Ana Silvia Monzón
En este recuento que abarca un cuarto de siglo -de la segunda mitad de los años noventa a la actualidad se perfila a un movimiento de mujeres que transita entre los objetivos de alcanzar la igualdad en aspectos como la educación, la salud, el trabajo y la participación política, hasta posicionamientos radicales que cuestionan a una sociedad construida sobre bases patriarcales, coloniales, heterosexuales y racistas. Esto conlleva la crítica de la organización social con espacios privados y públicos, excluyentes entre sí, donde se perpetúan roles y estereotipos de género, jerarquías racializadas, relaciones inequitativas y desigualdades sociales. Esta matriz sociopolítica, cultural y económica resulta en diferentes experiencias para las mujeres en el país, que se fueron haciendo más evidentes al avanzar en sus procesos de organización, movilización y accionar político.
Hace veinticinco años las mujeres en Guatemala irrumpían en espacios impensables, eran los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz y ellas constituían el hilo de continuidad de pioneras por entonces escasamente conocidas. A muchas, la guerra les había marcado la vida, ellas y sus familias habían enfrentado secuestros, torturas, desapariciones de sus seres queridos, exilios dolorosos, desplazamientos forzosos, todo resultado de una política de Estado que llegó al punto del genocidio y el etnocidio, el descabezamiento de los movimientos sindical, estudiantil, de pobladores y de campesinos, de catequistas, de partidos políticos de izquierda, el arrasamiento de aldeas, la instauración de polos de desarrollo y la creación de las patrullas de autodefensa civil en los departamentos mayoritariamente indígenas, todos mecanismos de control militar de la población. Aunado al silencio impuesto, la violación de derechos elementales y el cierre de cualquier espacio de disidencia o crítica social.
En estas condiciones, los movimientos de mujeres han construido un discurso propio basado en su reconocimiento en tanto sujetas sociales, la valoración de sus aportes a la sociedad y la demanda del respeto a sus derechos como humanas. Proponen una agenda que apunta al cambio en el orden social y lo hacen a través de acciones colectivas diversas. Estos movimientos son deudores de las mujeres transgresoras que han existido desde siempre, y tienen una historia cuyos orígenes generalmente se ubican en el siglo XVIII en Europa, aunque en cada territorio se han venido construyendo femealogías1 propias que dan cuenta de ancestras, hitos y demandas tejidas desde múltiples miradas.
Emergen las voces de las mujeres entre la represión y la demanda de derechos humanos
Fueron mujeres quienes desde la segunda mitad de los años ochenta lideraron una lucha tenaz para demandar al Estado el cese del terror, el aparecimiento de miles de personas detenidas-desaparecidas, entre ellas, muchas mujeres sindicalistas, maestras, estudiantas y activistas. Esa violación a los derechos humanos originó la creación en 1984 del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) en 1988, y de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) en 1992. Esa osadía trajo como consecuencia una represión brutal contra estos grupos que, aún así, continuaron en sus reclamos.
En la Universidad de San Carlos, uno de los espacios más golpeados por la represión en los años ochenta, cientos de estudiantas habían participado en el movimiento estudiantil y en organizaciones de izquierda en la década de los setenta, muchas de ellas fueron secuestradas, detenidas-desaparecidas, exiliadas, asesinadas. Sus nombres, huellas y memoria, apenas reconocidas en ese momento, inspiraron la conciencia de otras que continuaron ese legado, y algunas, si bien en minoría, empezaron a reunirse desde 1989, para pronunciarse contra el impacto de esa represión e iniciar el estudio del feminismo, acercarse al análisis de la situación de las mujeres y denunciar el acoso sexual que ya se vislumbraba como un problema en el ámbito académico. Espacios como ACAURDEM (1990), Voces de Mujeres (1993), la Comisión Universitaria de la Mujer (1994), y las secretarías de la mujer y de género en la Asociación de Estudiantes Universitarios, fueron abriendo brechas en ese mundo. Por entonces empezó a aumentar el número de mujeres que ingresaba a la universidad, llegando a constituir, hacia 2005, más de la mitad de la comunidad estudiantil. Pronto fue evidente que ese crecimiento cuantitativo no significó un avance cualitativo, ya que los cimientos misóginos y racistas de la academia siguen intactos, agravados por el militarismo, las redes criminales y los intereses de los partidos políticos vinculados con la corrupción, que han llevado a la única universidad pública a una crisis interna que repercute en el derecho a la educación y en el desarrollo científico del país.
