Mélina Nantel / laCuerda
En América Latina y el Caribe, los embarazos infantiles representan un problema crucial, y Guatemala no escapa a esta realidad preocupante. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país tiene la segunda tasa más alta de partos en niñas menores de 15 años.
Entre enero y junio del presente año, se han registrado 31 mil 998 nacimientos entre jóvenes de 15 a 19 años y mil 242 entre niñas de 10 a 14 años. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, en conjunto con diversas organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, considera que estos embarazos en niñas menores de 14 años deben ser tratados como delitos de violencia sexual.
En 2019, nació la campaña regional #SonNiñasNoMadres con el objetivo de visibilizar las historias de jóvenes víctimas de embarazos no deseados y asegurar un futuro seguro y libre para todas las niñas, donde puedan tomar decisiones informadas. La campaña busca generar conciencia sobre la necesidad de poner fin a los embarazos infantiles y la violencia sexual que los perpetúa. #SonNinasNoMadres insta a la sociedad y a los responsables políticos a tomar acciones concretas para proteger los derechos y la dignidad de las niñas. Trabaja incansablemente por una educación sexual integral, el acceso a servicios de salud reproductiva y el fortalecimiento de los sistemas de protección y justicia para prevenir y abordar la violencia de género.
Historias de sobrevivientes
Detrás de las frías estadísticas se esconden historias desgarradoras de niñas que sobrevivieron a la violencia sexual y se vieron forzadas a ser madres a una edad temprana. Con #SonNiñasNoMadres, estas historias salen a la luz, mostrando la dura realidad que enfrentan miles de niñas.
Susana, de Nicaragua, sufrió abusos desde los siete años a manos de su propio abuelo. A los trece quedó embarazada, pero su denuncia fue ignorada debido a la violencia en la zona. Durante el parto sufrió violencia obstétrica. Años después, su denuncia no avanzó por la situación política del país.
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Lucía, también de Nicaragua, fue víctima de abuso sexual a los trece años por un sacerdote de su parroquia. Quedó embarazada y se le negó la interrupción debido a restricciones legales. La violación y el embarazo no deseado dejaron secuelas físicas y psicológicas, y fue estigmatizada por denunciar al agresor.
Fátima, originaria de Guatemala, fue violada a los trece años por un docente y ex funcionario encargado de proteger a la niñez. Quedó embarazada y le negaron la interrupción, culpándola por la violación. Hoy sufre graves secuelas en su salud mental y teme por su seguridad ya que el agresor sigue libre.
La historia de Norma de Ecuador también es una de violencia, ya que su padre la agredió sexualmente desde los doce años. A los trece años quedó embarazada sin entender lo que ocurría. Su salud mental se deterioró y tuvo pensamientos suicidas. Le negaron la interrupción del embarazo a pesar de cumplir las causales permitidas. Su proyecto de vida se vio truncado y aún enfrenta secuelas en su salud mental.
Estos desgarradores casos comparten trágicas similitudes. Todas estas jóvenes, con solo trece años, fueron embarazadas por la violencia sexual y forzadas a enfrentar la maternidad en contra de su voluntad. Los agresores eran personas cercanas con poder y autoridad. Vivían en zonas rurales y en pobreza, sin acceso a educación, información o servicios de salud sexual y reproductiva. El Estado no les brindó la protección que merecían.
A pesar de su deseo de no continuar con el embarazo y los graves riesgos para su salud, se les negó la posibilidad de acceder a la interrupción. Sus casos quedaron en la impunidad, sin investigación adecuada ni protección especial.
El proceso de parto fue marcado por violencia obstétrica, con personal de salud insensible a su trauma, ignorando las consecuencias para su salud física y mental. Estas experiencias dejaron secuelas psicológicas devastadoras: pensamientos suicidas, aislamiento social y dificultades para establecer un vínculo saludable con sus hijos e hijas.
Impacto de los embarazos infantiles
Los efectos devastadores de los embarazos infantiles también se reflejan en las consecuencias que enfrentan las niñas como Susana, Lucía, Fátima y Norma, quienes sufren un mayor riesgo de mortalidad infantil debido a su inadecuado desarrollo físico para afrontar la maternidad, además de padecer la malnutrición y carecer de conocimientos para cuidar de sí mismas y de sus bebés.
