Lily Muñoz / Socióloga feminista
Ilustración: Mercedes Cabrera
Siglos de pandemia patriarcal
Dado el carácter patriarcal de la sociedad guatemalteca, las mujeres de todas las clases sociales, etnias y edades, han ocupado un lugar de subordinación en relación con los hombres, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural, lo cual se ha manifestado en una subvaloración de sus vidas y en una clara discriminación de género en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las iglesias, en la calle, etcétera. Por largos siglos el sistema patriarcal las ha confinado a la casa, asignándoles roles vinculados a la reproducción de la vida en el ámbito privado, reservando para los hombres los roles directamente relacionados con la producción, los cuales han sido más valorados en términos sociales y económicos, por formar parte del ámbito público y por sus aportes a la acumulación capitalista.
Aun cuando cada vez más mujeres se han incorporado al mercado laboral, su rol cotidiano en la economía doméstica familiar no ha sufrido variaciones, lo que ha implicado para ellas la llamada “doble jornada”. A esta realidad cotidiana, se suma el problema de la violencia contra las mujeres en el país, que constituye un dispositivo utilizado para perpetuar la asimetría de poder entre mujeres y hombres, que a su vez, resulta sumamente funcional al sistema capitalista global.
Durante el confinamiento
Según la socióloga uruguaya, Karina Batthyány, en Guatemala, el 83 por ciento de las mujeres tiene empleos informales, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social o protección de la legislación laboral. Además, en la región latinoamericana, casi el 40 por ciento de las mujeres trabajadoras, están empleadas en el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico y aproximadamente el 80 por ciento del personal de enfermería está conformado por mujeres.1 Estos datos nos permiten aproximarnos a la situación que ha vivido la mayoría de mujeres en el país en este período, ante las medidas presidenciales restrictivas impuestas a la población en el marco del estado de calamidad y el toque de queda, decretados con motivo de la pandemia del coronavirus en el territorio nacional. Tele trabajo, desempleo, drástica reducción de ingresos, serias dificultades para garantizar las medidas de bioseguridad en el ámbito doméstico por falta de recursos para la compra de los bienes y servicios necesarios para ello, incremento desmesurado del trabajo de cuidados, ante el cierre de los centros educativos y de trabajo, y agravado por el confinamiento obligatorio de un gran número de personas que fueron declaradas altamente vulnerables al contagio de la COVID-19: mayores de 65 años y con enfermedades crónicas pre existentes. Todos estos constituyen factores de riesgo para las mujeres, tanto para su salud física como para su salud mental, y una mayor probabilidad de contagio, si consideramos que la mayoría de personas infectadas están siendo atendidas por mujeres en sus respectivos hogares, por la saturación de los hospitales y por la pérdida de confianza por parte de la población, en el sistema de salud pública del país.
Convivencia cotidiana con el agresor
En los párrafos anteriores hemos dado unas pinceladas de la violencia estructural ejercida sobre las mujeres, antes y durante el confinamiento, por el Estado guatemalteco y por la sociedad en su conjunto. En la dimensión más personal de este contínuum de violencia, en el año 2019, según datos del Ministerio Público (MP), se recibió un promedio de 167 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y las niñas, siendo el 58 por ciento específicamente de violencia contra la mujer. El 25 por ciento de esas denuncias estuvo vinculado a violencia física y el 34 por ciento a violencia psicológica.2
Por otro lado, en los meses que han transcurrido de 2020, los registros de denuncias del MP, revelan que ha habido un promedio de 190 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y las niñas, de las cuales, el 72 por ciento corresponde a violencia contra la mujer. El 52 por ciento de dichas denuncias fue por violencia física y el 27 por ciento por violencia psicológica.3 Si comparamos estos datos con los del año pasado, es por demás evidente que la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas se incrementó con el confinamiento y que la violencia física contra sus cuerpos, se duplicó durante su convivencia cotidiana con sus agresores que, sin lugar a dudas, son los hombres más cercanos a sus vidas: padres, padrastros, hermanos, tíos y abuelos. Esto también refuerza la tesis de que el lugar más peligroso para las niñas, las adolescentes y las mujeres es –paradójicamente– su hogar.
Redes comunitarias de apoyo
El artículo 16 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, establece que “Es obligación del Estado garantizar el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos financieros, humanos y materiales, para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS)”, y señala que serán administrados por organizaciones de mujeres especializadas en el tema. No obstante, seis de los diez CAIMUS existentes en el territorio nacional, no cuentan con recursos porque desde el 2019 han sido excluidos del presupuesto nacional. A pesar de ello, las organizaciones de mujeres que los administran han implementado todo tipo de estrategias para seguir atendiendo a las mujeres sobrevivientes de violencia en los CAIMUS, ante la ausencia de un Estado que lejos de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, contribuye con sus acciones y sus omisiones, a perpetuar este flagelo que afecta al 52 por ciento de la población guatemalteca.
Ante esta situación tan desoladora, definitivamente cobran una relevancia significativa los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, por fortalecer las redes comunitarias que apoyan a las mujeres sobrevivientes de violencia en los distintos territorios del país, durante el confinamiento y en el período posterior, cuyos retos se avizoran inconmensurables, particularmente para las mujeres.
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Batthyány, Karina. (2020). La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. No. 1. En: www.clacso.org.ar/biblioteca_pandemia
- En: Muñoz, Lily y Celeste Aldana. (2019). Situación de trata de niñas, adolescentes, jóvenes y la acción de liderazgos religiosos en Guatemala. Guatemala: ACTuando Juntas Jotay.
