De enero a la fecha, en Guatemala han sido asesinadas 13 personas LGBTIQ+. En las últimas semanas las víctimas han sido mujeres trans. Según Henry España, encargado de la defensoría de diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el gran cómplice de esta violencia es el Estado al no generar políticas en beneficio de esta población.
Kimberly López / laCuerda
Diez días han pasado desde que Andrea González, lideresa y activista por los derechos humanos de las personas trans, fuera despedida entre el llanto y dolor de sus compañeras.
Durante muchos años, Andrea fue presidenta y representante legal de la organización Otrans Guatemala, un colectivo que desde 2004 emprendió la lucha titánica de defender la dignidad y derechos de las personas trans, en un país en el que aún predomina la intolerancia y conservadurismo. El 12 de junio fue atacada y asesinada con armas de fuego, en la Ciudad de Guatemala.
«Este asesinato fue cruel y vil, llevamos luchando 20 años contra estos asesinatos y estamos hartos y hartas de que el Estado no emita órdenes de captura contra los asesinos de personas LGBTIQ+», dijo Gabriela Dávila, representante de la organización Gente Positiva, durante la ceremonia para despedir a Andrea.
Andrea también perteneció al Comité Nacional por la Inclusión Laboral LGTBIQ+. Era una líder dispuesta a exigir los derechos de una población que históricamente ha sido excluida y discriminada.
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Días antes del asesinato de Andrea, a 150 kilómetros de la Ciudad, Cecy Caricia Ixpatá, mujer trans falleció en el hospital de Salamá, en el departamento de Baja Verapaz. Cecy fue agredida por dos personas y murió, luchando por su vida, el 9 de junio.
En menos de una semana, José Manuel Villeda, un hombre gay de 22 años, también fue asesinado a tiros en Izabal. Su muerte fue la quinta contabilizada solo en ese departamento.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala, junto con Honduras y El Salvador, son los países más peligrosos de la región latinoamericana para las personas LGBTIQ+. Y las constantes muertes violentas ocurridas en las últimas semanas lo confirman.
Según el Observatorio de muertes violentas de personas LGBTIQ+, conformado por la Red Nacional de Diversidad Sexual y la Asociación LAMBDA, durante el año pasado se registraron 19 muertes violentas en todo el país. Los números de este año, 12 hasta la fecha, indican que la cifra del año pasado será superada.
El peligro de ser LGBTIQ+ y activista
“Sin duda alguna nos preocupa porque este tipo de situaciones nos continúan demostrando que Guatemala no es un país seguro para muchas personas pero el ser una persona LGBTIQ es otro factor de riesgo en la sociedad y sin duda estos hechos violentos lanzan un mensaje de miedo hacia la población”, dice Henry España, encargado de la defensoría de diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Andrea tenía 28 años. Distintos estudios realizados por organizaciones latinoamericanas revelan que la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 30 a 35 años de edad. Según la información estadística recolectada por la CIDH, el 80% de las personas trans asesinadas durante un período de 15 meses tenía 35 años de edad o menos.
El hecho de que Andrea ni siquiera haya llegado a la edad de expectativa de vida es alarmante y lo es aún más por el rol que desempeñaba como defensora de derechos humanos.
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“El ente investigador se debe encargar de identificar cuál fue la causa de su muerte pero, sin duda alguna, su condición de persona trans y defensora de derechos humanos es un factor que debe tomar importancia al momento de la investigación”, explica España.
Propuestas en beneficio de la población LGBTIQ engavetadas
Las muertes recientes han empañado la alegría de este mes, en que se celebra el Mes del Orgullo, la festividad de la población diversa. Entre el temor y el dolor que estos crímenes han despertado, el Estado se mantiene indiferente y sin tomar acciones concretas para enfrentar el problema del odio y la intolerancia.
España señala que ni el Ejecutivo ni el Legislativo, desde sus áreas de acción, han tenido interés en apoyar los derechos de esta población. Por el contrario, han ignorado propuestas creadas por organizaciones que trabajan en estas causas.
Desde el 2013 se comenzó a construir una política pública para personas LGBTIQ en Guatemala y el borrador continúa en el Ejecutivo, sin ningún avance.
Por aparte, en el Congreso hay dos iniciativas de ley que permanecen engavetadas. Fueron propuestas por la ex diputada Sandra Morán. Una de ellas es la propuesta de Ley de crímenes por prejuicio y la Ley de identidad de género. Ambas iniciativas no llegaron a ser discutidas en el pleno.
Mientras el Estado continúa indiferente, el peligro avanza ante el horror y la impotencia de las organizaciones y defensores de derechos humanos que, por años, han luchado por erradicar el odio contra la población LGBTIQ.
