En Honduras se lleva a cabo el juicio en contra de Roberto David Castillo, ex oficial de inteligencia militar, señalado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y ambiental. Esta es una entrevista con los detalles del caso.
Jody García / laCuerda
Nina Lakhani es periodista y autora del libro ¿Quién mató a Berta Cáceres?, una extensa investigación que describe quién era la defensora, de dónde venía, qué hizo y por qué fue considerada enemiga del Estado hondureño.
Lakhani accedió a esta entrevista en el contexto del segundo juicio por el asesinato de Cáceres, que tiene como acusado a David Castillo, ex oficial de inteligencia militar y ex directivo de la Empresa de Desarrollo Energéticos, Sociedad Anónima (DESA), compañía que recibió una concesión de 20 años para usar el río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena lenca.
Cáceres fue asesinada en marzo de 2016, en medio de un fuerte trabajo de defensa del río y de su territorio.
La entrevista ha sido editada para mayor comprensión.
laCuerda: ¿Qué está pasando con el caso por el asesinato de Berta Cáceres?
Nina Lakhani: Estamos en el segundo juicio por este caso. El primer juicio fue llevado a cabo en 2018, cuando siete personas fueron sentenciadas a entre 30 y 40 años de cárcel por ser los enlaces entre un grupo de sicarios y los autores intelectuales.
David Castillo es el primer sujeto que es acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Él es un ex militar de inteligencia que fue entrenado en Estados Unidos en una academia de militares llamada West Point, en el estado de Nueva York. También es un ex funcionario del Estado de Honduras. Trabajaba para la Empresa Nacional de Energía de Honduras y, en el momento del asesinato de Berta, él era el presidente de DESA, que con financiamiento nacional e internacional estaba atrás de la presa que se iba a construir en el río Gualcarque.
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lC: ¿Qué pruebas hay en el caso contra David Castillo?
NL: La evidencia más fuerte viene de datos telefónicos. Hay miles y miles de chats de WhatsApp de Castillo y todos los imputados. Entre los chats y comunicaciones, que fueron evacuados durante el primer juicio, hay muchas conversaciones en las que hablan de pagos para los informantes en la comunidad que estaban monitoreando los movimientos de Berta.
Cuando la comunidad estaba planificando una protesta, ellos sabían y pedían que la policía y las fuerzas de seguridad llegaran. Hay muchos chats donde aparece que entre octubre y noviembre de 2015 tomaron la decisión de terminar con la vida de Berta y eso coincide con una segunda etapa de protestas en la comunidad.
En 2013, cuando empezó todo y había muertos en la comunidad, el proyecto fue suspendido pero en una forma clandestina la empresa planificaba construir la presa al otro lado del río. Todo eso salió en octubre de 2015, entonces Berta y la comunidad empezaron a organizarse y hacer plantones.
En el primer juicio, en la sentencia, los jueces dicen que la empresa tomó la decisión de asesinar a Berta porque sus acciones estaban afectando sus ganancias. Hay chats en los que hay planificación y órdenes entre Castillo y el ex jefe de seguridad de DESA quien ya se encuentra en la cárcel.
Un mes antes del asesinato de Berta, el teléfono del mayor Mariano Díaz estaba siendo monitoreando en tiempo real cuando él estaba planificando el asesinato de una persona desconocida. Pese a ello el Estado no hizo nada. Si hablamos de responsabilidad también hay que hablar de negligencia y omisión.
lC: ¿Qué implicaciones han tenido los juicios en la situación de las y los defensores de derechos humanos y del territorio en Honduras?
NL: No podemos negar la importancia de los juicios porque aún peor que en Guatemala, en Honduras hay una impunidad garantizada. Honduras ha sido el país más peligroso para defensoras y defensores del medioambiente y la tierra, y todos los casos quedan en la impunidad.
Berta Cáceres era la activista más reconocida en América Latina. Había ganado el premio Goldman en 2015, había sido invitada a Roma a una audiencia con el Papa, era muy reconocida y la asesinaron en 2016.
Por la presión nacional e internacional, la familia logró una investigación real y ocho personas fueron acusadas, uno de los ocho no tenía nada qué ver y salió.
Ese juicio debió haber sido un paso adelante para el sistema de justicia pero eso no ha pasado. A partir del golpe de Estado que se dio en Honduras en 2009, cada año ha sido peor. El Partido Nacional, que ha estado en el poder a partir del golpe, es un sindicato criminal, el presidente actual —Juan Orlando Hernández— ha sido nombrado como conspirador de una red de narcotraficantes en al menos tres juicios en Nueva York. El hermano del presidente está preso.
