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El pasado 1 de febrero el juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, otorgó medidas sustitutivas a dos exmilitares señalados de participar en delitos de genocidio, crímenes contra los deberes de la humanidad, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en Guatemala y documentados en el Diario Militar.
Jacobo Esdras Salán Sánchez y Malfred Orlando Pérez Lorenzo fueron beneficiados con arresto domiciliario sin vigilancia pese a que el Código Procesal Penal establece que no puede concederse ninguna medida sustitutiva a sindicados de asesinato.
Esta decisión se dio luego de que la defensa del exmilitar y del exagente de la extinta Policía Nacional argumentara que ambos presentan quebrantos de salud. “El juez dio por acreditada una situación de enfermedad que nunca se probó, él asumió que Salán y Pérez están enfermos, dijo que era evidente y que por eso otorgó la medida”, señala Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y parte de la defensa de las víctimas y querellantes del caso.
De acuerdo con Tzul, las y los representados recibieron el fallo con indignación y manifestaron su inconformidad al reflexionar que Bautista “en ningún momento tomó en consideración los derechos de las víctimas y la condición de vulnerabilidad en la que ellas, las y los testigos y querellantes quedan”.
La abogada calificó la acción del juzgador como una “resolución arbitraria que busca generar impunidad y limitar el acceso a la justicia”, además aseguró que el equipo de abogadas de las víctimas apelará en el momento oportuno esperando que la Sala corrija y reconduzca el proceso.
Según Tzul estas decisiones no son casualidad y mucho menos sorpresivas. Apunta que existen patrones que evidencian el actuar de fuerzas paralelas alrededor del caso, mismas que presionaron hasta conseguir la renuncia y exilio del juez Miguel Ángel Gálvez luego de que éste enviara a juicio a nueve policías y militares retirados por delitos revelados en el también conocido como ‘dosier de la muerte’.
La entrevistada puntualizó que “el primer precedente fue cuando la jueza Claudette Domínguez otorgó arresto domiciliario al sindicado Toribio Acevedo en noviembre del año pasado [2022]”; a su vez, denunció que el 9 de enero de 2023 se realizó una audiencia de revisión de medida para Pérez en la que se negaron las medidas sustitutivas, sin embargo bajo los mismos argumentos presentados a inicios de año, el 31 de enero se realizó una nueva audiencia en la que se emitió una resolución completamente distinta.
Tzul concluyó que conceder arresto domiciliario en estos casos provoca peligro de fuga, que las personas sindicadas no vuelvan a comparecer y todo quede en impunidad. “De ser así, será bajo la estricta responsabilidad del juez que ordenó y dictaminó estas medidas”, dijo.
“Es una burla para los sobrevivientes y las familias de las víctimas”
María Elisa Meza, familiar de tres de las víctimas, asevera que la determinación de Bautista simboliza un alarmante retroceso en el caso, sobre todo por considerarse un delito que no goza de medidas sustitutivas. “Es una resolución ilegal y una burla”, puntualiza.
Asimismo, Meza mencionó que ella y las demás personas que han permanecido en la búsqueda de justicia quedan en condición de mayor vulnerabilidad ante la liberación de Salán y Pérez. “Es otra evidencia de que el sistema está cooptado y el juez es otro más aliado con la impunidad y sí necesito responsabilizarlo de cualquier cosa que nos pase a las familias que estamos dentro del proceso”, apuntó.
Las declaraciones de María Elisa coinciden con el sentir de Carmen Yolanda Gómez, víctima directa de las cárceles clandestinas y familiar de víctimas, quien opina que esta situación refleja “la cooptación de todos los organismos del estado, además de representar un inminente riesgo de muerte” para quienes resisten frente al ya lastimado sistema de justicia, como ella lo describió. “Pensábamos que se iba a promover actos, por lo menos, si no de justicia, de reparación de algunos de los daños, pero se volvió a vulnerar a las familias…nos vuelven a poner en una situación de miedo, de riesgo, de indefensión”, agregó.
Sobre la intencionalidad de la determinación del juez, Gómez concuerda en que ya era una posibilidad latente luego de que los actores detrás del fallo nunca vieron con buenos ojos que el juez Gálvez fuese tan contundente en sus decisiones. “Están involucrados los sectores económicos, políticos, el ejército…todos los que nos han tenido dominados que se vuelven a juntar y éste es el resultado”, sentencia.
Tanto Carmen Yolanda como María Elisa aseguran que pese al miedo que esta resolución les causa, seguirán luchando para que se conozca la verdad, se haga justicia y se garantice una reparación digna. “Hay que seguir porque esos son los pasos que nos dejaron las personas que lucharon por un bien común, nos toca seguir y no descansar hasta que logremos que se dicte una sentencia y podamos saber dónde están nuestros familiares”, concluyó Meza.