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En el espacio social más amplio, grupos de mujeres pioneros en la historia contemporánea como la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), creado en 1980, el Grupo Femenino Pro-Mejoramiento de la Familia (GRUFEPROMEFAM) en 1986, Tierra Viva y el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) en 1988, la Asociación Centro de Apoyo para la Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP) en 1989, la Red de la No Violencia contra la Mujer (REDNOVI) en 1991, abrían espacios para la reflexión y el debate de problemáticas inéditas. Los grupos más politizados discutían su accionar político desde una perspectiva autónoma, muchas veces en tensión con sus antiguos compañeros, ya que algunas provenían de la militancia en organizaciones de izquierda, o del exilio, donde habían entrado en contacto con discusiones en torno a la sexualidad, los derechos reproductivos, la resignificación de la maternidad y el feminismo entre otros temas.
Con diferentes matices, algunos de los grupos creados fueron encontrando claves políticas en el feminismo, empezaron a establecer articulaciones con organizaciones que venían accionando desde la década de los ochenta, a lo largo y ancho de Latinoamérica, y vinculándose en espacios como los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe donde las mujeres estaban tomando la palabra, elaborando un discurso que, sin obviar graves problemas como la pobreza, las desigualdades sociales, la exclusión y el racismo, colocaban a las mujeres en el centro, apropiándose cada vez más de las preguntas básicas del feminismo: ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué están? y ¿Qué podemos hacer para cambiar su condición de subordinación, explotación y opresión? A la par de aportar en las luchas por democracias emergentes frente a las dictaduras de los años setenta que, en el caso de Guatemala, se prolongaron hasta mediados de los años ochenta, cuando se aprobó una nueva Constitución política (1985) y se instauró un régimen civil. Desde referentes que cuestionaban al patriarcado, le dieron sentido a sus luchas y aprendieron a identificar cómo éste permeaba todos los espacios, incluidos los revolucionarios y de luchas sociales. Desafiaron la idea de que sus necesidades y demandas debían postergarse hasta que se hiciera la revolución y se tomara el poder en favor de los oprimidos.
Un gran aporte de estos Encuentros fue el carácter político que se dio a la violencia contra las mujeres que por entonces empezaba a nombrarse y teorizarse. En esos espacios surgió, en 1981, la decisión de conmemorar el 25 de noviembre como Día de la No violencia contra las Mujeres, en reconocimiento a las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en República Dominicana por su lucha antidictatorial. Esa fecha ha llegado a ser emblemática y moviliza a miles de mujeres en el mundo, y en el país se conmemora incluso en los municipios y comunidades más alejadas, donde las mujeres y sus organizaciones realizan un importante aporte de formación en derechos.
Entre la radicalización y la institucionalización
Los movimientos de mujeres han estado marcados por tensiones, corrientes, disensos y consensos. Con diferentes matices, puede identificarse posicionamientos que van desde la radicalidad que plantea la transformación de fondo del sistema patriarcal y que activan desde los márgenes, a planteamientos que consideran pertinente impulsar cambios desde el contexto estatal e institucional que han llegado a ser hegemónicos.
Aquí presento un breve panorama, que por supuesto no agota todas las expresiones organizadas ya que el espacio no lo permite. Pero que da cuenta de algunas de esas dinámicas en el último cuarto de siglo, muchas vinculadas con las luchas de las mujeres a nivel internacional, tanto las que logran incidir en los espacios institucionales, como las que persiguen subvertir el orden establecido y se piensan y activan desde los bordes. Este es el contexto en el que nace y se posiciona laCuerda como espacio de comunicación y accionar feminista.
La primera mitad de los años noventa, estuvo marcada por los frutos de casi dos décadas de incidencia de las organizaciones de mujeres a nivel internacional a partir de 1975 en la primera Conferencia Mundial de la Mujer, impulsada por la Organización de Naciones Unidas en México; del decenio de la Mujer, Igualdad, Paz y Desarrollo, que incluyó las Conferencias Mundiales de Copenhague en 1982 y de Nairobi en 1985.
