Andina Ayala, Nancy Hernández y Omar Martínez / Reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.
La llegada del virus Sars-cov-2 o COVID-19, acentuó la problemática del agua, y mostró que no acceder al líquido vital es una fibra más dentro del músculo robusto de la desigualdad estructural en Centroamérica. Lavarse las manos es otro rasgo de discriminación: para algunos no representa esfuerzo, para las comunidades sin agua potable, el riesgo de contagio es mayor.
Nejapa es un municipio asentado en el manto acuífero más importante para el departamento de San Salvador porque abastece a los municipios aledaños. Es una zona rural dotada de nacimientos de agua, pero son acechados por nuevos proyectos habitacionales y comerciales.
Mientras los poderes económicos como los ingenios de azúcar, la embotelladora de Industrias La Constancia (ILC), empresa subcontratada de la multinacional SABMiller y propietaria de la franquicia de la Coca-Cola, y las inmobiliarias afianzan su derecho al agua, los habitantes deben de frecuentar los nacimientos porque a pesar de tener un grifo en sus casas y pagar un recibo cada mes, el agua no cae.
Hay algunas excepciones como el caso de Heidi Guerrero, que tiene la oportunidad de llenar cántaros, barriles, botellas, pero solo por las madrugadas. Es originaria del cantón Las Marías 2, recibe el líquido una o dos veces por semana máximo, en horarios de 2:00 y 3:00 de la madrugada. Heidi tiene el servicio de agua potable hace cinco años, una de tantas veces sin agua, pasó cuatro meses sin que de su grifo cayera una gota, pero ella siempre ha pagado el recibo de $4.25, porque teme pagar la mora de $3.00 por mes de atraso. “Cuando ya inicia el verano cae dos o una vez por semana y así vamos pasando, aquí sufrimos con el agua”, dice. Cuando no tiene agua paga $8.00, semanal por cuatro barriles de agua, el costo al mes podría llegar a los $40.
En Las Marías 2, es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) quien distribuye el agua potable en el país, pero esta institución autónoma no garantiza un acceso eficiente al líquido.
¿Quién se lleva el agua?
En Nejapa, a los cultivos de caña, que necesitan 3 mil 894.80 metros cúbicos de agua por manzana, no les falta el riego. Tampoco a La Constancia que opera desde 1994.
“Es bien injusto porque realmente nosotros somos ricos en agua como municipio de Nejapa, pero siempre nos han hecho a un lado y malgastan el agua. Todo se debe a que ellos (ANDA) negocian el agua de nosotros con las colonias privadas y los empresarios grandes”, señaló Heidi.
En los últimos tres años el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha aprobado 27 permisos de construcción en Nejapa, todos con requerimiento de agua, según la Oficina de Información y Respuesta (OIR). Entre estos, se encuentra un proyecto aprobado para La Constancia. Se consultó a la OIR sobre el caso, pero no determinó en qué consistía el permiso otorgado en 2019.
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Desde 2006 diferentes organizaciones han señalado que, de haber una Ley de Agua, esta desigualdad que denuncia Guerrero no tuviera oportunidad. El tema de la aprobación de una Ley ha tenido altos y bajos en el pleno salvadoreño, la falta de consensos no ha permitido la aprobación de una legislación que garantice el acceso igualitario de las mayorías al líquido, según la Alianza Nacional contra la privatización del Agua los intereses privados sobre el agua son los que impiden llegar al consenso definitivo sobre una ley. “La solución está en las manos de ellos (diputados), pero los intereses económicos son tan fuertes que no están dispuestos a ir en contra de sus financistas”, dijo Amalia Bonilla, una de las representantes de la organización.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) asegura que los intereses de la empresa privada sobre el manejo del agua ha sido el factor que ha frenado la aprobación de una ley. De acuerdo con el académico, esta dificultad se dio porque había dos posturas: “Una que dice que el ente rector debe ser eminentemente público y otra postura que dice que el agua debe ser manejada con eficiencia y que debe estar la empresa privada dirigiendo”.
El 18 de junio, el Ejecutivo mandó una nueva propuesta a la Asamblea titulada Ley de Recursos Hídricos, en el artículo 4 declara el agua como “un bien nacional de uso público”, por tanto, “corresponde al Estado la regulación, gestión integral y administración de los recursos hídricos”. El documento define como ente rector a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) en el artículo 10, establece que estará adscrita al Ejecutivo a través del MARN. El proyecto de ley no contempla la participación de la empresa privada en la junta directiva ni toma de decisiones.
Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), dijo que la propuesta deja la puerta abierta “para el uso excesivo y abusivo del recurso hídrico y eso debe de controlarse”.
Por ahora hay dos nuevas iniciativas en el pleno, la del Ejecutivo y la presentada el 14 de junio por la Alianza Nacional contra la privatización del Agua con enfoque de derechos humanos y de carácter ciudadano. Esta iniciativa tiene el apoyo de ARENA, el FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. Nuevas Ideas, el partido del oficialismo, se negó a respaldar. La Ley del Ejecutivo está en una comisión ad honorem y se espera sea aprobada en 90 días. Tanto las organizaciones como la sociedad civil están atentas a la resolución.
Santa Cruz Chinautla
El promedio de integrantes de familias de Santa Cruz Chinautla es de seis personas, para las necesidades más básicas no basta un barril (tonel de agua de 220 litros), con suerte podría abastecer, con limitaciones, los oficios de mediodía como lavar platos y cocinar.
El Índice Socioecológico Mundial (ISEM) publicado por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, registra que la población poqomam de Chinautla tiene una puntuación de 9.5/10 de pobreza extrema. Estar ubicada a 12 kilómetros de la capital de Guatemala, la más grande de Centroamérica, no le ha dado mayores beneficios a Chinautla. Tampoco que el municipio cuente con riquezas mineras: arena de río y piedrín.
