014.#JusticiaParaNorma pic.twitter.com/7qLtZahznH
— laCuerda (@laCuerda2) June 28, 2023
Inicio del debate oral y público
La audiencia contó con la intervención del abogado querellante Héctor Reyes del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). El abogado afirmó contundentemente que el caso de Sancir constituye una grave violación a los derechos humanos. Recordó que se trata de delitos contra derechos constitucionales. «Es lamentable que estas violaciones de derechos ocurran contra periodistas que intentan ejercer su labor», agregó. Además, enfatizó en la corresponsabilidad del Estado de Guatemala en este caso. «Han habido actos de violencia física y psicológica. Estos periodistas comunitarios no son periodistas corporativos; día a día revelan lo que sucede en las comunidades», comentó el abogado, resaltando la importancia de proteger y garantizar el trabajo de las y los periodistas independientes.
Mientras las agentes acusadas de la PNC se negaron a declarar, el ex comisario Salquil Solval ofreció su testimonio ante el tribunal. Negó cualquier responsabilidad y afirmó que nunca desempeñó un papel operativo en el caso, limitándose únicamente a estar presente en el lugar de manera administrativa. Sostuvo que no estuvo involucrado en las acciones específicas del incidente. Además, durante su declaración, aseguró haber mantenido relaciones cordiales con la prensa que, normalmente, se mantenía detrás de la línea de intervención policial durante manifestaciones como la ocurrida en 2014.
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Un paso adelante para las periodistas
Aunque la audiencia tuvo que ser suspendida y pospuesta, Sancir dice: «Estoy satisfecha, después de dos suspensiones y dos años para que inicie esta etapa de debate oral y público, me hace sentir satisfecha y esperanzada. Ha sido un proceso de casi nueve años», recuerda la periodista, quien no ha dejado de ejercer su profesión, convencida de la importancia de dar voz a las comunidades y defender la libertad de prensa.
Para el futuro, espera que haya una sentencia condenatoria y que esto sea un paso adelante para quienes ejercemos la libertad de prensa, de expresión, y aportamos al país brindando información desde las comunidades. También espera que su caso sirva como un precedente para que los agentes de policía no cometan más abusos contra quienes están desempeñando esta labor y diciendo la verdad.
La libertad de prensa ha sido duramente reprimida y amenazada en los últimos años en el país. Este no es un caso aislado. Anastasia Mejía, Carlos Choc, Robinson Ortega y Sonny Figueroa han enfrentado la criminalización, el encarcelamiento arbitrario y las agresiones, al igual que el periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, medio de comunicación que se vio obligado a cerrar. Ante la represión, varios periodistas han tenido que abandonar el país o se niegan a firmar sus textos por temor a represalias.
La libertad de prensa es un valor fundamental de la democracia. Los periodistas no deberían temer la violencia policial, la represión y el encarcelamiento por haber querido servir a la democracia, explicó Reyes de CALDH.