A estas se sumaron otras conferencias que debatieron cuestiones cruciales, como la de Viena en 1993, cuando se reconoció que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y evidenció una tensión entre los derechos colectivos y los derechos individuales que aún sigue sin resolverse. La conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, enfocada en los derechos sexuales y reproductivos, y la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995 que aprobó la Plataforma de acción de Beijing que consensuó doce esferas de especial preocupación en torno a la persistente desigualdad de las mujeres en el mundo. Esta Conferencia marcó un hito por la movilización que implicó a nivel nacional, regional y mundial, y por el planteamiento de crear mecanismos estatales para promover la garantía de los derechos de las mujeres contenidos en instrumentos relevantes como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada en 1979 y la Convención para la Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer de 1993.
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En 1994, se creó el Comité Beijing Guatemala, al mismo tiempo que se exigió un espacio como Sector de Mujeres en la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), para que las voces de las mujeres, víctimas del conflicto armado interno, fueran escuchadas en el proceso de negociación de la paz que estaba en marcha.
Ese período coincide con una movilización mundial de los pueblos indígenas y afrodescendientes que reclamaban por las secuelas perniciosas del colonialismo y del republicanismo que los sometió violentamente, los explotó y pretendió borrar su historia. Las luchas de los pueblos y de las mujeres marcan la incorporación, no sin tensión, de mujeres indígenas en los espacios de debate sobre los derechos de las mujeres y el feminismo. Muchas de ellas excombatientes, desplazadas internas o provenientes de los campamentos de refugiados en México, donde nacieron organizaciones como Mamá Maquín, Madre Tierra e Ixmucané que demandaban el retorno seguro, la recuperación de sus comunidades, la denuncia de los horrores de la guerra, la exigencia de justicia y resarcimiento. En clave de derechos, proponían ser reconocidas como copropietarias o propietarias de la tierra, lo que supuso un desafío a usos y costumbres comunitarias.
Más adelante, mujeres indígenas, intelectuales y activistas fueron construyendo discursos y argumentos para comprender su situación específica, tanto desde marcos que cuestionan el feminismo porque se asume como una imposición occidental, como desde la adscripción a corrientes del feminismo decolonial o comunitario. Al mismo tiempo develan el racismo estructural que también atraviesa las relaciones entre mujeres. Este es un debate abierto, como otros en los movimientos de mujeres.
La referencia al marco político, legal e institucional ya planteado perfila el contexto que favoreció, en los años noventa, la ampliación de los procesos asociativos de las mujeres, y constituyen las herramientas conceptuales y jurídicas que utilizaron para convocar a más mujeres a reclamar derechos y su lugar en la sociedad. Con estos argumentos lograron que se reconociera el principio de igualdad en la Constitución política aprobada en 1985 (artículo 4°), que se abrieran espacios pioneros en el Estado como la Oficina Nacional de la Mujer, en 1981; la creación de la Defensoría de la Mujer en la Procuraduría de Derechos Humanos en 1991; la Defensoría de la Mujer Indígena en 1999 y la Secretaría Presidencial de la Mujer en 2000, así como la incorporación de la agenda de derechos de las mujeres en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, que incluyó la conformación un año más tarde, del Foro Nacional de la Mujer, como mecanismo para convocar a las mujeres. Un hito organizativo que logró, a través de una estructura representativa y participativa, movilizar a más de 35 mil mujeres de los cuatro puntos cardinales del país, que aportó elementos para la elaboración de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres que, con altibajos, pretende orientar el quehacer del Estado en materia de derechos de las mujeres.
En esa perspectiva también se inscriben logros de mujeres indígenas y afrodescendientes que crean en 2008 una Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas, y en 2020, una agenda de las mujeres garífunas y afrodescendientes en el marco del Decenio de los pueblos afrodescendientes. En 2022, como resultado, entre otros, de la incidencia del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, el Comité de la CEDAW aprueba la recomendación 39 sobre derechos de las niñas y mujeres indígenas.