El país es un Estado criminal. Por unos meses la comunidad internacional retiró diplomáticos, dejó de hacer negocios, pero eso duró muy poco tiempo. No ha habido consecuencias para nadie en el poder. El gobierno en los Estados Unidos ha seguido trabajando con el gobierno en Honduras como un socio importante en la lucha contra las drogas, contra la migración, en esos temas geopolíticos.
David Castillo fue detenido en 2018, había estado tres años en la cárcel antes del inicio del juicio. Es muy importante que él enfrente la justicia, pero es fundamental destacar que de la evidencia que hemos visto, es sólo uno de los autores intelectuales. Hay otros niveles y capas de responsabilidad que nunca han sido investigados.
Son pasos muy importantes porque por primera vez hay juicios en el caso de una defensora, pero hasta ahora no hemos visto ningún cambio profundo en el Estado y no lo vamos a ver mientras siga en el poder la misma banda.
lC: Entonces, ¿desde el asesinato de Berta ha empeorado la situación para las y los defensores de derechos humanos?
NL: Ha parado un poco la frecuencia de los asesinatos, porque a partir del golpe y el asesinato de Berta, yo contababa entre 120 y 130 defensoras y defensores asesinados y ese ritmo de asesinatos sí ha disminuído. Siguen asesinando gente pero no como antes.
El terror judicial no ha parado para nada, al contrario, ha incrementado y creo que también se ha utilizado la pandemia y todos los toques de queda para reprimir más a activistas y líderes sociales.
lC: Tú escribiste un libro sobre el caso, ¿cuáles fueron los principales hallazgos?
NL: Hay un trabajo muy intenso y profundo y llegué a algunas conclusiones. Primero, para entender cómo fue asesinada tenía que entender quién era y de dónde venía, entender el contexto político, geopolítico, social y económico del país. Solo así podía comprender por qué Berta Cáceres fue considerada enemiga del Estado.
El nombre de Berta apareció en una lista de muerte, manejada por los militares, unas semanas antes de que fuera asesinada. En esa lista había otros activistas que ya habían sido asesinados. Ella amenazaba el status quo, porque no solamente era defensora, era muy inteligente, una analista política con la capacidad de siempre entender y explicar una lucha local en el contexto regional y global. Entendía lo que estaba pasando con esa empresa y esa comunidad pequeña en el contexto del neoliberalismo y capitalismo, en las políticas de los grandes bancos del mundo. Ella podía unir a gente urbana y rural, a estudiantes y campesinos.
Ser mujer y ser mujer indígena para los empresarios y las élites era intolerable, porque una mujer indígena tenía la capacidad de detener su proyecto.
Yo estoy súper clara en que el asesinato de Berta fue el gran final, el último paso de una campaña larga y de terror que existía contra ella, su organización y el pueblo lenca, y que utilizaba criminales, fuerzas armadas, la policía, jueces y todos los instrumentos del Estado para intentar reprimir y neutralizar esa oposición.
lC: ¿Qué está pasando ahora con la defensa del río y todo el trabajo de defensa que hizo Berta Cáceres?
NL: El proyecto ha sido suspendido y varios inversionistas internacionales se retiraron después del asesinato, pero ojo, hay un banco holandés que tiene un caso civil que la familia de Berta está llevando en ese país, porque Berta escribió al banco para suplicar que se retirara del proyecto porque ya había muertos. El Banco no hizo caso.
La concesión no ha sido cancelada así que en cualquier momento, cuando no hay atención internacional, esa concesión podría ser vendida o ocupada por otros inversionistas.
La comunidad sigue bajo esa amenaza. Antes de la llegada de las empresas, esas comunidades vivían en paz, pero la empresa logró dividirlas, dieron dinero a unos, compraron tierra a otros, prometieron trabajos a otros, etcétera. Las comunidades ahora están muy divididas, y hay líderes locales que siguen sufriendo amenazas y acoso.
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lC: ¿Qué se puede esperar del juicio?
NL: David Castillo es inocente hasta que sea declarado culpable. Todo lo que yo he revisado y he escuchado durante este juicio, es que hay suficiente evidencia en contra de Castillo. Se espera su testimonio. Su defensa está diciendo que Castillo y Berta eran amigos, que había comunicación entre ellos y sí había, pero la acusación insiste en que el motivo era monitorearla.
Sería una gran injusticia si Castillo sale libre.
