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Este lunes, 18 de mayo, en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas de coerción solicitada por los militares Byron Humberto Barrientos Díaz y Carlos Augusto Garavito Morán, sindicados por delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada relacionados al Caso CREOMPAZ. Con esta medida, ambos pretendían salir de prisión preventiva, argumentando que corrían alto riesgo de contagio por Covid-19 debido a las “malas condiciones” dentro de la Cárcel Mariscal Zavala y el hospital militar.
Buscan más privilegios
La defensa de los acusados solicitó arresto domiciliar y permiso para que éstos puedan trasladarse a distintos lugares dentro y fuera del país, argumentando que con ello “no intervendrían en la investigación al haberse presentado el acto conclusivo”, además afirmaron que se deben garantizar las medidas necesarias para evitar que personas privadas de libertad y de la tercera edad se contagien de coronavirus.
Domínguez solicitó informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en los cuales se detalla que ambos militares gozan de salud estable y explicó que el derecho de acceso a ésta, no se les ha negado. La jueza dijo que el centro médico militar es privilegiado y que cuenta con especialistas capacitados para la adecuada atención de Garavito Morán, por lo que, de otorgarle la prisión domiciliar correría más riesgos en la casa y durante los constantes desplazamientos al centro médico. Por otro lado, agregó que en Mariscal Zavala no existe hacinamiento, contrario a otros centros de prevención y que nunca se probó la falta de agua en dicha cárcel, por lo que declaró sin lugar las peticiones de ambos. Argumentó, además, que en el Caso Creompaz existen otros sindicados y prófugos que podrían obstaculizar el proceso por el que se busca la verdad y justicia para las víctimas.
Esta es la segunda ocasión en la que Garavito solicita revisión de medidas de coerción. En marzo de 2018 la misma juzgadora resolvió sin lugar la petición de arresto domiciliar y ordenó el traslado inmediato del sindicado para el Centro Médico Militar, luego de presentarse un estudio en el que se reflejaron quebrantos de salud.
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No más impunidad
La medida de prisión preventiva para ambos militares fue dictada en 2016 por la misma jueza Claudette Domínguez debido a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta y por las altas probabilidades de fuga que existen, tal y como sucedió con el también acusado en este caso Edgar Ovalle, quien permanece prófugo de la justicia luego de haber sido retirado su arraigo. Según los querellantes, aceptar la modificación y otorgar prisión domiciliaria representaría un grave retroceso para el proceso y, a su vez, un paso adelante para la impunidad.
Estas mismas solicitudes las hicieron los militares José Antonio Vásquez García y César Augusto Cabrera Mejía, quienes acudieron a la audiencia programada para el pasado 11 de mayo, en la que la juzgadora Domínguez resolvió sin lugar.
El caso CREOMPAZ
En 2016 fueron detenidos 14 militares retirados, acusados por delitos de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno. Las pruebas para exigir esclarecimiento y justicia fueron halladas en la Zona Militar 21, un centro en Cobán, Alta Verapaz que hoy es una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ). Durante los años ochenta, esta zona funcionó como centro de detención y ejecución clandestino.
El caso fue reconocido como el más grande en la historia de América Latina, con relación a las desapariciones forzadas. Entre 2012 y 2015 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizó 14 exhumaciones y localizó 558 osamentas en cuatro fosas de la Zona Militar 21. La mayoría de éstas mostraban diversas señales de tortura.
Sobrevivientes de las masacres y familias de las víctimas hoy exigen justicia.
Fotografías tomadas del Twitter de Jo-Marie Burt.