La falta de educación sexual en las escuelas y el tabú en muchos hogares agravan la situación. La maternidad temprana reduce las oportunidades educativas, perpetuando la desigualdad de género y limitando sus perspectivas laborales en el futuro.
En términos de salud, la maternidad a temprana edad conlleva mayores riesgos de morbilidad y mortalidad materna. La tasa de muerte materna se duplica en adolescentes de 10 a 14 años en comparación con mujeres de 20 a 24 años, y también aumenta la probabilidad de dar a luz a bebés de bajo peso, lo que es una de las principales causas de la desnutrición crónica.
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Además, las consecuencias económicas son significativas. Estudios, como el realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, revelan que solo el 2 por ciento de las mujeres que fueron madres en la adolescencia logra obtener un título universitario, en comparación con el 9 por ciento de aquellas que fueron madres entre los 20 y los 29 años. Quienes fueron madres antes de los 20 años tienden a permanecer más tiempo en el hogar realizando actividades no remuneradas y, cuando participan en el mercado laboral, enfrentan una brecha salarial del 30 por ciento, en comparación con sus pares que fueron madres en la edad adulta. El impacto económico total del embarazo en la adolescencia en Guatemala se estima en Q1,627.5 millones, equivalente al 0.28 por ciento del PIB.
Abordar los embarazos infantiles es crucial para proteger los derechos de las niñas y brindarles una vida digna y de calidad. No se trata de apresurar su madurez para ser madres, sino de permitirles crecer plenamente y, en el futuro, si lo desean, ser madres con el apoyo y la madurez necesarios para guiar a sus propios hijos. Es una cuestión fundamental para construir una sociedad más igualitaria y empoderar a las niñas para que tomen decisiones informadas sobre su futuro.
Las demandas de #SonNinasNoMadres
La campaña #SonNinasNoMadres tiene claros y concretos objetivos para el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los casos de las jóvenes sobrevivientes de violencia sexual fueron presentados ante el Comité en 2019, buscando que se reconozca la violación de sus derechos al negárseles la interrupción voluntaria del embarazo. La campaña exige medidas de reparación y prevención por parte de los Estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua para evitar situaciones similares en el futuro.
Entre las demandas para proteger los derechos de las niñas se encuentran el derecho a la vida, a no sufrir torturas o tratos crueles, a la igualdad y no discriminación en el acceso a servicios de salud, a la integridad personal, a la privacidad y a la información. También que las niñas cuenten con recursos judiciales efectivos para acceder a la justicia.
La campaña espera que el Comité establezca estándares vinculantes para los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se busca reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio de salud, no penal, y garantizar que las decisiones de las niñas sean respetadas y escuchadas.
Además, se espera promover la educación sexual integral, eliminar estereotipos de género en la atención médica y abordar los casos de violencia sexual para evitar que queden en la impunidad. #SonNinasNoMadres lucha por una sociedad donde los derechos y la dignidad de las niñas sean protegidos, y donde se tome acciones concretas para prevenir y abordar la violencia de género.
Luz de esperanza: una decisión que muestra que es posible
En mayo de 2023, la campaña #SonNinasNoMadres logró una victoria significativa ante el Comité de la Niñez de la ONU en otro caso que forma parte del litigio en curso. En el caso de Camila contra Perú, a quien su padre la violaba desde que tenía nueve años, el Comité determinó que Perú es responsable a nivel internacional por la violación de los derechos de Camila y que, para evitar que estos hechos se repitan, debe garantizar el acceso al aborto en todos los casos de embarazo infantil.
Esta decisión brinda una luz de esperanza y demuestra que es posible lograr avances significativos en la protección de los derechos de las niñas. La campaña continúa su lucha e invita a la población a mantenerse informada sobre las decisiones del Comité de la ONU que se espera sean anunciadas pronto. Es posible seguir la campaña en las redes sociales y compartir su contenido para seguir haciendo conciencia sobre el problema de los embarazos infantiles.
