Pía Flores / laCuerda
Organizaciones de mujeres y de derechos sexuales y reproductivos, junto con sobrevivientes de violencia sexual, celebraron el 1 de septiembre de este año lo que calificaron como un “avance histórico para la igualdad de género” en Dinamarca, cuando luego de casi cuatro años el Parlamento acordó reformar la ley vigente sobre la violación sexual, para que ésta se base en el consentimiento, en vez del uso de la fuerza.
“Es una victoria grande que por fin tendremos la ley de consentimiento que hemos exigido durante años”, expresó Helle Jacobsen de Amnistía Internacional, una de las organizaciones que trabajó a favor de una nueva legislación. “Significa que víctimas de violación ya no tendrán que comprobar que pusieron resistencia”, agregó. Semanas después se presentó la propuesta formal de la reforma que entraría en vigencia a partir de enero de 2021. Establece lo siguiente:
La violación sexual no se trata de fuerza o la obligación de decir no. Al contrario, se trata de que si las partes por voluntad propia hayan consentido a una actividad sexual. Ambas partes tienen que dar su consentimiento, y el consentimiento tiene que estar presente durante toda la actividad. Si no, es violación -también en relaciones de parejas.
Debe ser punible mantener acceso carnal con una persona que no da consentimiento. La manera que se entiende la violación sexual en la sociedad necesita cambiar, y una nueva legislación basada en el consentimiento es un hito en este esfuerzo.
Una investigación del Consejo Danés para la Prevención del Delito señala que más de seis mil 700 mujeres, en un país de seis millones de habitantes, fueron víctimas de una violación o intento en 2019, pero se registraron solamente mil 662 denuncias. Con la reforma, el país se unirá a otros diez en Europa que ya implementaron leyes de consentimiento. En Suecia ha resultado en más condenas en casos por violación desde que el cambio de ley entró en vigencia en 2018.
Si hay duda, no hay consentimiento
El cambio es cultural, no solo legal. Propone cambiar la percepción limitada que tienen las autoridades y la población danesa en general sobre qué es la violación, y que se refleja en la práctica judicial, que tiende a dudar de o culpabilizar a la víctima. Igual que en Guatemala.
Louise Kjølsen también participó en la lucha para que se aprobara la reforma. Es psicóloga, autora, feminista y artista conocida como Twerkqueen (reina del Twerk [estilo de baile]). Y es sobreviviente de violencia sexual. “La legislación sobre violación que tenemos ahora mismo, simplemente no sirve. No es mi responsabilidad tener que gritar ‘no’, patear y golpear. Si tu y yo tuviéramos sexo ahora, es tu responsabilidad asegurarte de que yo tenga ganas de tener relaciones sexuales contigo”, dijo en una entrevista en septiembre.
Cuando Kjølsen fue violada hace cinco años, no lo denunció. Estaba convencida que por las circunstancias de su caso no encontraría justicia por ubicarse en un ‘area gris’ que favorece al violador. Conocía al violador, era un hombre con quien estaba saliendo y anteriormente habían tenido relaciones sexuales consensuadas. No cumplía con el estereotipo erróneo de que la violación es cuando un hombre desconocido de repente aparece de la oscuridad y toma su víctima con fuerza.
¿Está lista Guatemala para hablar de consentimiento legal?
Cada día, 18 mujeres guatemaltecas denuncian haber sido violadas. En 2019 se registraron más de nueve mil casos, según el Observatorio de la Mujer del Ministerio de Público (MP). Los números son alarmantes, pero se sabe que no reflejan toda la realidad y que aquí también existe un subregistro en las denuncias por violencia sexual. El miedo y la poca confianza en obtener justicia, impiden que muchas mujeres acudan al sistema de justicia.
Sin la reforma, la legislación en Dinamarca es parecida al Código Penal de Guatemala. Se considera violación sexual cuando el sujeto activo utiliza “violencia física o psicológica, o cuando hay acceso carnal en una víctima que no es capaz de decir no. Pero depende de la víctima comprobar que ella manifestó que no quería.
En 2018 Julia Rayberg denunció a Byron Cortez, su instructor de gimnasio, por violación y agresión sexual, ante el MP. Fueron a una fiesta donde ella, a pesar de tomar poco alcohol, pierde la conciencia. Despertó horas después, desnuda y sin memoria en una cama ajena con Cortez a su lado. Él, en ropa interior aseguró que la había salvado de la fiesta. Rayberg podía sentir que fue violada. En la noche traía un tampón que se tardó 8 días en ser expulsado de su cuerpo. Aún así, la jueza Lidys Chuy del Juzgado de Femicidios en Sololá, desestimó el delito de violación por falta de mérito, dado que Rayberg no recordaba en el momento que pasó. Cortez fue ligado a proceso por agresión sexual, porque intentó besar y tener relaciones con Rayberg cuando despertó.
“Si no se logra debidamente acreditar con los elementos de prueba del consentimiento de la víctima, lamentablemente en muchos procesos en el sistema se desestiman”, comenta la abogada Gilma Cornejo de la Fundación Sobrevivientes que acompaña el caso de Rayberg.
Claudia Say, es asesora jurídica y trabaja con los derechos de las mujeres desde la perspectiva legal. Considera que las leyes de consentimiento son bastante avanzadas. “Supera lo que tenemos en Guatemala, porque en la norma, aquí sí esperamos que haya violencia para poder considerar que fue violación. Pero [en la propuesta] se explica incluso qué es una relación sexual, donde entre una persona con la otra tiene que haber un consentimiento bilateral. Si no hay, es violación”, dice Say.
La experta resalta la importancia del consentimiento como un tema legal, justamente en este tipo de situaciones que erróneamente se consideran como “áreas grises”. Por ejemplo, casos donde un acto sexual inició con consentimiento de ambas partes, pero luego una parte manifiesta que ya no quiere participar. Una ley similar podría ser ventajosa en Guatemala, señala Say quien resalta que el sesgo, los prejuicios y los estereotipos sobre mujeres en los funcionarios del sistema judicial, aún no han sido reemplazados por el enfoque de género.
“Creo que sí se podría aplicar en Guatemala y que tendría éxito. No lo veo tan lejano. Pero es importante que se adapte al contexto específico de Guatemala, y que se tome en cuenta el criterio victimológico y las relaciones de poder particulares que siempre existen y que puedan influir, concluye Say.
