Rosario Orellana / laCuerda

 

Carmen* es una mujer indígena, defensora de derechos humanos y de territorios, originaria y vecina de Izabal, que no se acoquina cuando habla del estado de sitio. Con total claridad expresa los malestares que ha generado el decreto emitido por el presidente Alejandro Giammatei. Ella razona que la militarización en Guatemala golpea con fuerza, sobre todo a los pueblos originarios, que aún viven con la sombra de un violento conflicto armado.

El gobierno impuso estado de sitio en cinco municipios: El Estor, Morales y Livingston en el departamento de Izabal, además de Panzós y Santa Catalina la Tinta de Alta Verapaz, presuntamente para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sin embargo, la entrevistada advierte que la llegada del ejército y los policías únicamente garantiza el pleno funcionamiento de las empresas extractivas que operan en la zona.

“Todo esto sucede después que el viernes 17 de julio, a eso del mediodía, se reunieran finqueros, dueños de grandes extensiones de palma aceitera en Izabal, y del área del Polochic; quieren las rutas libres para seguir enriqueciéndose. Los únicos que ganan con todo esto son los del sector empresarial y funcionarios que se llenan los bolsillos, aprovechándose de la pandemia”, señala.

Mientras tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, en entrevista con laCuerda, no descarta que sean los intereses particulares de las transnacionales y sus aliados incrustados en el gobierno, quienes provocan las nuevas restricciones en áreas de Izabal y Alta Verapaz, para afianzarse en el poder. El Procurador aduce que no hay argumentos objetivos para decretar o ratificar la militarización.

De acuerdo con Carmen, las defensoras y los defensores de territorios en aquella región han cuestionado la decisión del ejecutivo y concluyen que existe una estrategia desarticuladora, impulsada por aquellos que han cooptado durante años, los bienes del país, “que se aprovechan de la dignidad de los pueblos”, comprando voluntades y fragmentando los tejidos sociales. “Por todo esto, seguimos gritando basta de militarización, aunque hacerlo nos represente ser criminalizados”, puntualiza.

Podés leer también: Mujeres entre el estado de sitio y la pandemia

Para las comunidades enteras, un estado de sitio supone miedos y hostigamiento. Para las mujeres representa, además, la obligación de servir a los uniformados. “Debemos evaluar cómo es la imagen de las mujeres ante ellos, mayormente las que viven en comunidades”, agrega. Según la entrevistada, la presencia de fuerzas armadas implica muchas veces el incremento del acoso y la violación sexual, también la privación de varios derechos, como el de la libre locomoción. “Muchas veces las mujeres prefieren no salir de sus casas para ver sus cultivos, ir por su maíz, su frijol o sus hierbas. Aguantan hambre y descuidan sus cosechas, entonces las que pierden en todo sentido son ellas”, explica.

Rodas ve con preocupación que las autoridades utilicen habitualmente el recurso del estado de sitio para gobernar demeritando las necesidades de la población, y expone que es necesario denunciar públicamente toda transgresión a los derechos humanos. “Los estados de sitio tendrían que decretarse en casos excepcionales. Hemos visto que no son una medida útil para la resolución de problemáticas, como el conflicto agrario”, aclara.

Paz a cambio de riqueza

La defensora sostiene que el crimen organizado del que hablan Giammatei y otros funcionarios, no es una realidad para los pueblos nativos. “Hace tiempo se han encontrado plantaciones de drogas, espacios donde caen aviones y pistas clandestinas, pero todo esto se encuentra dentro de las fincas de los patronos. El crimen organizado lo traen los mismos funcionarios, los gobiernos y las empresas que destruyen los territorios mientras hablan de desarrollo, pero no para el pueblo porque éste no recibe ni siquiera un salario digno. Ese es el malestar de nuestra gente”, detalla.

Debido al contexto de la pandemia las comunidades no se han podido reunir y organizar para plantear propuestas que mejoren sus condiciones de vida y promuevan la garantía de sus derechos constitucionales y como pueblos originarios, pero defensoras como Carmen, desde sus propias trincheras, siguen reclamando justicia. “Hay empresas que trabajan a nuestro alrededor sin consentimiento de las comunidades y barrios. Hay COCODES que se utilizan para engañar a la gente y que luego las empresas digan que en los territorios si se les quiere. Frente a todo esto exigimos que se escuchen nuestras voces. El gobierno no nos va a facilitar o beneficiar, siempre hay anomalías y manipulación en documentos de propiedad, entonces debemos seguir en la lucha”.

Carmen concluye que se necesitan líderes con dignidad y que estimulen el diálogo y la defensa de los territorios. “Muchas comunidades prefieren callar las injusticias por miedo. Lo más difícil es que desde los gobiernos nos quieren encerrados y callados, pero no lo haremos. Si los pueblos nos organizamos, vamos a resistir porque queremos vivir en paz”.

Te invitamos a visitar: LEYDEM: Un reconocimiento al trabajo de las mujeres

Pierde vigencia

El gobierno publicó en el diario oficial el decreto gubernativo número 13-2020 referente al estado de sitio en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz, el pasado domingo 19 de julio. Según la Constitución, el mismo debía ser ratificado en los siguientes tres días por el Congreso de la República, sin embargo, no se cumplió el plazo por lo que perdió vigencia desde el miércoles 22. Pese a esto, fiscales del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército, continuaron con los allanamientos y acciones represivas en este marco.

El sábado 25 de julio, se programó la décima Sesión Extraordinaria del organismo legislativo, en la que, por tercera y última vez, se pretendía conocer y aprobar el decreto antes mencionado, pero no fue avalado por falta de quórum. Para la aprobación del decreto eran necesarios 107 votos y en el hemiciclo habían alrededor de 60 diputados.

 

 

#EstadoDeSitio

#EstadoDeSitioIlegal

______________

*nombre ficticio por seguridad de la entrevistada.