Algunas mujeres trabajan como empleadas de casa, pero con la pandemia COVID-19 muchas perdieron este ingreso, fue el caso de Aracely Rodas, de 39 años, líder y defensora de la comunidad, quien ha sufrido la mayor parte de su vida por la falta de agua. La misma realidad comparte Alicia Escalante de 52 años, habitante de la comunidad de Santa Cruz Chinautla: “Antes, había chorros en las calles para la gente porque no teníamos agua propia en las casas”.
El inadecuado acceso al agua abona al deterioro de la vida y la cultura poqomam. La distribución eficiente y potable es responsabilidad de la municipalidad de Chinautla, actualmente dirigida por Liz del Cid Medrano. Este es su segundo período de cuatro años y según los habitantes, no ha dado luces de interés por resolver la problemática.
Alicia y Aracely, dos generaciones atestiguan que la municipalidad no ha garantizado este derecho a plenitud. El problema se agudizó cuando “la municipalidad le transfería un pago de 50 mil quetalzales ($6,478.34) como arrendamiento al dueño del terreno, el señor Luis Ernesto Montoya, pero en 2019 la alcaldesa había dejado de hacerlo”, explicó Aracely.
Ese mismo año, los líderes comunitarios investigaron y descubrieron que ya no tenían permiso para abastecerse del nacimiento conocido como Borbollón, que ha brindado agua al cantón Central y al cantón Pila Seca. El espejo de agua está dentro del inmueble que pertenece a la familia Montoya, quienes pretendían que la comunidad hiciera el pago mensual. A raíz de esto, en el 2019, los pobladores optaron por cerrar las calles por tres días, acción que afectó directamente los negocios de las areneras, pues se impedía la movilización de los camiones.
En los tiempos de escasez Aracely llegó a pagar hasta Q400.00/ $53 USD al mes, sin contar el tiempo gastado en el acarreo de agua. La recolección del agua es un trabajo y una carga que generalmente se impone a las mujeres. Aracely lo rememora desde su infancia, cargando los cántaros de un lugar a otro: “Cuando era niña yo venía a lavar las pilas de aquí con don Pancho, o lavaba en un pocito y acarreamos agua para tomar. Porque el agua solo entraba una vez al mes”, relató. Al ver a sus hijas hacer lo mismo, decidió involucrarse y ahora, participa en la administración del proyecto alternativo de agua para el cantón Pila Seca, les tomó un año y dos meses, pero es producto de sus propias manos y sus bolsillos. “Esta agua es privada porque se paga al fontanero, la luz, y el arrendamiento entre todos los vecinos. Se inició en junio de 2019 y se inauguró en septiembre de 2020. El proyecto es gestionado por la comunidad, recibimos una vez a la semana, pero llenamos hasta 8 toneles (barriles) por familia”.
Derecho humano al agua
Guatemala nunca estuvo tan preparada para discutir la ley de agua, como en los años 2016 y 2017. Producto de una fuerte participación social y comunitaria, se produjo una iniciativa de ley, la número 5070. La población no organizada, la sociedad civil y las comunidades rurales se habían puesto de acuerdo en algo muy importante: “el agua es un derecho humano”. Dicha demanda social se coordinó a través de la Asamblea Social y Popular (ASP) quienes elevaron el tema de la contaminación, escasez y la apropiación de fuentes acuíferas por parte de empresarios y finqueros, las comunidades reclamaban particularmente el desvío de ríos, dejando a poblaciones en sequía:“Si se habla del uso del agua en riego de cultivos agrícolas, solo la caña de azúcar y la palma de aceite (o africana) consumieron el 61 por ciento para el 2010, y el banano, el plátano y el melón, el 22, en cuyos casos la mayor fuente utilizada son los ríos. Siendo que la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano han ampliado su área de producción, en el 2016 consumen más agua en riego, en comparación con el 2010, año en el que consumieron entre el 55 y el 63 por ciento del agua utilizada por las actividades económicas en general. Mientras, la extracción de agua para uso doméstico es solo del 3 por ciento aproximadamente”.
Después de no haber concretado una ley de agua democrática, temen que se imponga a favor del sector privado, se legalice el desvío de ríos. “Se corre el riesgo de que se legalicen todos los desvíos de ríos que ha habido hasta la actualidad y darles como el derecho de propiedad a los ingenios, a las palmeras a todas aquellas empresas e incluso a las hidroeléctricas” reflexionó José Chic, asesor del diputado independiente Aldo Dávila.
Sin ley de agua hay esperanza
El municipio de Chinautla concentra en distintos niveles y perspectivas la problemática del agua, el fenómeno climático, la contaminación y la compleja trama política-empresarial, las areneras que operan sin estudio de impacto ambiental, la municipalidad sin responder correctamente a las demandas de acceso al agua, la destrucción de sus bienes inmuebles por los ríos contaminados.
Dice Efraín Martínez que “la tragedia fue una ventana para constituirse como concejo indígena”. Él es autoridad ancestral indígena Poqomam de Santa Cruz Chinautla. En julio de 2020 la Corte de Constitucionalidad, declaró que la municipalidad de Chinautla, suministre el servicio de agua potable sin interrupciones al pueblo indígena poqomam de Santa Cruz, Chinautla.
El 7 de marzo de este año, con lágrimas en los ojos, después de dos años de luchar por que se reconozca su derecho al agua, Efraín, Aracely, Alicia y la comunidad celebraron la sentencia. Dieron un discurso en el parque y después disfrutaron de su platillo tradicional, el pinol. Pero con la claridad de que van a continuar hasta que la municipalidad les cumpla.
