La defensora de derechos humanos q’eqchi’ lleva tres años esperando a resolver su situación jurídica. Su situación se agrava en un contexto de restricción de derechos provocado por un estado de Sitio.
Jody García/laCuerda
María Choc vive en El Estor, Izabal, un municipio donde las y los defensores de derechos humanos y de los recursos naturales viven bajo asedio por un constante conflicto con empresas mineras y de monocultivos que cada vez ocupan más espacio en su territorio. También es la zona donde el pasado 25 de octubre, el presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de sitio por las protestas de pobladores que se oponen a las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Desde el año 2018 Choc, quien es intérprete y traductora de q’echi’, se enfrenta a un proceso penal que inició en su contra la empresa Lisbal, Sociedad Anónima, que la acusa de detención ilegal, amenazas y usurpación. Según la defensa de Choc, el caso carece de pruebas para vincularla con esos delitos.
El inicio del juicio contra la lideresa indígena estaba programado para el 8 de noviembre pasado, sin embargo fue aplazado para abril de 2022 porque el Ministerio Público no estaba preparado para arrancar con el debate.
Con un proceso penal en su contra que se ha retrasado por años y en un contexto de restricción de derechos, Choc habló con laCuerda para relatar lo que viven las y los defensores en El Estor.
“Nos quieren callar manteniéndonos criminalizados”, relata Choc, quien lleva tres años esperando a resolver su situación jurídica.
Ilustración: Diego Orellana
La situación se agrava con el estado de Sitio, que neutraliza la organización comunitaria que se opone a los megaproyectos al prohibir las reuniones y manifestaciones públicas.
“Esto nos afecta no solo a los defensores de derechos humanos porque viene a oprimir y desgastar a todo el pueblo, a los negociantes, incluso a los niños porque acá se vive con miedo. Esto sólo favorece a los intereses de las empresas de monocultivo, minería e hidroeléctricas”, dice Choc.
Durante los días de restricción de derechos en este municipio, la traductora incluso tuvo que salir de su comunidad y buscar refugio en otro lado por temor a ser capturada.
“Mi libertad está siendo amenazada porque somos defensoras del territorio, alzamos la voz y somos portavoces de las personas que solo hablan q’eqchi’. Corremos peligro porque nos tildan de organizar bochinches, aquí ya no se vive en libertad y sanamente”, contó.
Tres años de espera
La lentitud es lo que caracteriza el caso contra María Choc. Pero los retrasos no son casualidad, dice.
La espera para resolver su situación jurídica le ha provocado un desgaste físico y mental y también ha tenido consecuencias económicas.
“La justicia en Guatemala es lenta y muchas veces quienes somos víctimas preferimos no encaminar los juicios, pero yo sí estoy para seguir adelante y aguantar todo lo que quieran hacer porque yo creo en mi inocencia”, explica.
Choc asegura que no conoce a los testigos que el Ministerio Público y la empresa Lisbal tienen para incriminarla en tres delitos. Sin embargo, señala a los fiscales y al juzgado de Puerto Barrios de no ser independientes y aceptar acusaciones sin fundamento.
También podría interesarte: ¿Por qué no podemos normalizar las 760 alertas de desaparición en residencias de protección de SBS?
Geraldina López, abogada de Choc, señala que el caso contra la defensora es similar al de Abelino Chub, quien fue acusado por usurpación y luego liberado por falta de pruebas, sin embargo, pasó dos años en la cárcel antes de recuperar su libertad.
López manifestó preocupación porque el juzgado de Paz de El Estor dijo que revisará el libro que cada mes firma Choc como constancia de que está respetando la libertad condicional. Teme que durante el estado de Sitio, Choc pueda ser perjudicada ya que las autoridades han capturado a personas que no tenían orden de detención vigente.
“Esperamos que el Estado y Organismo Judicial cumplan con las medidas establecidas”, cerró la abogada.