En la incidencia con el Estado han aportado múltiples organizaciones, como Convergencia Cívico Política de Mujeres, 1994; Mujeres Tejedoras del Desarrollo en Quetzaltenango (AMUTED), 1998; Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), 1999; la Red de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH), 2000; la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, 1999; Asociación Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CODEFEM); la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik, 1999; la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), 2001; Fundación Sobrevivientes, 2003; la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ), 2004; y Mujeres Transformando el Mundo, (MTM), 2009. En la segunda década del siglo veintiuno, Alas de Mariposas, 2011 y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI), 2013.
Los instrumentos jurídicos internacionales, han orientado la elaboración de una agenda legislativa que incluyó, entre otras, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en 1996, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer en 1999, la Ley de Desarrollo Social en 2001, la Ley para el Acceso Universal a los Métodos Anticonceptivos en 2005. Y en 2008, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Han quedado pendientes demandas como el reconocimiento del principio de paridad y alternabilidad en las listas de candidaturas que presentan los partidos políticos, la violencia política, los derechos laborales, como la regulación del trabajo doméstico y la violencia laboral, el acoso sexual, y el desarrollo rural. Asimismo, las reivindicaciones de las mujeres indígenas, entre otras, la propiedad intelectual de sus creaciones y te- jidos, el aporte de las comadronas, la erradicación del racismo.
La formulación de leyes y políticas públicas se planteó como una vía para lograr cambios en las vidas de las mujeres, en sintonía con una agenda internacional que en las dos últimas décadas ha planteado los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible, con metas mínimas para superar las enormes brechas de género, socioeconómicas y geopolíticas que persisten en pleno siglo XXI. Sin embargo, estos marcos referenciales no siempre cuestionan las relaciones de poder, ni problematizan la concentración de la riqueza, ni explican que estas brechas se relacionan con el colonialismo y el capitalismo en lo económico, y con la hegemonía de la modernidad en términos culturales e ideológicos.
Esta ruta para promover cambios desde las entrañas del Estado implicó inversión de tiempo, experticias, re- cursos financieros, consensos políticos e incidencia en los organismos estatales. Grupos y mujeres en lo individual se fueron especializando en este campo, procesos que no pocas veces implicaron despolitización, oenegización y el crecimiento de una tecnocracia de género, situación que generó tensiones e incluso rupturas con corrientes más críticas, transgresoras y radicales que cuestionan al Estado, las instituciones y lo políticamente correcto por considerar que, en tanto no haya una transformación en el orden patriarcal, toda propuesta es cooptada y termina reforzando los sistemas de opresión.
Un movimiento más diverso y polifónico
En los albores del siglo XXI el movimiento de mujeres había acumulado una experiencia importante en términos de luchas sostenidas en varios ejes: Se formaron y consolidaron organizaciones en los departamentos, diversificando las voces, acciones y demandas que han incluido la construcción de la paz, el acceso a la justicia, la memoria histórica, la participación política, la ampliación de la democracia, los derechos humanos, la sexualidad, la disidencia sexual, denuncia de todas las violencias, particularmente la violencia sexual durante la guerra, y el racismo. Con incidencia en los organismos del Estado (políticas públicas, mecanismos institucionales, presupuesto público, agenda legislativa) y en instancias internacionales donde los Estados rinden cuentas acerca de la garantía de derechos de las mujeres y de otros grupos sociales, lo que ha implicado la elaboración de informes alternativos y un permanente accionar en estos espacios, al igual que en otros de solidaridad internacional, que han permitido visibilizar denuncias de violencia contra las mujeres, la discriminación, el racismo, la criminalización contra las defensoras de derechos y la precaria atención del Estado a las necesidades e intereses de las mujeres.
En el ámbito académico destacan la creación del Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC) en 2004, el Programa de Estudios de Género-FLACSO o la Fundación Guatemala que plantean procesos de formación institucional. En el mismo espacio, pero con otros objetivos, surgen grupos de estudiantas universitarias que denuncian la violencia en las universidades, sobre todo el acoso sexual, y demandan derechos sexuales y reproductivos. En la última década se identifica a varias agrupaciones como la Enredadera de Mujeres, las Orquídeas, Tejiendo Sororidad, FEMUSAC, Jauría de Perras, Movimienta de Mujeres, Somos53, Kembal Noj, Landivarianas, el intento fallido de una Red InterU, 2020, y RISE que convoca a estudiantas de varias universidades desde el 2021.
