Rosario Orellana / laCuerda
El proyecto hidroeléctrico Recursos Naturales y Celulosas (RENACE) opera en Guatemala desde 1991. Su carta de presentación es el desarrollo del país, pero la realidad y los estudios reflejan que su impacto ha sido negativo, no solamente a nivel ambiental sino por el rompimiento del tejido social en las comunidades q’eqchí’ que habitan alrededor del Río Cahabón. Ayer, 29 de enero, un informe de Punto Nacional de Contacto (PNC) España dio un nuevo espaldarazo a las defensoras y defensores del territorio.
En noviembre de 2017, la organización Alianza por la Solidaridad presentó una demanda en contra del complejo que se compone de cinco estaciones, mismas que se han ido construyendo en San Pedro Carchá, Alta Verapaz desde 2004. La organización visibiliza que, al momento de instalar este megaproyecto, no se realizó una consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales; además, alega que existen consecuencias a largo plazo que no fueron tomadas en cuenta, irrespetando la vida y los derechos de las poblaciones.
Foto: Alianza por la Solidaridad
Esta denuncia se suma a un amparo interpuesto en 2016 por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y activista social Ana Rutilia Ical ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con lo que se logró suspender la actividad de la hidroeléctrica debido a los procesos que la empresa incumplió.
Foto: Andrea Carrillo
Te recomendamos leer también: Defender el territorio: Entre la vulnerabilidad y la esperanza
PNC España, basado en fundamentos presentados por las partes involucradas, valoró la sentencia emitida por la CSJ, en la que se obligaba al Ministerio de Energía y Minas – encargado de otorgar licencia de operaciones a la empresa- a realizar la consulta según los debidos lineamientos. También señala que es posible apreciar “cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón”, con los que se respalda la preocupación de las comunidades locales.
Después de poco más de dos años de análisis, el organismo internacional recomendó a la empresa española Cobra ACS, propiedad de Florentino Pérez presidente del Real Madrid, asociada a la construcción del megaproyecto, el cumplimiento de legalidades en Guatemala y la adhesión a los estándares internacionales, según lo establecido por la Organización Europea para la Cooperación Económica (OCDE) para empresas multinacionales.
Detalló que deberá, además, hacer de conocimiento de las poblaciones indígenas afectadas que “lamenta los posibles perjuicios que haya podido causar […] así como el propósito de colaborar con las autoridades judiciales guatemaltecas para la mitigación y remediación de los mismos…”
Foto: Andrea Carrillo
Ical dijo en entrevista a laCuerda que ve esta resolución como un triunfo para el pueblo originario q’eqchí’ y para el Estado de Guatemala porque en el informe “se ordena a la empresa que se apegue a la debida diligencia de los órganos nacionales e internacionales para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos”.
Rutilia agregó: “es parte de la lucha que estamos librando. Es un éxito porque el Estado español reconoce que se han vulnerado nuestros derechos, que se ha violado el derecho de consulta. Este no es un triunfo mío, es del pueblo maya y de quienes defendemos los territorios”.
La activista manifestó que este logro “hay que seguir celebrándolo” porque es uno de los pasos que ha costado mucho. “Hemos sido víctimas de criminalización, de amenazas, nos han querido desprestigiar… por eso debemos celebrar y seguir luchando”, concluyó.
Puede interesarte: “El territorio es nuestro y vamos a seguir defendiéndolo”
Esta resolución fue leída tan solo un día antes de cumplirse el segundo aniversario de la detención arbitraria de Bernardo Caal Xoc, defensor del agua que cumple una sentencia de siete años por hechos relacionados con protestas en las que se buscaba la protección del mismo río Cahabón.
Foto: Alex Guillamón