La formación, y en menor medida la investigación, venía realizándose desde los años noventa. Inicialmente fue autoconvocada en pequeños grupos, y luego se amplió a nivel nacional desde el Sector de Mujeres y el Foro Nacional de la Mujer que, para miles de mujeres significó un primer acercamiento al conocimiento de sus derechos y ciudadanía. En 2000 se creó el Conversatorio Feminista y luego diferentes escuelas promovidas por organizaciones de mujeres como UNAMG, Ix’oquib Miriam y La Cuerda, espacios que en los que se discute temas que afectan a las mujeres desde diversos feminismos.
La sanación también se plantea como un recurso importante ante las secuelas de la guerra, y la afectación de la salud psicosocial (entre otros grupos Kaqla, 1996; Actoras de Cambio, 2003; el Centro Q’anil, 2009 son pioneros en este campo). En las dos últimas décadas se han creado otras formas de expresión política como las iniciativas artivistas, individuales y colectivas, por ejemplo, las batucadas, la música con contenido feminista de Naik Madera, las integrantes del coro Sin Decoro y artistas como Rebeca Lane, Gabriela Bolten, o de voces que promueven la lucha por los derechos de las mujeres como Sara Curruchich. Se multiplican los aportes de escritoras, pintoras, fotógrafas, cineastas, teatristas.
Con el acelerado desarrollo de las TICs emergen iniciativas como Plataforma 51 en 2014, CiberfemLab, Unidas Somos Tendencia en 2016 y Woman Who Code (Mujeres que codifican) en 2019 que incursionan en las plataformas digitales. En la última década, el ciberactivismo como forma de acción política es indispensable para los grupos de mujeres, más aún en el contexto de la pandemia COVID-19 que obligó a apropiarse de recursos tecnológicos, uso de dispositivos y de otras formas de comunicación digital.
Entre los espacios de comunicación feminista pioneros como Voces de Mujeres, (1993) y laCuerda (1998) que aún perseveran, la Red de Mujeres Periodistas y la Red Mujeres al Aire (2002), se suman otros más recientes en el tiempo, Agencia Ocote, Ruda (2019) y la Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj, 2021.
La multiplicación de iniciativas ahora se observa en territorios antes impensables como en San Marcos, donde se creó el Colectivo Mujer Armate; en Xela, el Bloque Feminista y las Feministas en Cobán, que formaron parte de uno de los varios encuentros que se vienen realizando en las últimas dos décadas, con una participación cada vez más amplia, los más recientes: Semillas de Iximulew en 2020, Encuentro Nacional Feminista, 2022, Encuentro Feminista Centroamericano, 2022.
Entre consensos y disensos, seguimos
Son diversas las tensiones que han marcado al movimiento de mujeres en su expresión contemporánea, desde finales de los años ochenta, entre otras las identidades y militancias políticas, las agendas, formas y espacios para el accionar político, las identidades étnicas, sexuales y de género, territoriales y recientemente, las etáreas. El énfasis en las identidades no siempre propicia el encuentro y el consenso, y limita reconocer los enormes retos de un capitalismo neoliberal que no sólo tiene una faceta económica sino también cultural, ideológica y simbólica con su énfasis en el individualismo vrs. la solidaridad, lo homogéneo vrs. la diferencia, el consumo efímero de objetos, ideas, discursos vrs. la profundización del pensamiento, la “banalidad del mal” vrs. una ética que priorice la dignidad.
A estas contradicciones se suma la pluralidad de marcos de referencia teórica, metodológica, histórica y política que, debido a una falta de debate explícito, sólo se intuyen y muchas veces no favorecen el reconocimiento desde las diferencias, ni los consensos entre sujetas políticas.
Todo esto supone desafíos que encontrarán sus cauces para que otros movimientos de mujeres sean posibles, en clave de construcción política para ir tejiendo una historia que nos reconozca a todas.
#MemoriasEHistoria
1. El término “femealogías” fue acuñado por Ana Silvia Monzón y refrendado en el espacio del Conversatorio Feminista en 2002 en Guatemala.
